Lambayeque supera el promedio nacional de informalidad. Casi 500 mil trabajadores en la región son informales y no trabajan en condiciones adecuadas. ¿Qué hacer?
El aislamiento social obligatorio blanqueó muchas situaciones. Camila pensaba romperla con sus comisiones en venta de útiles escolares, pero se quedó sin empleo. Ahora está sin sueldo, sin comisiones y sin nada.
Juan está desesperado, hizo un pequeño préstamo para compras de uniformes y útiles de sus hijos, los cambió a un colegio privado, pues lo habían contratado para construir unos departamentos, pensó que le iría mejor, pero ahora está con deudas y sin trabajo.
Ellos son solo algunos ejemplos del 25% de peruanos (o más) que “se ha quedado sin trabajo” durante la crisis del COVID-19. El estar sin empleo y en consecuencia dejar de percibir algún ingreso abruptamente, es solo una muestra de la precariedad laboral en la que se encuentran millones de peruanos.
Esa realidad arrastrará tarde o temprano al 70% de peruanos que trabajan en la informalidad, para los que un mes o más, sin ingresos, significa la imposibilidad de poder comer, vestir y en algunos casos, hasta de tener vivienda. Y penosamente, Lambayeque registra un 75% de informalidad, por encima del promedio nacional, afectando a alrededor de 488,714 personas de un total de 651,619, que son población económicamente activa (PEA) en la región. Son los rubros de servicios, agroindustria, construcción, comercio y transporte, en los que predomina este tipo de empleo precario, siendo los jóvenes quienes ocupan la mayoría de estos puestos de trabajo informal.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de informalidad laboral? A todos aquellos trabajadores cuyas empresas no registran sus contratos, no les dan beneficios sociales e incluso no tienen contrato, etc. Está claro que perciben montos menores al sueldo mínimo y están expuestos a condiciones laborales no solo inadecuadas sino muchas veces riesgosas.
La informalidad laboral tiene muchas causas, pero una de ellas es la rígida regulación de mercado laboral peruano, el escaso poder de fiscalización del estado (la SUNAFIL recién está presente en la región desde el 2018 y en general tiene poco presupuesto y fiscaliza más a las empresas formales que a las informales). Además, en general ni empleadores ni empleados entienden para qué les serviría ser formales.
¿Qué hacer? Poner todos los esfuerzos en la incorporación a la formalidad de las micro y pequeñas empresas, pero para ello, además de diversas reformas en la regulación laboral se requiere mucha más coordinación entre las entidades del estado que tienen alguna competencia en el tema: PRODUCE, gobiernos regionales y locales, universidades y el sector privado, quienes podrían trabajar programas en conjunto para sensibilizar y capacitar a los emprendedores en el proceso a la formalización, a fin de hacerlo más amigable.
Mejorar el sistema tributario y enfocar mejor el trabajo de fiscalización de la SUNAFIL, complementarían estas estrategias. Pero tenemos años y las cosas no mejoran, tampoco en Lambayeque. Por eso, responsabilidad social y voluntad política, son las bases para construir una región donde el trabajo sea más digno, más libre y más productivo.