Este domingo, Cali, la tercera cuidad de Colombia, con 2,2 millones de habitantes, volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que empezaron el pasado 28 de abril, con el inicio de un paro nacional convocado por centrales obreras y organizaciones estudiantiles al que se ha sumado la Minga indígena, contra una reforma tributaria -necesaria, pero mal comunicada e inoportuna- que derivó rápidamente en una escalada de violencia que ha dejado al menos 27 muertos en todo el país. El último reporte oficial de la Defensoría del Pueblo, con corte al 7 de mayo, registra 548 desaparecidos y 364 civiles y 41 miembros de la fuerza pública heridos.
En medio una crisis económica y sanitaria producto de la pandemia, con un fuerte descontento social, miles de colombianos se lanzaron a las calles en pleno pico de la tercera ola de COVID-19 en el país para rechazar una eventual alza de la carga tributaria para financiar subsidios a las familias más pobres bajando el umbral del impuesto sobre la renta y subiendo el IVA (el equivalente a nuestro IGV).
Aunque el gobierno retrocedió y retiró su proyecto de reforma y cesó a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el paro está lejos de acabar, porque ahora se han sumado otras demandas, como la reforma del sistema de salud, denunciar los abusos de la policía y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Como en casi todas las protestas sociales, hace falta solo un chispa para que estalle la violencia, porque no solo confluyen intereses legítimos de ciudadanos que hacen uso de su derecho a manifestarse, sino también se infiltran grupos que se aprovechan de la situación para sembrar caos y destrucción, que sumado a la represión policial, lo único que hace es exacerbar aún más los ánimos de la gente y alimentar la violencia.
Cali, un polvorín
Esto es lo que se ha visto sobre todo en Cali, una ciudad no solo con enormes desigualdades, sino también con las secuelas de la guerra de los cárteles de la droga entre los 80 y 90, que además padeció los embates de grupos terroristas como las FARC y el ELN y lleva décadas enfrentando otros graves problemas de seguridad, desde pandillas hasta grupos armados organizados.
Por su cercanía a la costa del Pacífico, Cali funciona como un corredor para el narcotráfico y está rodeada de territorios aún en disputa por mafias y disidencias de las FARC y el ELN en el departamento del Cauca. Las autoridades incluso han advertido la presencia, aunque incipiente, de emisarios de carteles mexicanos.
Todas estas circunstancias convirtieron a esta gran urbe del suroccidente colombiano en un polvorín. Las imágenes de manifestantes de todo cuño que tomaron barrios populares en donde cerraron vías, levantaron barricadas y se enfrentaron a la fuerza pública dieron la vuelta al mundo y generaron preocupación en la comunidad internacional.
Al igual que en las manifestaciones de noviembre del 2019, ahora también hubo saqueos, intentos de robos a residencias y vandalismo. Todo sincronizado, lo que evidencia una planeación previa, según expertos en seguridad. “En este caso, actuaron pandillas y bandas”, sostiene en analista Gabriel Cifuentes.
En redes sociales se han difundido videos de civiles, armados y disparando, para evitar el paso de la que se conoce como Minga Indígena en el sur de Cali, tras las denuncias de que están siendo atacados por un grupo de indígenas. La Defensoría también dijo que estaban entregando evidencia a las autoridades sobre «presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados en Cali».
El ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, aseguró que la ola de violencia en las marchas del paro nacional fueron hechos premeditados. «Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y el ELN», afirmó. Según dijo, han podido detectar la presencia del movimiento JM19 (Juventudes del M-19), del grupo Luis Otero Cifuentes y el Movimiento Bolivariano de disidencias de las Farc de Gentil Duarte.
«La evidencia que hemos podido analizar muestra que en Cali hubo una violencia comunitaria en la que la fuerza pública se desbordó. Fueron incidentes de reacción descontrolada, pero no programadas y dirigida en contra de civiles», señala por su lado Jorge Restrepo, director del CERAC, un centro de estudios de Colombia.
“Señor presidente Iván Duque, hay una protesta indígena y un paro ciudadano. Es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali. Este problema político necesita su visita y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo”, declaró a su turno el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.
Duque había descartado su presencia en Cali, a donde envió al ministro de Interior, Daniel Palacios, para que se reúna con los dirigentes de la Minga, un importante movimiento indígena que mantiene tomados los accesos a la ciudad. Sin embargo, ante las críticas de la oposición y el oficialismo cedió y llegó esta madrugada a Cali. «Le he pedido al señor ministro que entre en contacto con ellos (los indígenas), no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad», dijo el presidente.
En tanto, la Policía Metropolitana de Cali acusó a los indígenas de saqueos, vandalismo e “incitar al terrorismo”. Los indígenas por su lado aseguran tener videos en los que se ve a civiles de camisetas blancas disparando contra de ellos. En este contexto de crispación, el presidente Duque tiene previsto reunirse por primera vez este lunes con los líderes del paro, en medio nuevas marchas convocadas en todo el país.
En la capital Bogotá y en Medellín, otras dos grandes urbes colombianas, también se ha repetido el mismo modus operandi, según las autoridades. Un balance oficial tras 12 días de protestas señala que se han vandalizados 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes y estatuas. Hay carreteras bloqueadas y el desabastecimiento ya se empieza a sentir en los principales centros de abastos del país, donde los precios además se han disparado, pese a que se han habilitado corredores humanitarios para el ingreso de alimentos, insumos médicos, oxígeno, combustible, ambulancias, entre otros.
En Bogotá se registraron ataques contra centros de atención de la policía (CAI) y unidades de detención, a los que le prendieron fuego. Al caos y destrucción a manos de grupos descontrolados se suma una dura represión policial y militarización de las calles, lo que hace temer nuevas escaladas de violencia.
Al igual que Colombia, otros países del región, como el Perú, atraviesan situaciones políticas y sociales explosivas, que ya provocaron protestas en Ecuador y Chile en 2019, pero que ahora se han agudizado con la catástrofe sanitaria. De hecho, un estudio del FMI prevé una oleada de estallidos sociales tras la pandemia, porque estas situaciones ponen de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad, como «la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos», sostienen los técnicos del FMI.