El remedio puede ser peor que la enfermedad. Así se puede resumir la propuesta que se elabora en el Congreso para una nueva ley agraria, luego de se derogó la Ley 27360, conocida como ley de promoción agraria, una norma que en su capítulo laboral fue enormemente positiva, porque ayudó a la formalización y permitió la consolidación de empresas agrícolas de diversos tamaños.
Las protestas que provocaron la anulación de la norma estaban motivadas por los abusos laborales de ciertas ‘services’ que se aprovechaban de los altos niveles de informalidad que hay aún en el agro, pero lo que plantea la comisión especial del legislativo a cargo de elaborar la nueva ley no aborda estos problemas. Al contrario, puede agravarlos.
Así, la propuesta del Parlamento incrementa los costos laborales de las empresas del sector. El texto preliminar plantea que la remuneración básica para los trabajadores de la gran empresa sea de S/1.543; para los de la mediana y pequeña, de S/1.234,4 y S/1.033,81, respectivamente.
El efecto inmediato sería por un lado que las empresas contraten menos (o dejen de hacerlo), más aún en un contexto de crisis, y por el otro que crezca la informalidad, advierten expertos. O sea, todo lo que se quería evitar.
El ingeniero agrónomo Juan Risi, exconsultor del Ministerio de Agricultura, le dijo a Piensa.pe que las empresas más grandes pueden asumir estos costos laborales, pero no las medianas ni las pequeñas, que representan el 85% de las compañías del sector. Hay abundante evidencia que nos dice que cada vez que se regularon salarios en algún sector se redujo el mercado formal.
Para Alejandro Fuentes, de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el incremento de 65% que se plantea en los salarios (cuando antes era de S/930, el mismo monto que el sueldo mínimo en el régimen general) hace inviable las operaciones «de cualquier empresa», porque la mano de obra representa entre el 40% y 60% de sus estructuras de costos.
En cuanto al tema tributario, el texto de la propuesta de la nueva ley señala que, desde el 2021 hasta el 2028, de forma escalonada, las empresas eleven el monto de pagan por impuesto a la renta (IR), del 15% actual al 30% que fija el régimen general.
El exministro de Agricultura Milton Von Hesse sostuvo que no se debe olvidar que las empresas del sector realizaron una serie de inversiones bajo la estructura de la ley anterior, mientras que el profesor de la Universidad del Pacífico Francisco Pantigoso dijo que cualquier cambio debe darse de forma gradual para no afectar la estabilidad jurídica y el principio de predictibilidad, que son claves para no ahuyentar las inversiones.
DATO
- El congresista Juan Carlos Oyola (Acción Popular), presidente de la comisión especial, dijo que para este martes esperan tener ya el dictamen aprobado y que se pueda debatir el próximo sábado en la sesión plenaria extraordinaria del Congreso.