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Las faltas de Bellido, Bermejo y Boluarte por promover el cambio de Constitución

Publicado: 27/09/2021
8 minutos

Usan sus cargos, su tiempo como funcionarios públicos y el dinero del Estado para sus apetitos políticos en lugar de atender los problemas del país. Estarían incurriendo no solo en infracción constitucional, también en peculado de uso y malversación de fondos, según expertos.

Una nueva Constitución Política se ha convertido en el fin supremo de Perú Libre y sus representantes en el Ejecutivo y en el Congreso. Para ello, han iniciado una campaña de recolección de firmas para la convocatoria de un referéndum que permita la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna. Sus principales promotores son el congresista oficialista Guillermo Bermejo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y la primera vicepresidenta Dina Boluarte.

Si bien se trata de una promesa del partido de gobierno, ¿qué dice nuestra legislación sobre los funcionarios públicos -que incluye a congresistas, ministros y al propio presidente de la República- y sus participaciones en faenas proselitistas?

La Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815) establece que un servidor público “debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”. Es decir, los congresistas y los ministros deben ser neutrales durante el ejercicio de sus cargos.

La misma norma precisa que los empleados públicos están prohibidos de realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o de los bienes y recursos del Estado. De incurrir en estas acciones, según el artículo 9 del reglamento de dicha ley, pueden recibir amonestaciones, suspensiones, multas de hasta 12 UIT e incluso la destitución o despido.

En ese sentido, los especialistas consultados por Piensa.pe consideran que Bermejo, Bellido y Boluarte podrían haber cometido, al menos, una infracción constitucional en términos éticos y legales como peculado de uso y malversación de fondos. También advierten vacíos legales que podrían favorecer la impunidad.

BERMEJO: EL CONGRESISTA VIAJERO

Desde el 26 de agosto, cuando Guillermo Bermejo estampó su rúbrica en el planillón con el que oficializó la recolección de firmas para el cambio de la Constitución, el congresista de Perú Libre ha viajado a seis regiones diferentes en claro proselitismo político. Tanto en Puno, Huánuco, Huancavelica, Lima Provincias, Lambayeque y La Libertad, Bermejo alentó a la población a acabar con la Constitución del 93, pero con falacias.

A diferencia de sus primeras visitas, donde alardeaba del apoyo de la gente en sus redes sociales, en sus últimas publicaciones Bermejo ya no hace alusión al acopio de firmas. ¿Por qué será? ¿Se habrá dado cuenta que en su calidad de funcionario público y padre de la patria no está facultado para hacer proselitismo durante su horario de trabajo?

De acuerdo a la ley congresal, los parlamentarios que violen la neutralidad política serán investigados por la Comisión de Ética y recibirán sanciones administrativas por hasta 120 días de suspensión en sus labores. No obstante, de hallarse un solo indicio de gasto ilícito en su rendición de cuentas, la comisión deberá emitir un oficio al Ministerio Público para que evalué si hay delito o no. En otras palabras, Bermejo y los agitadores de Perú Libre están en la cuerda floja.

“Definitivamente es ilegal y antiético que el señor Bermejo aproveche su cargo de congresista no para fiscalizar a nivel nacional a cualquier entidad pública y privada como parte de sus funciones, sino para apoyar una iniciativa de reforma [constitucional] propuesta por un partido político”, sentencia el abogado constitucionalista Franco García.

Por su lado, el exsecretario de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones Alejandro Rospigliosi hace notar que Bermejo estaría incurriendo en el delito de peculado. “Los congresistas no pueden usar el patrimonio del Estado, como los vehículos, las oficinas, el personal en horario de oficina para juntar firmas. Cuando tú usas los bienes del Estado para un objetivo personal o partidario cometes peculado de uso”.

Acto seguido Rospigliosi insiste en la ilegalidad de las actividades del congresista cocalero: “Ahora, yo preguntaría: ¿quién les paga el pasaje de avión? Si lo están haciendo con su bolsillo está bien, pero si viajan con el dinero del Congreso o piden una licencia con goce de haber para ir a hacer una campaña partidaria sería algo ilegal”.

BELLIDO: EL PREMIER QUE HACE CAMPAÑA EN QUECHUA

La recolección de firmas de Perú Libre comenzó mientras el Pleno del Congreso discutía si le otorgaba o no el voto de confianza al primer ministro Guido Bellido. En aquella oportunidad, Bellido no hizo mención a la iniciativa de su organización política ni a la posibilidad de impulsar un referéndum desde el Ejecutivo. Sin embargo, según Perú21, el 17 de septiembre Bellido aprovechó una visita oficial a las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac) para pedirles que firmen los planillones a favor de la nueva Constitución.

“Queridos hermanos, ya se está viniendo la nueva Constitución y nuestros hermanos están haciendo firmar (los planillones). Tenemos que firmar, aunque los otros no están queriendo esta nueva Constitución”, dijo en quechua el presidente del Consejo de Ministros.

Pese a que la Ley del Código de Ética de la Función Pública es aplicable a todos los servidores, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, considera que “esta ley está más pensada para cuando el infractor es un funcionario de segundo nivel y no para los altos mandos [como los ministros]. Ahí es donde están los vacíos legales. ¿Quién sanciona a quién? ¿El presidente a los ministros?».

«Hay que tomar en cuenta que todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación política y a pedir un referéndum, pero los funcionarios públicos deberán hacerlo fuera de su horario de trabajo, sin utilizar sus cargos y los recursos del Estado. Es una línea muy delgada que se puede cruzar», advierte Villalobos.

BOLUARTE: LA MINISTRA QUE APROVECHA SUS AUDIENCIAS

El 13 de septiembre la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, visitó Cañete con el objetivo de supervisar el pago del bono Yanapay Perú. Durante su estadía, Boluarte declaró a la prensa y admitió que está apoyando la iniciativa de Perú Libre.

“Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasa por un cambio de la Constitución. Estamos trabajando en ello y recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente”, dijo.

¿Vamos a tolerar que la primera vicepresidenta de la República, quien debería ocupar su tiempo en velar por los derechos de todos los peruanos, apoye públicamente un proyecto de su partido político?

Para analizar el tema, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi apela al artículo 31 de la Constitución que faculta la participación ciudadana y garantiza el respeto al principio de neutralidad política. “Juntar firmas es un tema de participación ciudadana, como son los militantes de un partido político. Los ministros no pueden estar recolectando firmas o promoviendo que se haga. Si lo hacen podrían ser denunciados por infracción a la Constitución”, agrega.

En ese sentido, el abogado constitucionalista Franco García sostiene que ser un servidor público no merma el derecho de opinión. Pero los límites entre opinar y hacer proselitismo son muy estrechos.

“Hasta donde conocemos, ellos [el Ejecutivo] no han solicitado ninguna iniciativa de reforma constitucional. Tanto el presidente como la vicepresidenta y el presidente del Consejo de Ministros no pueden hacer campaña para algo que ellos no han iniciado [dentro de sus facultades]. Eso es incorrecto”, explica.

García remarca el peligro que las autoridades se valgan del alcance de sus audiencias para sus propios fines. “No se puede permitir una campaña ni un convencimiento aprovechando el cargo y las audiencias que tiene por su propia investidura. Eso es lo que está prohibido y es ilegitimo”, dijo.

Pese a los vacíos legales, los expertos coinciden que no se trata de crear más normas y sanciones sino de conocer y aplicar los mecanismos existentes. En esa línea, el abogado Alejandro Rospigliosi cuestiona al Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público “por no velar por el respeto al artículo 31 de la Constitución sobre el principio de neutralidad”.

La bancada oficialista podría buscar su ansiada reforma constitucional sin necesidad de recolectar firmas. Existen dos formas legales: la aprobación de un proyecto de ley con 66 votos más un referéndum o 87 votos en dos legislaturas consecutivas.

“Perú Libre tiene 37 votos, más [los votos de] sus aliados de Somos Perú y Partido Morado y algunos más no llegan a los 66 votos que requieren. Por eso es que no va a prosperar su proyecto de reforma constitucional. Ellos lo saben. Entonces, ¿por qué hacen esto [de recolectar firmas]? Porque están buscando distraer a la opinión pública”, finaliza Rospigliosi.

Pronunciamiento. El 24 de septiembre la Contraloría General emitió un comunicado para recordar el deber de la neutralidad de funcionarios y servidores públicos.

Dato. Según Epicentro TV, el kit que están usando para el acopio de rúbricas es el que compró el congresista Jaime Quito, el número 041. No están recogiendo las firmas con el kit 040, que es el compró Quito con el premier Guido Bellido, porque les advirtieron que él podía tener una incompatibilidad legal con su cargo de primer ministro.

Periodista de investigación.