Muchos candidatos y fuerzas políticas han venido planteando la idea de que deben existir controles de precios para los medicamentos. Mencionan que como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo recomienda y algunos países de este grupo los aplican, se deben de imponer estas medidas en el Perú.
Pero, ¿es cierto acaso que en países de la ODCE los políticos deciden los precios de las medicinas? Pues no. En estos países lo que tienen es Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), que se dedican en realidad a hacer que los medicamentos nuevos (muchas veces patentados y de mayor costo), puedan ingresar al país al menor precio posible.
Estas AETS realizan estudios técnicos, con reglas claras y transparentes, en los donde los privados presentan sus medicamentos y son evaluados para ver qué utilidad social generarían en el sistema de salud. Aquí se evalúa la cantidad de años de vida que aporta, la cantidad de camas desocupadas por estos tratamientos, entre otra información que se evalúa en tiempos muy definidos.
Sin embargo, la empresa farmacéutica presenta ante la AETS el precio que tiene su medicina, pero debe justificar técnicamente que es un monto adecuado. Si la compañía no acepta las condiciones, existen vías legales, claras y transparentes, para la revisión de su expediente. En ningún caso hay una imposición directa del Estado sobre el precio.
¿Por qué no interviene directamente? Porque en Europa los países están interesados en que sus pacientes tengan las mejores medicinas, y son los Estados los que realizan las compras de mayor volumen. Si directamente pusieran el precio, la farmacéutica podría no querer ofrecerlo y el paciente no tendría el mejor tratamiento posible.
Por lo tanto, es falso que los países de la OCDE impongan el precio de los medicamentos para que el paciente pague menos. Esto, lo único que generaría es escasez de medicamentos y mercados negros. Lo que existe más bien es un proceso de negociación claro, transparente y abierto entre los Estados y las empresas farmacéuticas.
Un ejemplo cercano es el de Colombia, donde, si bien existen controles de precios, estos no se imponen por decreto. Se evalúa qué medicamentos sirven para lo mismo, se ve si falta competencia en estos mercados y se pone un precio máximo de referencia internacional. Pero las farmacias privadas no son reguladas; esto solo aplica para vendedores mayoristas.
Unificar la compra de medicamentos en el Perú es fundamental. Hoy tenemos demasiadoss compradores: Essalud, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. Si queremos medicamentos baratos, es fundamental que el gobierno pueda comprar de manera masiva, lo que genera ahorros, más aún si el 71% de los medicamentos los compra el Estado.
¿Tendrán claro esto nuestros candidatos? Que más parecen promover un discurso de imposición y de persecusión a los privados que lo único que generaría es que estos no vendan sus medicinas aquí, perjudicando al final al paciente. Aquí lo fundamental es que el Estado cree procesos claros, simples y justos para que toda empresa pueda presentarse y servir a los pacientes. La colaboración público-privada es la clave.