El 13 de abril, en declaraciones que tomó la agencia de noticia Reuters, Pedro Castillo dijo lo siguiente: “Esta es una competencia entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, y veo también una la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo”. O sea… para el candidato de Perú Libre, en esta segunda vuelta trata de hacernos creer que son los ricos, o las personas que han logrado cierta estabilidad económica los causantes de la situación de las personas menos favorecidas.
También, como parte de su estrategia, trata de mostrarse como aquel que repartirá justicia social y llevará riqueza a las personas a través de más programas sociales. Páginas ligadas a su ideario, que no son las oficiales, pero sí lo promocionan en las redes sociales, indican que se aumentará planes de ayuda para entregar bonos y así dejen de trabajar, cumplir sus sueños de ser propietarios al tener la casa propia entregada por el Estado… ¿cómo la ven?
Por último, ofrecen hacer al Estado más grande de lo que es actualmente. Eso deberíamos verlo más como un peligro en vez de una propuesta para mejorar nuestro bienestar. Mientras más grande sea el Estado y más responsabilidades tenga, será una mayor carga por mantener para sus ciudadanos; restándoles recursos que podrían destinar a cubrir necesidades propias. No es que el Estado te cuide, tú cuidas y mantienes al Estado con los recursos que le entregas a través de impuestos o tasas.
Recordemos que no es el Estado el que produce la riqueza. Son las empresas privadas (nacionales y extranjeras) y los ciudadanos los que la generan. Una parte de esa riqueza la recauda el Estado y reasigna los recursos hacia aquellas personas que, por diferentes razones, no tuvieron el entorno, la información y los recursos necesarios para salir adelante. Pero dejemos el floro y pasemos a explicar cada una de estas posiciones.
Quitarles riqueza a los ricos
¿Quiénes son los ricos? Normalmente, los empresarios (aunque políticos también). Y sobre todo aquellos que apuestan en grande por el país. A ver… no son santos. Muchas veces son empresarios que se coluden con el poder político para obtener ventajas. Empresarios clientelistas que se les llama. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Grandes empresas toman el riesgo de traer sus capitales para invertir y obtener utilidades después que han pagado todas sus obligaciones, tanto laborales como tributarias.
Pero el discurso de Pedro Castillo es el de cambiar las reglas de juego. Básicamente nacionalizar empresas que consideran “estratégicas” y la de cambiar la proporción de pago de impuestos. Si las empresas no están de acuerdo, que se vayan. Se les pagará lo que corresponde y lo que dejen lo administrarán otras empresas o los Gobiernos Regionales (GORE). Así, podrán administrar presupuestos del orden de los S/4,000 millones y no la pobre suma de S/250 millones que reciben, en promedio, actualmente. ¡Así lo dicen en su Plan de Gobierno! Con ello podrían, ahora sí, cubrir necesidades de saneamiento, salud, educación, aumentar gasto en programas sociales. Hoy no pueden, porque “nos les alcanza”.
El problema con esa posición es que barata no nos va a salir. Miremos la Tabla N°1. Solo en el proyecto de gas de Camisea, se han invertido más de US$13,000 millones. En otros ocho importantes proyectos mineros se invirtió una cifra casi parecida, más de US$12,500 millones. O sea, los amigos de Perú Libre quieren nacionalizar las empresas para que los GORE las administren y que el Estado les pague, solo por estos proyectos, más de US$25,000 millones… más del 10% de todo lo que produjimos en el 2019. Y así desean darle el 10% del PBI a educación y salud. ¡Son gente brillante! ¡Unos capos!
Obviamente, con la posibilidad de que un plan de este tipo se dé en el país, los proyectos en cartera, así como los que están por definirse, se irían a dormir unos cuantos años más, dado que no hay manera que alguien arriesgue su plata para empezar a construir si no sabe qué pasará. Total… ¿qué son unos US$56,158 millones de inversión, no?
Irónicamente, en este contexto, ¿saben quiénes podrían estar más contentas que perro con dos colas? Las mismas empresas que terminaron sus proyectos. ¿Por qué? Cuando una empresa decide invertir los montos que muestra la tabla N°1, tienen planes de recuperarlo en un horizonte de tiempo. Calculan flujos futuros en base a su posible venta, a reducciones de costos que pueden implementar, pero sobre todo a la legislación (en lo laboral y tributario) que encontraron y por la que se decidieron firmar contratos.
Si el gobierno desea cambiar las reglas de juego, tienen la posibilidad de reclamar e irse a las cortes (nacionales o del extranjero, como el CIADI) que crean convenientes solicitando la devolución del íntegro de su inversión. Es decir, lo que ganarían en un horizonte de años, con el maravilloso plan de Perú Libre, las empresas recuperarían su inversión de inmediato, nada de flujos futuros, pago de impuestos, sueldos, fiscalizaciones futuras, etc. Su dinero contante y sonante entregado en un solo año.
“Ustedes los de Piensa.pe, vendidos al capital extranjero. Esas cortes en el CIADI siempre han ido en contra del país y han servido a los intereses de las transnacionales. Les hemos pagado cientos de millones de dólares a empresas corruptas por órdenes de esas cortes”. Ay… ¿Quién te ha engañado de esa manera criatura del señor?
Miren, el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y pertenece al Banco Mundial. En sencillo, de 17 arbitrajes que el Perú ha enfrentado, en 14 no recibió condenas. Según Pablo Mori, abogado especialista en arbitraje, en un artículo para Gestión, sostiene que el Perú en los tres casos que no ganó tuvo que pagar solo un 7% de lo que los demandantes (las empresas) solicitaban. Además, el Perú ha recibido más del doble de los montos que ha tenido que pagar. No te dejes que te floreen.
Así que a esta primera estrategia no hay que hacerle mucho caso. Más beneficiará a las empresas que a los ciudadanos que mantenemos al Estado que Pedro Castillo desea administrar. Ahora pasemos a la segunda estrategia.
Los programas sociales
Los programas sociales en Perú han sido claves para disminuir la pobreza y sobre todo la desnutrición. Un programa social muy conocido y valorado por los ciudadanos fue el Vaso de Leche que se creó en 1984 por el alcalde de Lima de ese entonces, Alfonso Barrantes. De tendencia socialista, implementó este programa con la intención de crear comedores populares para reducir el hambre, sobre todo, en los chibolos que sufrían la debacle económica del primer gobierno de Alan García.
Luego, en los años 90, los programas sociales continuaron, pero se usaron políticamente. Es decir, se brindaba ayuda a la población necesitada, pero se le pedía que apoyen al gobierno de Alberto Fujimori mediante votos. Otra manera de aumentar ese apoyo, a través de los programas sociales, eran permitir la entrada de personas que no requerían de esas ayudas; es decir, se dañaba la focalización que todo programa social debe tener (a menos que el programa social sea universal), lo cual traía subcobertura (a las personas realmente necesitadas, no les llegaba la ayuda).
Después, en la década del 2000, se hicieron ajustes. Se manejó el tema de forma técnica y se crearon nuevas instituciones estatales para manejar centralizadamente los programas sociales. Se crearon nuevos programas para enfrentar la pobreza rural en la sierra, se reestructuraron otros y también algunos se desactivaron como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA. Esa decisión la tomó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en el 2012, cuando tenía pocos meses de creado. Si vemos la gráfica N°1, veremos los programas sociales actuales más importantes.
Durante el período 2012 al 2019, la inversión que efectuó el Estado a estos cinco programas sociales ascendió a S/30.3 mil millones. Pensión 65 que brinda S/250 de forma bimensual a adultos mayores a los 65 años llegó a tener 561.3 mil usuarios. Cuna Más, el cual tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niños menores a los 3 años, llegó a atender 59,378 niños y niñas y acompañó a más de 110 mil familias. En el caso de Qali Warma, el servicio alimentario en todas las instituciones educativas públicas, llegó a atender a 3.7 millones de estudiantes.
En el caso de Juntos, se entrega S/200 en efectivo, también de forma bimensual, a madres de familia solo si se cumplen los compromisos de llevar a sus niñas o niños a controles de salud. Este programa benefició a más de 678 mil hogares. Por último, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), que realiza proyectos de desarrollo productivo y de infraestructura económica y social a población en situación de pobreza y extrema pobreza, benefició a 40 mil hogares y más de 135 mil pymes.
¿Por qué lo anterior es relevante? Porque, como dijimos líneas arriba, los programas sociales deben manejarse de forma técnica y alejados de la influencia política. Para ejecutarlos, se realizan procedimientos de afiliación y verificación. El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que administra el Padrón General de Hogares (PGH), donde se usa para el programa Juntos y Pensión 65, es permanentemente auditado para estar seguro que los beneficiados son los que realmente requieren la ayuda. Por tal razón, los programas se vienen ejecutando de manera eficiente. Veamos la gráfica N°2 con el promedio de ejecución de sus presupuestos.
Si los programas sociales no se ejecutan como te lo hemos contado, puede suceder como el caso venezolano. Este país, el más rico de Latinoamérica a inicios de la década del 2000 y que estuvo gobernado por Hugo Chávez, llegó a implementar 37 programas sociales, también llamadas misiones, en lo que respecta a educación, alimentación, salud, vivienda y muchos otros más. Según Transparencia Venezuela, fue una política de Estado dar estas ayudas, las cuales llegaron a manejar presupuestos, en 16 años, por US$131 mil millones. Sí, leíste bien. Una cifra inmensa, equivalente a casi 60% de nuestro PBI del 2020.
Sin embargo, las políticas asistencialistas, no ayudaron a mejorar los indicadores sociales. Es más, la pobreza es generalizada en la población y para que las personas accedan a ayudas estatales hoy en día, el requisito es tener el Carné de la Patria, carné que el gobierno solo entrega a sus allegados. Este mal manejo de programas asistenciales, también derivó en que se cree mayor burocracia en el Estado y la cultura clientelista, donde se beneficia a algunos y a otros se les impide el acceso.
Hacer un Estado más presente
Lo que menos ha faltado y lo que siempre hemos cargado, en las últimas décadas, es al mismo Estado peruano. Si para inicios de la década de 1990, según el gráfico N°3, el Estado gastaba el 13.9% del PBI, en el 2019, gastaba el 20%. Es decir, el sector público se incrementó en un 44%, pero la pregunta es… ¿mejoraron los servicios públicos?
Según información del BCRP, desde el 2003, el promedio de gasto en inversión pública (que es el gasto en capital) es de solo 23.6%. En cambio, el gasto corriente (remuneraciones, bienes y servicios, y transferencias) fue de un 76.4% en promedio. De este último total, las remuneraciones en el aparato público se llevan el 38%; o sea, el 50% del gasto corriente se va en sueldos. ¡Yo también quiero! Al 2019, los ciudadanos mantienen a poco más de 1.45 millones de servidores públicos según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Estamos seguros que una gran parte es necesaria; pero el tema es que el Estado se ha hecho presente desde hace años, pero, ¿para cuándo la mejora en los servicios?
Y, ¿por qué se ha hecho más presente el Estado? Porque gracias al crecimiento económico, este recaudó más recursos para poder invertir y gastar (se supone). Miremos la gráfica N°4, que muestra cómo los recursos tuvieron una tendencia alcista los últimos 30 años. Solo en el 2019, el Estado General (es decir, el gobierno central, los gobiernos regionales y todas las municipalidades) recaudó S/152 mil millones, S/64 mil millones más a lo que recaudó en el 2010. ¡Plata como cancha!
¿Queremos salir de esta paralización, atraso económico? La respuesta es sí. Pero no quitándole a algunos que ya lograron estabilidad y que apostaron por el país. Tampoco queremos que lo que viene funcionando bien en el Estado como el manejo técnico (aunque con algunos errores cuando se inició la pandemia) de los programas sociales se vea alterado. Ya sabemos, por el caso venezolano, qué sucede cuando la política entra en las ayudas estatales. La gente desea cambios, los demanda. Pero ese cambio, como hemos visto, debe pasar por reformar el Estado, el actor que no ha hecho bien su rol de reasignar recursos de forma eficiente y transparente a los ciudadanos más vulnerables.