Un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) publicado en Gestión reveló que los 20 distritos del Perú que concentran los mayores recursos de canon asignados para proyectos van peor que un caracol. Los proyectos que han ejecutado los distritos “más ricos” del país solo han implicado un gasto de S/989 millones. Les resta invertir, en poco menos de 45 días, la bicoca suma de S/1,279 millones. Es decir, guardan en los bancos el 56% de sus recursos.
Esto es otra muestra más de que las autoridades son muy irresponsables a la hora del manejo de los recursos. No solo no saben gestionarlos, sino que las burocracias que las componen no tienen idea de cómo diseñar e implementar políticas y asignar recursos para dar un mayor bienestar a sus ciudadanos. Aquí te habías contado que S/26,000 millones no han sido invertidos por nuestras autoridades, a nivel nacional, en este 2021.
Siempre hemos sentido tranquilidad de que el manejo macroeconómico sea uno de los mejores a nivel de Latinoamérica y quizá también en el mundo. Un ambiente macroeconómico estable permite, por un lado, que los ciudadanos puedan emprender y desarrollarse (una moneda estable permite ahorrar e invertir). Por otro, que los recursos dentro del rubro de gasto público sean asignados de manera eficiente, eficaz y con parámetros de calidad.
Miremos la Tabla N°1. Se muestran los 20 distritos que el CPC analizó, su presupuesto asignado, su ejecución, la población aproximada del distrito y la ubicación que tiene este dentro del ranking de pobreza monetaria. Lo primero que resalta es que no distritos pobres, dado que el INEI los clasifica en una posición de casi media tabla para arriba. El que menor puntaje tiene es el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac.
Sin embargo, los departamentos a los que pertenecen sí poseen una gran cantidad de zonas que no pueden cubrir la canasta básica familiar. Veamos Áncash y Cajamarca. El departamento de Áncash posee 48 distritos que están dentro de los 500 distritos más pobres del Perú. En el caso de Cajamarca, es de 108 y en este departamento se ubican siete de los 10 distritos más pobres del país.
Solo esos dos departamentos concentran el 53% de los S/1,250 millones en recursos públicos pendientes o que están guardados en los bancos. Casi 680 mil personas afectadas por la irresponsabilidad de sus autoridades que no saben planificar y que lo altamente probable es que la mitad de su presupuesto revierta al tesoro público a fines de año.
Uno puede ignorar o desconocer muchas cosas. Eso no es malo. Lo malo es quedares en esa ignorancia y no pedir ayuda al que sabe, al que conoce, al experto, asesorarse de forma adecuada. Pedir apoyo a las empresas privadas o a las universidades públicas y/o privadas para generar planes de desarrollo no está en el radar de esas autoridades. Parece que no tienen sentido de urgencia y creen que los ciudadanos, en esos distritos, ya disponen de todos los servicios básicos, como 24 horas ininterrumpidas de agua, cobertura de saneamiento al 100%, postas de salud bien equipas y con personal capacitado y colegios en perfecto estado, con la infraestructura adecuada para que niñas y niños retornen seguros a recibir clases presenciales. ¡Increíble!
Otro punto que resalta el informe de la CPC y que nosotros también te lo contamos es que donde más se invirtió los recursos ya ejecutados (y por gran diferencia) es en el sector transportes. El 28% se destinó a proyectos de infraestructura de carreteras y caminos. Esta infraestructura es importante, nadie lo duda. Una buena infraestructura permite llevar mercancías a distintos puntos y permite sacar productos locales a otros mercados. Sin embargo, en la realidad peruana, es el sector más comprometido con denuncias de corrupción.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que, por corrupción e inconducta funcional al momento de la ejecución presupuestal en los sectores de Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación, solo en el 2019, se perdieron más de S/23 mil millones de soles. Claro pues, en el sector transportes es muy fácil que se dé la coima. Pueden dar el servicio (la carretera), pero en los gastos generales y en los insumos para construirlas están los negociados acostumbrados.
El Ejecutivo, en vez de extraerle más recursos a sus ciudadanos o contribuyentes, tiene la obligación de hacer las reformas necesarias para que la gestión de los recursos llegue de forma efectiva y oportuna en beneficios de los ciudadanos. De lo contrario, la confianza en los marcos legales y la estructura del Estado se verá más deslegitimada de lo que ya está. No es posible que muchos ciudadanos no tengan acceso a servicios básicos después de tanta riqueza generada.