En el 60% de listas de candidatos hay errores en la declaración de ingresos y rentas, alertó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que tiene a su cargo la revisión todas las planchas presidenciales, las listas al Parlamento Andino y el distrito electoral de peruanos en el extranjero.
Pero el mayor problema -y riesgo- está en la poca capacidad del Estado para garantizar que los postulantes cumplan con las normas electorales, admitió el mismo presidente del JEE de Lima Centro, Luis Carrasco, quien advirtió en Gestión que solo tiene dos fiscalizadores para revisar más de 300 hojas de vida.
El pasado 22 de diciembre venció el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino. Y en teoría, el primer filtro deberían ser los propios partidos por los que postulan, pero en la práctica no es así.
Entonces, todo el peso de la fiscalización recae en los jurados electorales especiales, que en primera instancia tienen que revisar esta información. Pese a las limitaciones, han encontrado varios problemas:
- Muchos candidatos consignaron en sus hojas de vida que trabajan tanto en el sector público como en el privado, pero no precisan qué ingresos recibieron en cada lado.
- Incluso hay casos en los que omitieron colocar todos los ingresos percibidos en el 2019, pese a que es obligatorio, o consignaron esta información en el rubro “otros”, cuando esta casilla es para otro fin.
- Además, la mayoría de candidatos que vienen del sector público no están presentando la solicitud de licencia para poder participar en las elecciones de abril próximo, como exige la ley electoral vigente.
«En algunos casos hemos declarado la improcedencia de las candidaturas, en otros la inadmisibilidad».
Luis Carrasco, presidente del JEE de Lima Centro.
Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre una lista o candidatura declarada inadmisible o improcedente, te preguntarás? La inadmisibilidad se da cuando se incumple algún requisito que la ley permite subsanar y si se corrige a tiempo la lista o el candidato siguen en carrera. En cambio, la improcedencia ocurre cuando se ha contravenido la ley electoral, y en estos casos los organismos electorales rechazan la inscripción (el postulante o su lista quedan fuera de la contienda electoral).
¿Y los antecedentes judiciales y penales?
Este es otro de los aspectos claves para evitar tener representantes con prontuario o uno más impresentable que el otro, como hemos visto en este Congreso o en el que se disolvió. Y los partidos tampoco tienen mucho interés en que esta situación cambie, para ser sinceros.
Entonces, otra vez el mayor peso de fiscalización recae en los JEE, que no tienen los recursos suficientes para hacer bien esta labor. ¿Qué hacen en estos casos? Remiten a todas las cortes de justicia del país las respectivas solicitudes de información sobre antecedentes y sentencias judiciales de los más de 300 candidatos que participan en estas elecciones.
La mayoría de oficios fueron enviados antes de Navidad, pero el problema -que se ha visto en otros procesos electorales- es que si esa información no llega a tiempo o llega fuera del plazo electoral, no servirá de nada. Los JEE tienen hasta el 10 de febrero para publicar listas admitidas. El tiempo corre.
Se supone que los candidatos en sus hojas de vida deben declarar si han tenido procesos o sentencias penales y civiles, pero la actual legislación no los obliga a consignar procesos fiscales o judiciales en curso. Así que en la práctica es difícil conocer realmente cuántos postulantes tienen procesos vigentes (o dicho de otra forma, no sabemos el número de candidatos que buscan impunidad)
Solo en Lima, hay 34 candidatos que declararon en sus hojas de vida haber tenido algún tipo de sentencia: 20 de tipo civil, 12 de tipo penal, y dos tuvieron sentencias de ambos tipos; otros 10 consignaron procesos sin precisar detalles. Pero esto no quiere decir que el resto de candidatos no tenga antecedentes.
A esto se suma la fuerte carga procesal que tienen los jurados electorales, que actualmente cuentan con poco personal para la revisar y cruzar toda la información de las hojas de vidas de los candidatos (bienes muebles e inmuebles, rentas, antecedentes judiciales, lugares donde trabajaron, historiales político y educativo, etc).
Así, tenemos que la poca capacidad del Estado para fiscalizar a los partidos y candidatos pone en riesgo la transparencia del proceso electoral en curso (otra vez). Por ello, es clave que los medios independientes y los ciudadanos seamos una suerte de contrapeso. Los primeros con información relevante y oportuna, y los segundos como agentes de cambio a través de un voto consciente e informado. Que no te floreen.