(*) La jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, con un discurso que se centró en 10 ejes, entre ellos, el de reactivación económica, pero evitó mencionar medidas que generan mayor controversia, como renegociación de contratos, aumento de impuestos a sectores estratégicos (minería, hidrocarburos) y moderó el tema de la asamblea constituyente como un nuevo contrato social.
En las propuestas económicas hay un sesgo intervencionista, con el Estado como generador de empleo, supervisor de obras, promotor de programas y administrador de fondos. Los anuncios en materia laboral y tributaria se caracterizaron por una falta de especificación y claridad.
Las promesas de bonos y subsidios reafirman la presencia de un gobierno populista y asistencialista que carece de la capacidad de articular propuestas con el sector privado, gremios y otros actores estratégicos para trabajar por reformas que solucionen los problemas de fondo. Veamos algunas de las propuestas.
En inversión y empleo, las medidas se centraron en el impulso de proyectos de infraestructura eléctrica, gasífera y el uso de la modalidad de contratos por Asociaciones Público Privadas. Más allá de mencionar los proyectos por adjudicar, la política general del gobierno no especifica algún cambio en los criterios de priorización de proyectos, solución a la demora en liberación de terrenos o la disminución de trabas regulatorias.
No se mencionó ninguna medida para promover la inversión en la pequeña y mediana empresa, esa que es capaz de generar 9 millones de puestos de trabajo (casi la mitad de la población económicamente activa del país). La estrategia para promover trabajo es el Estado a través de empleos temporales (3 a 6 meses) en pequeñas obras de infraestructura municipales como Arranca Perú, del cual aún no obtenemos ningún rendimiento de cuentas respecto a su alcance y efectividad.
En materia tributaria, el anuncio sigue siendo el mismo: facultades para realizar cambios en la recaudación y administración de los recursos. Sin embargo, aún no se ha presentado el proyecto de ley que permita tener mayor detalle respecto a lo que se busca.
El papel aguanta todo: las familias peruanas, no
Al inicio de la pandemia, diversos países justificaron la entrega de bonos ante las severas restricciones que paralizaron el trabajo, lo que provocó la caída en los ingresos de las familias. El Perú no fue la excepción, y se otorgaron S/14 mil millones en estas ayudas, el 3% del PBI del 2020.
El problema ahora que se puede salir a trabajar es que no hay trabajo, porque no se priorizó la inversión privada, las capacitaciones, la flexibilicen para contratar o reducir los costos laborales. A esto se suma el alza de precios y la ralentización de la reactivación económica, lo que pone cuesta arriba la recuperación, más aún con un gobierno que sigue agudizando las contradicciones, generando incertidumbre y manteniendo las expectativas económicas y empresariales en el campo negativo. Así, el intento de incetivar el consumo a través de bonos se convertirá en un círculo vicioso.
La promesa de crecimiento económico sin confianza
Según el discurso de Mirtha Vásquez, el crecimiento ecómico para el Perú el próximo año sería de más de 4.8%, el mayor en comparación a países de la región. Sin embargo, la premier no dice que estas proyecciones se hacen en base a supuestos, como el de una estabilidad fiscal, el crecimiento de la inversión privada, mercados con confianza.
Estos escenarios hoy están lejos de cumplirse, pues el BCR advirtió que así las expectativas empresariales no se recuperarán, la inversión privada en el 2022 no crecerá y el Consejo Fiscal advirtió un desequilibrio de las cuentas públicas.
(*) Este informe de la Asociación de Contribuyentes se publicó originalmente en Perú21.