No es la primera vez que la reforma universitaria está en riesgo. Desde que se inició, en el 2015, hubo varios intentos para tumbársela, sobre todo desde el Congreso de la República, donde suelen pulular conflictos de intereses personales y económicos contra la educación. Hasta ahora, ha resistido los embates.
Pero ahora el riesgo parece ser mayor, porque el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre), que tiene las mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta el 6 de junio próximo según las últimas encuestas, no ha ocultado sus intenciones de “corregir el accionar” de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el órgano encargado de supervisar y vigilar la calidad de enseñanza superior y los avances de la reforma, uno de los pocos avances que ha tenido la educación en Perú en los últimos años.
“Hay muchas quejas de la Sunedu. Vamos a revisar y a corregir el accionar de la Sunedu, porque no puede dejar a muchos jóvenes en la calle”, dijo Castillo Terrones este fin de semana en un mitin en la ciudad norteña de Trujillo.
Castillo atribuye a la Sunedu una responsabilidad que le corresponde a las universidades, que tuvieron el tiempo suficiente para adecuar sus estatutos y cumplir con las ochos condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
La postura del candidato de Perú Libre en este caso se suma a otras propuestas que afectarían los avances en la Educación. Por ejemplo, en su plan de gobierno -o “ideario” como lo llama Vladimir Cerrón, el dueño del partido y autor de este documento- se plantea eliminar la Ley de Reforma Magisterial y reponer a todos docentes que fueron cesados porque jalaron las evaluaciones de desempeño.
Es algo que también Castillo quiso imponer durante la larga huelga magisterial del 2017 que lideró como dirigente de la facción del Conare– vinculada al Movadef-, en la que además el propio Sutep lo acusó de querer dividir al único sindicato reconocido por el Estado peruano para que el movimiento prosenderista tomara el control del magisterio.
Ojo con el Congreso…
En el Legislativo, hay cuatro congresistas electos que tienen vínculos directos con universidades a las que la Sunedu le denegó su licenciamiento porque no acreditaron condiciones básicas para la enseñanza superior.
El primero de ellos figura José Luna Gálvez (Podemos Perú). Es el más visible de todos. Dueño del partido por el postuló y del Consorcio Telesup, que tiene tres casas de estudios con licencia denegada: la Universidad Privada Telesup, la Universidad de Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado (EIP). Ninguna cumplió con las condiciones básicas de calidad para funcionar, por lo que deberán cerrar sus puertas.
Luna Gálvez –investigado por corrupción en el caso ‘Los gánsters de la política’- ya emprendió acciones contra la Sunedu fuera del Congreso. En noviembre del año pasado, durante el corto gobierno interino de Manuel Merino, Telesup le envió una carta a la superintendencia en la que le daba 24 horas para acatar una medida cautelar obtenida en Bagua que anulada la decisión de la Sunedu de denegar la licencia a sus casas de estudios. El juez que emitió la medida fue destituido y la carta notarial retirada.
Pero además la bancada de Luna Gálvez en el actual Congreso, que lidera su hijo José Luna Morales, ha presentado y apoyado, desde la Comisión de Educación, varias iniciativas que iban contra la reforma universitaria, como la creación de una segunda instancia que revise las decisiones de la Sunedu, como la creación de una segunda instancia que revise las decisiones de Sunedu o la suspensión del proceso de cierre de universidades con licencia denegada. Ninguna hasta ahora prosperó.
José María Balcázar (Perú Libre) es congresista electo por Lambayeque. En el 2020, cuando la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), donde es docente, se reunió con las autoridades del Ministerio de Educación como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque para evaluar la situación. Aunque en una reciente entrevista aceptó que la UNPRG debe adecuarse a la reforma, también dijo desde el Congreso “impulsará su legalización”.
Rosío Torres Salinas es otro nombre al que hay ponerle cuidado en el próximo Congreso. Fue electo por Loreto con Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, que también es dueño de universidades y que en su plan de gobierno proponía un “único y definitivo con un organismo de licenciamiento enfocado en el acompañamiento, la regulación, supervisión y fiscalización universitaria”, que dista mucho del proceso actual de autorizaciones renovables.
Torres además es odontóloga de la San Luis Gonzaga de Ica -con licencia denegada-, y desde el 2018 enseña en la Universidad Científica del Perú (UCP), que tampoco pasó la evaluación. Es esposa del actual congresista Fernando Meléndez, también de APP, quien en su momento cuestionó el “centralismo” de la Sunedu, para criticar la denegatoria de licencia a la UCP.
Por último, Rosselli Amuruz (Avanza País), congresista electa por Lima, consignó en su hoja de vida que, desde el 2015, es vicepresidenta del directorio de la Universidad Politécnica Amazónica, cuya licencia fue denegada en el 2020.
Pero hay más…
Al 2026, la mayoría de las 94 universidades autorizadas deberá volver a pasar por un proceso de licenciamiento ante la Sunedu. Hay otros nueve legisladores electos que tienen relación con centros de educación que tendrán que renovar sus permisos para funcionar. Por ejemplo, José Elías Ávalos, legislador electo por Podemos Perú, es presidente del directorio de la Universidad Privada San Juan Bautista, cuya licencia vence a fines del 2025; en APP figuran Segundo y María Acuña Peralta, que son hermanos de César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo).
También figuran otros congresista electos con eventuales conflictos. En Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), hermano de Vladimir Cerrón y docente en la Universidad Nacional del Centro, y Alfredo Pariona Sinche, profesor en la Universidad Nacional de Huancavelica. En Fuerza Popular están David Jiménez Heredia, gerente de Universidad Franklin Roosevelt, y César Revilla, profesor de la Universidad Nacional de Piura y egresado de la Garcilaso. Por Acción Popular figuran Luis Aragón Carreño, director de una filial de la Universidad Tecnológica de los Andes, e Ilich López Ureña, docente en Universidad Peruana Los Andes.