Entre gallos y media noche, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la creación de una cuarta legislatura. El objetivo es lograr dos reformas constitucionales de forma exprés: la primera es la bicameralidad (el retorno del Senado) y otra es la regulación de la cuestión de confianza.
El dictamen, que recibió 12 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, quedó listo para ser visto en el pleno. Votaron a favor congresistas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Nueva Constitución, Unión por el Perú (UPP) y Podemos, mientras que los legisladores de Frente Amplio y Fuerza Popular votaron en contra; los del Partido Morado y el Frepap se abstuvieron.
Lo que está haciendo el Parlamento es partir su última legislatura en dos: la actual legislatura iría hasta el 12 de junio y a partir del 13 de junio se iniciaría una cuarta legislatura.
Como se sabe, hay dos formas para aprobar reformas constitucionales: con una votación a favor de 66 congresistas y la convocatoria a un referéndum, como sucedió en el 2018 con la bicameralidad (que la gente rechazó en las urnas). La otra es que la reforma se apruebe en dos legislaturas seguidas con 87 votos en cada una.
Este último es el camino que buscan los actuales congresistas para aprobar el retorno de la bicameralidad, que es un proyecto de ley de Alianza para el Progreso (APP) y de autoría del legislador Omar Chehade. ¿Qué dice esta iniciativa que se quiere aprobar al caballazo? En entre otras cosas, que en el 2022, que son las elecciones regionales, se elijan también a los nuevos senadores, para que asuman funciones a partir del 2023.
¿Reformas con nombre propio?
Y aquí viene la trampa: los actuales congresistas -sí, los mismos que buscan aprobar esta reforma ‘exprés’- que están de salida y que no pudieron postular a la reelección en este 2021, porque la ley lo prohíbe, podrían tentar una curul en el Senado y volver al Palacio Legislativo en el 2023.
La otra reforma que pretenden aprobar es la regulación de la cuestión de confianza. El objetivo: que no se repitan situaciones como las que permitieron a Martín Vizcarra disolver el Congreso en el 2019.
Quizá ahí está la repuesta del apuro que tienen, que son cambios que los benefician de forma directa. Si como dice el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (APP), quieren “irse con la conciencia tranquila, sabiendo que dejamos al país un estado más democrático”, debieron ver estas medidas el año pasado y no a 50 días de dejar el cargo.
¿Es legal?
Pero en la puerta del horno se les puede quemar el pan, porque el Tribunal Constitucional (TC) fijó claramente en su jurisprudencia que los procesos de deliberación de los proyectos de ley deben ser reflexivo y contar con la participación de la sociedad civil. Pretender aprobar dos reformas al caballazo atenta contra este principio y genera un mal precedente.
Precisamente, la Asociación Civil Transparencia le recordó al Congreso que el modelo actual unicameral exige aprobar modificaciones constitucionales a través de dos legislaturas ordinarias seguidas (no partir una en dos), para garantizar un debate responsable, con la debida reflexión, que impida que dichos cambios respondan solo a intereses particulares o de corto plazo.