El fin de semana último el Ministerio Público ejecutó un allanamiento al local de Perú Libre en Lima y a la vivienda del dueño de este partido, Vladimir Cerrón, en Huancayo, como parte de las investigaciones que se le siguen al exgobernador de Junín por lavado de activos, caso que fue trasladado a la capital debido a su complejidad.
Siguiendo el libreto de victimización que tienen en el lápiz, Cerrón insistió en que se trata de una persecución política, pero lo cierto es que la fiscalía tiene evidencias sólidas del modus operandi de esta presunta organización criminal que se enquistó en el gobierno regional de Junín para captar fondos ilícitos que terminaron financiando las campañas del partido, incluida que la llevó a la presidencia a Pedro Castillo.
Por ahora, la principal fuente de información son los chats de WhatsApp obtenidos en junio pasado tras el primer allanamiento e incautación de celulares y otros documentos a los investigados por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, en el que está implicado también el premier Guido Bellido.
Las conversaciones fueron halladas en los celulares de los investigados y lo que evidencian es que el partido acordó conseguir dinero del gobierno regional para sus campañas políticas, según la tesis fiscal.
A los chats se suman las interceptaciones telefónicas legales que revelan que Marina Vásquez, quien era jefa de Personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTJ) y fundadora y dirigente de Perú Libre, cumplió un rol clave en la señalada organización criminal.
Vásquez era la cajera de la red; es decir, la encargada de recolectar los presuntos pagos ilícitos para la obtención de brevetes en Junín. Esto lo confirmaron además los testimonios de los mismos investigados. Pero no solo eso. También consiguió fondos para los gastos judiciales del proceso que se le seguía a Cerrón por corrupción. En los chats se lee que solicitó aportes y recibió fotos de vouchers de simpatizantes de Perú Libre.
Otro personaje clave es Ofelia Ríos, quien fue la encargada de declarar los gastos del partido en la última campaña. Por ejemplo, en una conversación, Ríos le pidió a Marina Vásquez “entregar todos los aportes que se hizo”, porque debía “preparar todas las rendiciones urgentes”.
Vásquez también coordinaba la logística para la campaña de Castillo, como la cantidad de buses que saldrían para eventos, la compra de casacas, polos y otro tipo de propaganda electoral, incluido el pago de los hospedajes de las comitivas.
En su celular, Marina Vásquez también tenía conversaciones con Vladimir Cerrón, quien le pedía favores para la obtención irregular de licencias de conducir de conocidos suyos. “Marina, por favor, ayúdale a un amigo, mañana tiene su examen”, se lee en un chat del 29 de diciembre del 2020 que reveló El Comercio.
Vásquez además le consultaba a Cerrón si estaba de acuerdo con unas contrataciones en la Gerencia de Fiscalización, le enviaba hojas de vida de posibles candidatos para las plazas CAS en gobierno regional y le preguntaba si estaban inscritos en el partido o si tenían alguna relación con este. La condición para obtener un puesto era que sean militantes o que se inscriban al partido.
Luego cobraban los cupos. En un mensaje del 25 de noviembre del 2020, el secretario regional de Perú Libre de Junín, Bladimir López, le pidió a Marina Vásquez un aporte de “100 por militante”.
Ahora la fiscalía ya le sigue la pista al dinero ilícito con el que se financió las campañas de Perú Libre. Por ello allanaron el local del partido en Lima, en busca información financiera contable del periodo 2008 al 2021.
La investigación inicial de ‘Los Dinámicos del Centro’, que se realizó en Junín y estuvo a cargo de la fiscal Bonie Bautista, recogió información importante sobre las actividades ilegales previas de la presunta organización criminal.
Ahora, con el caso ya en manos de la Fiscalía de Lavado de Activos, lo que toca es seguir la ruta del dinero, para determinar cómo se captó y se gastó, tanto en las actividades del partido como para fines personales de quien sería el cabecilla de la organización criminal, Vladimir Cerrón. En esta etapa trabajan en paralelo con la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Ya en junio pasado, la UIF alertó que Cerrón intentó retirar más de S/1,2 millones de una de sus cuentas congeladas.
Una raya más al tigre sí importa
De otro lado, la fiscal Mary Huaman, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, pidió dos años y 11 meses de pena privativa de libertad contra Vladimir Cerrón y otros siente funcionarios de la región por malversación de fondos.
Según la magistrada, se desviaron irregularmente un total S/ 2′ 880, 088 del presupuesto destinado a los trabajos de ‘Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro’ para la ejecución de otros nueve proyectos en 2012, durante la primera gestión de Cerrón como gobernador de Junín.