El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha venido cayendo en las últimas encuestas publicadas, luego de estar puntero con cierta ventaja algunas semanas. Tiene un discurso populista y efectista, además de experiencia política, tras casi 20 años en el Congreso, pero ha desnudado sus debilidades y falta de propuestas viables para controlar la pandemia: por un lado, insiste en fabricar las vacunas en el Perú, pese a que expertos lo han desmentido, y por el otro, cree que el virus se cura a punta de ‘cañazo’.
Admitió además que su plan de gobierno está incompleto, mientras que las medidas que propone son de corte estatista (nacionalización de los minerales e hidrocarburos) e intervencionista (regulación de tasas de interés), además que implican un fuerte incremento del gasto público sin que haya estrategia clara de cómo generar ingresos para financiarla.
En recientes declaraciones, Lescano ha mostrado ciertas incongruencias, porque un lado dice que no tiene una base ideológica de izquierda o de derecha y que está a favor de la inversión, pero por el otro señala que quiere “desglobalizar” la economía, lo que implica no depender de la veintena de tratados de libre comercio que tiene Perú, los cuales serían revisados en un eventual gobierno suyo.
¿Quién es Yonhy Lescano?
- Abogado de 62 años, casado con Patricia Contador, chilena. Tienen tres hijos.
- Estudió en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.
- Fue congresista de Acción Popular (2001 – 2019), asesor en el Congreso (2020) y es profesor de la Universidad del Altiplano
- No tiene investigaciones en curso, pero fue denunciado por acoso sexual en 2019
Entorno relevante
A diferencia de otros candidatos, Lescano tiene un entorno reducido. Los dos primeros de este círculo son sus candidatos a la vicepresidencia: Luis Alberto Velarde y Gisella Tipe, ambos además candidatos al Congreso por Lima y Ayacucho, respectivamente. Sobre ambos también se han hecho cuestionamientos.
Luis Alberto Velarde. Abogado de profesión y candidato a la segunda vicepresidencia del país y al Congreso. Fue secretario general de AP. Fue directivo de una empresa del ‘club de la construcción’ y como tal fundó una ‘offshore’ en Panamá.
Gisela Tipe. Enfermera de profesión, candidata a la primera vicepresidencia y también al Congreso por Ayacucho. Hace poco protagonizó un escándalo porque fue intervenida por la Policía por violar el toque de queda. Se mostró prepotente frente a la autoridad.
Luis Oballe. Economista y jefe del plan de gobierno de Acción Popular. Fue asesor y funcionario del Ministerio de Trabajo. El propio Lescano primero dijo que sería su eventual ministro de Economía, pero luego afirmó que no lo tenía definido.
Juan Navarro. Abogado de profesión y jefe de campaña de Acción Popular. También fue funcionario del Ministerio de Trabajo y de la gestión del alcalde de Lima Jorge Muñoz. Es cercano a Alfredo Barnechea y postuló sin éxito en las elecciones complementarias del Congreso en 2020.
Luis Yovera. Presidente del consejo nacional del plan de gobierno de AP. Ve los temas anticorrupción del programa del partido.
Mesías de Guevara. Actual presidente AP y gobernador regional de Cajamarca. No tiene una participación activa en la campaña, pero representa la facción del partido que apoya la candidatura de Lescano.
Principales propuestas del plan de gobierno
- Ejecutar una política expansiva, con la ejecución de la cartera de proyectos de inversión pública de mayor impacto social, a fin de recuperar no solo la economía sino el empleo perdido, generando 5 millones de puestos de trabajo.
- Regular tasas de interés (BCRP) con criterios técnicos, tomando en cuenta de manera referencial las tasas de países con economías comparables al Perú.
- Fortalecer la SUNAT y darle mayores facultades para reducir la evasión tributaria. Generar una reforma tributaria que permita alcanzar una real justicia social en la redistribución de los recursos que administra el Estado. Asimismo, reducir la informalidad al 30% en los próximos 5 años.
- Reconstruir las reservas del Fondo de Estabilización Fiscal, y la Reserva Secundaria de Liquidez, estableciendo mecanismos financieros y tributarios que permitan ingresos justos y suficientes para recuperar los recursos fiscales y atender las necesidades del país.
- Constituir un Fondo Especial Revolvente que pueda sostener y hasta reemplazar temporalmente los ingresos que dejen de percibir los sectores vulnerables y así puedan sostener también la demanda en la economía, mientras ésta se recupera. Además, plantean otorgar crédito barato a las MYPES.
- Reformar los sistemas de pensiones; crear un nuevo Sistema de Pensiones que otorgue una Pensión Básica Universal (PBU) a todos los peruanos, que se financie con impuestos, sin perjuicio del ahorro individual.
- Crear contratos laborales estables de media jornada y/o estacionales; otorgar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años de edad.
- Implementar el control previo de fusiones, para garantizar verdaderamente la libre competencia y no permitir las prácticas monopólicas y sus excesos, tal como actualmente sucede en la venta de medicinas y otros productos esenciales.
- En materia educativa, se propone invertir el 10 % del PBI; adoptar estándares de calidad de países OECD; brindar becas completas a estudiantes, en todos los niveles, en función a la meritocracia; continuar fortaleciendo a los Colegios de Alto Rendimiento, y desarrollar las Universidades Públicas de Alto Rendimiento -sobre las actuales universidades que alcancen niveles educativos de calidad-.
- Promover una nueva constitución o, en su defecto, proponer cambios constitucionales específicos y mínimos que el país requiera.
- En la lucha contra la pandemia, proponen: asegurar la compra de la vacuna y la vacunación masiva, así como la provisión de oxígeno medicinal, la compra y realización de pruebas moleculares masivas, y la distribución gratuita de medicamentos esenciales para el tratamiento del Covid-19. Adicionalmente, plantean fortalecer centros médicos para seguir enfrentando el virus y rebrotes, y distribuir equipos de bioseguridad al personal de primera línea.
- Adoptar los estándares de la OECD para determinar los precios de medicamentos (promedios de los precios internacionales de países con economías comparables al Perú).
- Coordinar la distribución de medicinas a los domicilios de los pacientes -del SIS y EsSalud-. Asimismo, sistematizar los procesos logísticos y efectivizar el control del gasto para evitar la corrupción en los procesos de compras y de licitaciones para el abastecimiento de bienes y servicios en el sistema público de salud.
- Otorgar mayores recursos a los programas Juntos y Qali Warma, y dotar a las postas de recursos para que suministren paquetes de alimentos a los niños que atiendan.
- Priorizar la instalación de agua y desagüe; cálculo técnico de las tarifas pagadas por las grandes empresas que hacen consumo intensivo del agua; tarifas competitivas en los servicios de agua potable, electricidad, telecomunicaciones, gas y transportes.
Análisis de declaraciones y propuestas
- “Yo introduciría que la Sunedu también establezca la posibilidad de ver si los padres de familia y los jóvenes están pagando, en el caso de la educación privada, montos que corresponden a lo que se está cobrando porque yo creo que es una materia no resuelta.”
Propuestas populistas: El candidato ha señalado en múltiples ocasiones que busca controlar distintos precios de la economía: medicamentos, tarifas de colegios privados, tasas de interés bancarias, oxígeno, agua, luz, entre otros. Frente a los cuestionamientos técnicos declaró que “esta teoría no digiere con nada”; sin embargo, existe abundante evidencia económica de que los controles de precios no funcionan. Esta medida, al imponer un valor por debajo de lo que es rentable para el productor ofrecer, produce desabastecimiento, exclusión financiera y mercados negros.
- “La constitución del 93 sólo ha servido para favorecer a un pequeño grupo de transnacionales y poderosos económicamente. Mantiene en pobreza y pobreza extrema a la gran mayoría de los peruanos.”
Afirmación falsa: El candidato no sólo propone un Estado más grande, sino que además ha afirmado una mentira: que el modelo económico plasmado en la Constitución del 93 no ha reducido la pobreza. Esta postura contradice directamente las mediciones del INEI, que muestran que en el periodo 1993-2019 se redujo la pobreza de 54% a 20%, y la pobreza extrema de 24% a 3%. Y no solo se redujo a nivel nacional, sino que su efecto fue inclusivo y descentralizado: la pobreza extrema de la sierra se redujo 5 veces (de 32% a 7%), y en la selva 6 veces (de 24% a 4%) en el periodo 2004-2019; también la pobreza extrema rural cayó 4 veces (de 49% a 12%).
- “Hemos estado dependiendo en varios aspectos de otros países, no tenemos tecnología suficiente para darle valor agregado a las materias primas y por tanto mayores ganancias a los micros y pequeños empresarios, a los agricultores y a otros emprendedores. Por lo que ahora se tiene que desglobalizar la economía en el Perú, priorizando y fortaleciendo el aparato productivo nacional en todo sentido.”
Contradicción: El candidato ha mencionado que buscará, en aras de la “desglobalización” del Perú, la revisión de todos los tratados internacionales “los cuales podrían ser evaluados para ver si hay una falta de equidad y sentarse a conversar”. Esto sin embargo se contradice con reiteradas declaraciones a favor de la defensa de los derechos del consumidor, diciendo que buscará defenderlo “de los monopolios u oligopolios perjudiciales para la libre competencia en el mercado”.
En los últimos 30 años, gracias a los tratados internacionales, las importaciones pasaron del 16 al 23% del PBI, y las exportaciones del 13 al 24% del PBI, lo que han beneficiado enormemente al consumidor. Estos tratados permiten comprar productos de calidad mundial a través de la apertura hacia las importaciones, en vez de promover monopolios que protejan a las empresas nacionales a costa del consumidor.
- “El estado tiene que tener un tamaño que permita estar en todos los lugares. Los que quieren disminuir el tamaño del estado quieren hacer del Perú su chacra.”
Diagnóstico equivocado: El candidato propone aumentar el tamaño del estado confundiendo fortaleza del estado con tamaño. Es verdad que el estado peruano es débil, lo que se traduce en un deterioro del estado de derecho, cumplimiento de la ley y aumento de la corrupción: el Perú cayó 20 puestos a nivel mundial en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial.
Sin embargo, el estado peruano ya es grande: incluyendo empresas públicas alcanzamos el 31% del PBI. Y es que no existe una contradicción entre un estado pequeño y un estado vigilante y regulador. Los grupos de interés —que son más bien los que quieren hacer del Perú su chacra—, son los más interesados en tener un Estado grande, con varias capas de burocracia, porque de esa manera puede comprar el favor de quienes ejercen el poder para su propio beneficio.