El gobierno parece creer que con emitir decretos, leyes o reglamentos arregla los desequilibrios o problemas estructurales que existen en nuestro país. El Estado, a través de las distintas instituciones que lo componen, es el mayor generador de data. Sin embargo, el gobierno, que administra ese aparato burocrático, no revisa su propia data o, si lo revisa, no le interesa crear políticas públicas en función a la evidencia que tiene a la mano.
¿Qué sucede? A través de un decreto supremo que se está preparando, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desea aplicar medidas para desincentivar la “utilización indiscriminada” de la tercerización y así fortalecer [según ellos] la protección de los derechos laborales. Según el Ejecutivo, se busca “acabar con la tercerización laboral del núcleo principal del negocio”. Acá hay dos temas para explicar. Así que, vamos por partes, para entenderlo mejor.
¿Qué es la tercerización laboral?
Es una forma de contratar o de vincularse a una empresa. O sea, una empresa principal encarga la provisión de bienes o el desarrollo de un servicio a otra empresa que se le denomina tercerizadora. Esta última, asume la responsabilidad de efectuar el trabajo bajo su cuenta y riesgo. Esta segunda empresa tiene sus propios trabajadores y ellos están subordinados a ella; por lo que mantienen su autonomía en todos los aspectos. En inglés, la tercerización se le conoce como outsourcing.
Ojo, la tercerización laboral no es lo mismo que la intermediación laboral. Esta última implica el envío de personas a la empresa contratante; perdiendo la subordinación frente a la primera. Otra característica de la empresa tercerizadora es que el trabajo por el que la contratan, lo realiza con sus propios recursos técnicos y financieros. Es decir, son autogestionadas. Veamos un ejemplo.
Una minera saca una licitación para que le fabriquen e instalen un cerco perimétrico. Un fabricante gana la licitación, también posee la capacidad y los conocimientos de instalación. Sin embargo, debido a que atienden otras obras, no tienen los recursos para hacer esta instalación. ¿Qué hace este fabricante? Contrata a un tercero (terceriza) para que realice la instalación.
Firman un contrato donde estipulan cuánto personal se necesitará, los seguros que se deben tener, los gastos de movilidad, el pago de los honorarios, etc. La ventaja es que el fabricante recurrió a una empresa ya establecida en el mercado con experiencia; y así se evitó un proceso de evaluación, contratación y despido (dado que la instalación solo es por meses). Así, se reducen costos de transacción.
¿Qué es el núcleo del negocio?
La propuesta del gobierno modificaría el DS N°006-2008-TR, el cual aprobó el Reglamento de la ley N°29245, dada en el segundo gobierno aprista, la cual regula los servicios de tercerización. En esta modificación se agregaría un nuevo concepto, el “núcleo de negocio”, el cual forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares características, no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento.
Tal como explica Gestión, la tercerización de servicios no será aplicable al “núcleo principal del negocio” de la empresa principal. Si volvemos al ejemplo anterior, la empresa fabricante de cercos, que enfrenta problemas de capacidad (falta de recursos humanos), con esta modificación en la norma, no podría tercerizar la instalación de los cercos, porque la instalación es parte de su núcleo principal del negocio. ¿La empresa fabricante puede contratar más personal? Sí, pero la eficiencia pasa a un segundo plano. Implicaría invertir más recursos sin considerar el factor tiempo.
Modificación compleja
Esta modificación es tan compleja, que la misma ley indica que para adecuarse a esta, las empresas tendrán un plazo de 180 días. Pero lo que sucederá en ese lapso de tiempo es que las empresas dejarán de contratar o a personas ya contratadas no se les renovarán contratos o serán despedidas. Y esto generará otro problema para nuestro mercado laboral. La tabla N°1 muestra que, al cierre del 2021 y solo en Lima Metropolitana, aún no creamos 817 mil puestos de trabajo que existían antes de la pandemia. Una medida como la del gobierno no mejorará esta situación; sino que la agravará.
Políticas como las del gobierno, afectarán las actividades económicas de una manera desigual. La gráfica N°1 muestra la cantidad de trabajadores en empresas tercerizadoras según la actividad que realizan. En total hablamos de poco más de 106 mil trabajadores con contratos de tercerización laboral (0.7% de la PEA 2020), según el MTPE. Las actividades que más usan esta modalidad son las inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que contratan a 66 mil trabajadores (el 62% del total).
Si comparamos el 2020 con el 2019, notamos que los contratos de tercerización no llegan a los niveles pre pandemia. La gráfica N°2 muestra que, ante un choque externo como la COVID-19, implicó una caída en este tipo de contratación del 18% en promedio. Hoy, ante un nuevo choque interno-legal, esta modalidad de contratación, que lo que permite es hacer más fácil las transacciones económicas y asegurarle un ingreso al trabajador, se verá seriamente dañada.
Una particularidad de nuestro mercado laboral es que solo un 31% de los contratos laborales son a tiempo indefinido o indeterminado. La principal ventaja de esto es que, aparte de contar con todos los beneficios sociales mes a mes, si la empresa ya no desea los servicios del trabajador, esta lo indemniza con 1.5 sueldos por año trabajado. Por otro lado, el grueso de contratos, el 69% restante, caduca en un horizonte relativamente corto. Muchos de ellos, como muestra la gráfica N°3, son contratos específicos, estacionales, por necesidades puntuales del mercado, intermitentes, etc.
El bienestar de los trabajadores y las productividades de las empresas puede verse afectada al tener esta estructura de contratación. Con esas características, se da alta rotación en personal y se desalienta la inversión en capacitación al trabajador. Que nuestro mercado sea rígido laboralmente porque así se cree que se protege al trabajador, al final resulta en una mayor desprotección a este. Y este gobierno ahonda en esta errada creencia.
¿Se abusa de este sistema? Sí, hay malos empresarios abusan de la legislación, pero no por ello se debe eliminar la modalidad, sino que se presiona para que el Estado realice su trabajo que es el de la fiscalización. El Estado debe fortalecer las inspecciones y penalizar a las empresas infractoras. Así sucedió en diciembre 2020, cuando muchos trabajadores agrarios paralizaron labores para reclamar mejor acceso a servicios públicos y mejores condiciones laborales.
Según publicó Andina, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de ese entonces, Javier Palacios, sostuvo que “no había justificación para que las empresas del sector agroindustrial contraten a un service (…) están prohibidas para efectos de dotar de personal esencial a la actividad principal de una empresa. Palacios también dijo que, en Ica, “la Sunafil ha formalizado a alrededor de 30,000 trabajadores (…)”. Así es como el Estado debe trabajar. Fiscalizando.
El gobierno y el Congreso deben entender que las políticas públicas se generan en base a evidencia. Nuestro mercado laboral es rígido. No pueden aplicar políticas que aumentarán esa rigidez. Si de verdad desean aumentar el bienestar de los trabajadores y que la mayoría acceda a empleos formales, debe implementar reformas laborales que enfrenten la baja productividad. Pero nuestro gobierno está a años luz de entender eso.