Ántero Flores-Aráoz, el flamante jefe de gabinete del gobierno de transición de Manuel Merino, se estrenó este miércoles en el cargo con unas declaraciones controversiales: dijo que las universidades con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) deben tener una “segunda oportunidad”.
¿Debió pronunciarse sobre este tema? No, porque no solo es de público conocimiento que Flores-Aráoz es uno de los críticos de la reforma universitaria, sino que además su estudio de abogados tiene o tuvo como cliente al excongresista José Luna Gálvez, dueño de Telesup, que es una de las 47 universidades con licencia denegada, al no lograr cumplir con las condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, aprobada en el 2014.
El nuevo premier sostuvo que las universidades públicas y privadas deben tener las mismas “oportunidades”. “Pero no es asunto para hoy. Es mi opinión, no haré nada sobre el particular. Tiene que haber igualdad entre privadas y públicas”, agregó.
¿Es posible esa “segunda oportunidad”?
La Ley Universitaria estableció un mismo proceso de licenciamiento para las universidades, públicas y privadas, es decir, todas fueron evaluadas bajos los mismos criterios y exigencias, que implica que cuenten con infraestructura, equipos y docentes suficientes para garantizar una educación de calidad. En todos los casos se fijó un plan de implementación progresiva de dos años para que lo hagan.
La diferencia está en que, en octubre del 2019, el gobierno, a través de un decreto del Ministerio de Educación, aprobó un Plan de Emergencia que permite a las universidades públicas con licencia denegada por la Sunedu, tener 12 meses de plazo adicional para cumplir las condiciones básicas de calidad.
Pero al margen de si Flores- Aráoz debió o no hablar sobre este tema en un momento de tensión política y social, lo cierto es que la misma Sunedu se pronunció respecto a la posibilidad de ampliar el plazo para que las universidades con licencia denegada vuelven a presentar el proceso que les permita seguir funcionando.
Primero lo hizo Diana Milla, vocera de la superintendencia, en noviembre de 2019, cuando dijo en RPP que “todas las universidades con licencia denegada —incluyendo las públicas y privadas—, cuando se evalúe el tema de la moratoria de la creación de nuevas universidades, tendrán la oportunidad de presentar un nuevo licenciamiento cumpliendo con las condiciones que se requieren”.
Luego se refirió al tema el propio jefe interino de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, quien precisó en mayo pasado, ante la Comisión de Educación del Congreso, que se alista una norma para que las universidades con licencia denegada tengan hasta tres años (ya no dos años) para cumplir con sus obligaciones, debido a la emergencia ocasionada por la pandemia de la Covid-19 en todo el país. Los criterios y exigencias serán los mismos, la diferencia está en el tiempo para que cumplan con los requisitos de la ley.
En el caso de las universidades públicas ya se estableció el procedimiento, a través del decreto que mencionamos líneas arriba, por lo que solo quedaría fijar las condiciones en que lo harán las privadas, con lo que cancha se emparejaría para unas y otras.
Todas las universidades peruanas sabían desde el 2014 que debían adecuarse a la ley, y en el 2015 se aprobó el modelo de licenciamiento y se fijó un cronograma. De total de 141 universidades y cuatro escuelas de posgrado que presentaron su solicitud, a la fecha, son 93 las que tienen licencia aprobada, 45 con licencia denegada y siete tienen el proceso detenido a raíz de la emergencia nacional por el coronavirus.
El problema está ahora en que el Congreso no agenda el dictamen que amplía la prohibición para la creación de nuevas universidades en el país. Por el contrario, la Comisión de Educación se apresta a debatir cinco proyectos de ley que buscan crear nuevas universidades públicas en distintas regiones.