Existen leyes que exigen al Estado transparencia con los recursos e información que maneja, así como el fácil acceso a esa información, considerada pública, por parte de los ciudadanos. Ese acceso para el ciudadano debe ser fácil, oportuno, confiable, predecible y que no te cueste un mango, o por lo menos que el costo no desincentive el acceder a la información.
Pero, ¿qué tanto de eso se cumple? ¿Es el Estado transparente con la gran cantidad de información que genera? ¿Cumple las leyes? ¿Al levantar la información en los respectivos portales, coloca lo que exige la ley o coloca información de relleno? Piensa.pe revisó la información 6 entidades del Poder Ejecutivo: Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Ponabec), la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, Ministerio de Cultura, Ositran y
Básicamente, el objetivo es evaluar si las entidades del Estado cumplen con el artículo 22 de la Ley N°27806, el cual establece que las entidades estatales deben cumplir, de forma trimestral, con 5 categorías de información. Los resultados se muestran en la Tabla N°1.
Con esta pequeña muestra, vemos que importantes instituciones estatales, no cumplen con la ley de transparencia y acceso a información a sus ciudadanos. Existe información inconsistente al comparar con bases de datos distintas. Por ejemplo, ni el modelo a seguir, la Sunat, en cuanto a exigencia y disponibilidad de la información, brinda un caso de cumplimiento al 100% con la información. La información que coloca en su portal de transparencia es distinto a lo que expone el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A un pequeño empresario o profesional independiente, por información inconsistente, la Sunat le estaría pidiendo información de los últimos 4 años y aplicándole una multa. Lo mismo sucede para el resto de entidades. En el caso de indicadores de desempeño, ninguna institución evaluada presenta información.
Aquí hemos tocado información de solo 5 entidades públicas. De las 1,974 restantes, ¿cuántas entregarán a sus ciudadanos, los que financian el aparato público, la información de forma veraz, sin alterar y completa?
Recordemos el caso del by-pass de 28 de julio. Un ciudadano solicitó la información del Estudio de Impacto Ambiental y Vial y la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arrogancia y desprecio, sostuvo que la ley no le obligaba a compartir la información. ¿Cuántas municipalidades, provinciales y distritales, aun impiden el acceso a información de transparencia a través de sus páginas web?
El Informe Anual 2019 sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que menos del 40% de instituciones estatales obligadas a enviar información para el informe cumplieron. ¿Por qué será? ¿Porque estuvieron ocupados atendiendo requerimientos de sus ciudadanos? No, es porque no cumplieron con sus ciudadanos y no querían aparecer en las estadísticas.
Gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales son los que menos cumplieron con el requerimiento de la propia Presidencia del Consejo de Ministros. No existe un respeto al ciudadano por parte del aparato estatal. Creen que la información les pertenece y como funcionarios públicos no toleran tener que compartirla con personas diferentes a la burocracia, por más que sean los ciudadanos los que financian a tooodo el aparato estatal.
Es importante que los ciudadanos recuerden esto, más ahora que la Sunat, con el cuento de cumplir compromisos con OCDE, de enfrentar la elusión, etc., nos seguirá faltando el respeto al pasarse por encima de nuestros derechos y tener ahora más poder al acceder, todos los meses, a los saldos de nuestras cuentas bancarias. Todo lo viene concentrando el Estado, y concentrará aún más si los ciudadanos lo permitimos.