Si así como crea problemas para el país, los solucionara, el cuestionado premier Guido Bellido quizá fuera menos resistido. Pero lo suyo es la confrontación y agudizar las contradicciones, no el consenso, como ha quedado en evidenciado en su natal provincia de Chumbivilcas, Cusco, donde ha fracasado la mesa de diálogo promovida por el jefe de gabinete, que llegó hasta allá montando-literalmente- un show el 2 de agosto pasado, tres días después de jurar como primer ministro. Aquella vez habló en quechua y consiguió una tregua para resolver las demandas de las comunidades aledañas al proyecto minero Las Bambas, que opera la empresa china MMG.
Casi dos meses después, Bellido no ha sido capaz de convencer a sus paisanos a deponer su medida de fuerza: el corredor minero está bloqueado hace 20 días, mientras que la empresa anunció que se verá obligada a paralizar sus operaciones por esta situación. Si el Ejecutivo no soluciona este conflicto social, la actividad minera en todo el sur se verá muy afectada, en un contexto de alza de los precios de los minerales en el mercado internacional, sobre todo del cobre. Las Bambas MMG es uno de los mayores productores de este metal en el Perú.
El corredor vial en mención tiene cerca de 500 kilómetros. Por ahí se saca en camiones el mineral de Las Bambas y de otras minas de Apurímac y Cusco hasta la estación de Pillones del ferrocarril del sur. Hay varios tramos nuevos pero muchos otros, la mayoría, sin asfaltar. Este corredor fue categorizado como ‘vía nacional’, por lo que el Estado es el responsable de su mantenimiento.
Hace cinco años, durante el gobierno de PPK, el Ejecutivo prometió el asfaltado de todos los tramos del corredor del sur. MMG se comprometió a financiar los estudios de inversión para la obra, y cumplió, por lo que ahora espera que el gobierno nacional haga lo propio. Esto es clave para bajar la conflictividad social, porque las comunidades cercadas a la vía se quejan de que los camiones que pasan por ahí provocan mucho polvo y bulla.
¿Qué exigen las comunidades campesinas? Entre las principales demandas están precisamente que se derogue la Resolución Ministerial 372-2018 MTC que categoriza el corredor como ‘vía nacional’, considerar a las comunidades como parte de la zona directa de influencia ambiental de Las Bambas, ser indemnizados por afectaciones sufridas hasta ahora; y aumentar su papel de proveedores de servicios y productos a la mina.
El kit del asunto está en esa norma. Algunos dirigentes de las comunidades creen que si de deroga esa resolución del MTC podrían cobrar peajes o servidumbres de paso informales. En estas zonas del país, las comunidades campesinas pesan más que las autoridades locales. Solo en Chumbivilcas hay 79 comunidades, de estas 18 son aledañas al corredor.
¿Los más afectados? Los ciudadanos de pie, o el «pueblo» que este gobierno de Perú Libre dice representar. Por ello ya el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, exigió a Bellido que cumple con resolver el conflicto en el corredor minero, porque se está afectando la economía de toda su región. Lo hizo a través de un oficio remitido al despacho del premier en Lima, que por estos días anda más preocupado en amenazar al consorcio de Camisea con nacionalizarlo si no negocia bajo sus condiciones.
“Si no hay ventas del mineral, no se reciben las regalías contractuales, cuya pérdida para nuestra región representaría aproximadamente tres millones de soles, hecho que perjudica la atención de prioridades sociales de nuestra población”, señala el gobernador de Apurímac en el oficial remitido a Bellido.
En agosto, desde el Frente de Defensa de Chumbivilcas acusaron a Bellido de tener poco interés en solucionar el conflicto, porque recurrió al argumento de la «instigación. El premier había dicho que se identificó a algunos abogados y azuzadores que motivan la protesta, pero lo cierto es que no cumplió su palabra de instalar la mesa de diálogo a tiempo.
Ahora la PCM dijo en un comunicado que “buscará una solución» con la minera, «que permita restablecer la paz en la zona de las comunidades campesinas del Corredor Vial del Sur”. Ya hubo un primer acercamiento con la minera, que está dispuesta al diálogo, pero advirtió que pronto tendrá que paralizar sus operaciones “completamente” si el conflicto en el corredor no se soluciona.
En su pronunciamiento, la PCM señaló que la eventual solución se daría «en el marco de la rentabilidad social que forma parte de la nueva política que promueve el Gobierno nacional”. “Si un proyecto minero no tiene rentabilidad social simplemente no va”, dijo el presidente Pedro Castillo en su primer mensaje a la Nación.
¿Cómo se come eso? Es el nuevo modelo de promoción de inversión de proyectos de minería o hidrocarburos que pretende establecer en el Perú, y bajo el cual el gobierno intentará promover la participación del Estado como socio mayoritario en los proyectos de minería e hidrocarburos. Según Castillo, “todo proyecto debe contribuir a dinamizar la economía local, regional y nacional, a incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante y mejore las condiciones y salarios”.
Pero acá hay un detalle: por definición, una actividad económica es considerada como socialmente rentable cuando provea más beneficios que pérdidas a la sociedad, después que se ejecute y se ponga en marcha, al margen de si es rentable a nivel económico para quien promueva esa actividad. O sea, se contrapone al concepto de rentabilidad económica, que le concierne solo al promotor, por lo que un proyecto puede no ser rentable económicamente pero sí puede serlo socialmente.