Le llegó la hora. Esta semana es decisiva para el futuro político y legal del vacado expresidente Martín Vizcarra, quien podría ver frustrada sus pretensiones de llegar al Congreso si es que el Poder Judicial admite el pedido de 18 meses de prisión preventiva de la fiscalía, que lo acusa de recibir sobornos de empresas vinculadas al llamado ‘Club de la Construcción’ en 2014, cuando fue gobernador regional de Moquegua, a cambio de dos obras públicas: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Pero la suerte del lagarto parece estar echada, debido a que el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez, tiene evidencias y pruebas que hunden al hoy candidato del Congreso por somos Perú que evaluará la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial. Ya este martes el Poder Judicial decidió inmovilizar 21 propiedades de Vizcarra, para que no las pueda vender ni transferir y sirvan de garantía ante una eventual reparación civil a favor del Estado
En paralelo, avanza el juicio político contra Vizcarra en el Congreso, que -todo apunta- derivará en su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ambos lados, su situación está complicada y es muy probable que no logre asumir como congresista en julio próximo, en caso gane una curul el 11 de abril próximo, y además le esperaría una temporada tras las rejas.
La traición lo persigue
Al sustentar su pedido de prisión preventiva, el fiscal Juárez presentó el testimonio del exministro José Manuel Hernández, amigo y hombre de confianza de Vizcarra, quien lo traicionó y confesó que el hoy candidato al Congreso le pidió que sea el intermediario para el pago de una coima 1.3 millones de soles de ICCGSA. Como evidencias están las conversaciones por WhatsApp entre Hernández y Vizcarra para la entrega de los sobornos.
Hernández se acogió a la colaboración eficaz y presentó dos celulares en los que se registran las comunicaciones con Vizcarra. El exministro detalló que las coordinaciones para recibir las coimas del expresidente las hacía con el gerente comercial de ICCGSA, Rafael Granados, a cambio de la empresa se adjudique las obras del Hospital de Moquegua.
Todo encaja
El fiscal Juárez también tiene en su poder el registro de llamadas telefónicas entre el exmandatario y los empresarios Elard Paul Tejeda, de la empresa Obrainsa; José Castillo y Rafael Granados, de la constructora ICCGSA; y del exministro Hernández, de la supervisora Asesores Técnicos y Asociados (ATA).
Las llamadas coinciden con los pagos de los sobornos denunciados. De hecho, se realizaron antes, durante y después de la adjudicación de las dos obras por las que Vizcarra habría recibido un total de 2.3 millones de soles. A estas evidencias se suman los testimonios y otras pruebas documentales (como correos electrónicos, cheques, depósitos bancarios, etc.) entregadas por los involucrados. Todos apuntan a confirmar la tesis de la fiscalía.
Ahorro millonario y propiedades
Otro elemento de convicción que presentó la fiscalía es la información que revela que del 2014 al 2016, Vizcarra aumentó su patrimonio; y que en 2020, pasó de no tener ahorros a contar con casi 1.5 millones de soles en sus cuentas.
En sus declaraciones juradas, entre el 2011 y 2014, cuando fue gobernador de Moquegua, Vizcarra declaró tener tres propiedades por unos 600 mil soles. Solo dos años después, en el 2016, cuando ya era vicepresidente de la República y asumió como ministro de Transportes y Comunicaciones, su patrimonio aumentó de forma considerable.
Ahora tiene seis propiedades más que en total cuestan 3 millones de soles. Pero en su declaración del 2020, Vizcarra no había consignado el ahorro de 1 millón 471 mil soles ni otro inmueble en el edificio donde vive en la actualidad, en el distrito de San Isidro, según la fiscalía.
Una mentira más, sí importa
Acá aparecen otras inconsistencias de Vizcarra, que había declarado al fiscal Juárez que solo tenía nueve propiedades a su nombre. Pero luego de una búsqueda en Registros Públicos, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato encontró que aparece como propietario de 21 bienes.
De esas propiedades, 18 están a nombre de Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz; y dos en copropiedad con su hermano, César Vizcarra. En total son ocho departamentos, seis estacionamientos, seis terrenos y un depósito. Todos esos bienes han sido inmovilizados por la justicia.
¿Alcanza para la prisión preventiva?
Pese a que las pruebas y evidencias son contundentes para lograr un fallo condenatorio, en el pedido de prisión preventiva la jueza deberá evaluar el peligro de fuga y la posible obstrucción de la justicia. Parece que esto último es más probable a que huya a otro país, aunque en estos días trascendió que pediría asilo en la embajada de Bolivia en Lima, pero Vizcarra lo negó. El problema es que con todo lo que ha mentido, su palabra carece de valor.
«Para una prisión preventiva tiene que haber peligro de fuga. Si mis documentos están en poder de la fiscalía, los pasaportes los tiene la fiscalía, tengo arraigo. Qué mayor arraigo es que estoy postulando al Congreso», ha dicho Vizcarra, al acusar al fiscal Juárez de querer usar este pedido para afectar su candidatura.
El riesgo está en que si Vizcarra logra una curul y el Congreso actual no lo inhabilita antes de julio próximo, podrá posicionarse y con el poder y la influencia que le da ese cargo, podría intentar maniobrar contra la justicia.