La hizo larga. Finalmente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por tres delitos: tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal, pero suspendió las diligencias ¿Qué significa esto? Que las pesquisas contra Castillo se iniciarán al término de su mandato, debido a su inmunidad.
El exprocurador Antonio Maldonado considera que la fiscal Ávalos, que no ha mostrado mucho interés en investigar al presidente, se autolimita de manera innecearia en este tema, porque Castillo puede ser investigado mientras sea presidente, lo que no puede es ser acusado o procesado.
De hecho, el actual procurador general del Estado, Daniel Soria, había solicitado que de abrirse una investigación al jefe de Estado, no se suspendieran las diligencias. ¿Por qué esperar entonces a que Castillo deje el cargo para recién iniciar las pesquisas?
La decisión “simbólica” de Ávalos en torno al presidente no impide que al resto de implicados se les siga investigando, y no deja de ser importante, porque el mandatario tendrá que responder por las visitas a la casa de Breña y a Palacio de gobierno de la lobista Karelim López, que antecedieron a las millonarias adjudicaciones en Provías Descentralizado y Petroperú.
Castillo también será investigo por patrocinio ilegal, debido al intento de interferir en los ascensos militares. Lo hizo directamente, según los chats que intercambió con el ex comandante general del Ejército José Vizcarra. Y lo intentó hacer a través de operadores políticos suyos, como el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala.
Así, el profesor cajamarquino se convierte en el segundo mandatario en funciones contra quien la fiscalía dispone investigaciones preliminares. El primero fue Martín Vizcarra en el 2020, por el caso Richard Swing.
En el caso Provías, el 1 de diciembre pasado, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación contra Karelim López y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Esta indagación se dio luego de que una denuncia periodística reveló que el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa asesorada por Karelim López, obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232 millones de Provías Descentralizado días después de visitas de la lobista a Palacio de Gobierno.
A fines de diciembre, la fiscal anticorrupción Norah Córdova abrió otra investigación preliminar por ocho meses contra Karelim López, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el empresario Samir Abudayeh, por el presunto favorecimiento a la compañía Heaven Petroleum, días después de registrarse reuniones en Palacio con el mandatario Pedro Castillo.
Ese caso se destapó también por un reportaje periodístico que reveló que el 18 de octubre, el presidente Castillo sostuvo una inusual reunión en su despacho con Abudayeh quien, luego de 18 días de aquel encuentro, ganó, sin competencia, un contrato de casi S/300 millones con la petrolera estatal. A la misma hora de ese encuentro en Palacio, también estuvieron Hugo Chávez y Karelim López.
¿Por presión o convicción?
Antes de decidir abrir indagación a Castillo, la fiscal Zoraida Ávalos solicitó vacaciones. Se alejará de su despacho del 6 al 20 de enero, luego del 15 de febrero al 1 de marzo, mes en el que culmina su periodo al frente del Ministerio Público.
Durante esas ausencias, la reemplazará Pablo Sánchez, el único fiscal supremo titular en actividad que queda en el Ministerio Público tras la destitución Pedro Chávarry, Luis Arce, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.
Todo apunta a que la fiscal Ávalos no intentará reelegirse para otros dos años como jefa del Ministerio Público. Sus varios pedidos de vacaciones se pueden interpretar como que ya no desea seguir en el cargo.
Así, su decisión de abrir indagación al presidente Castillo, en respuesta a la denuncia que presentó hace más de dos semanas la Procuraduría General del Estado contra el mandatario, parece más empujada por la presión mediática y de diversos sectores que por convicción.
Ávalos se irá de vacaciones y tampoco se sabe si le pedirá al Poder Judicial que se creen juzgados exclusivos para el Caso Lava Jato, como lo ha solicitado ya dos veces el fiscal superior Rafael Vela. Es una decisión que ayudaría que los procesos por esta trama de corrupción avancen más rápido, sobre todo en la etapa intermedia donde hay un cuello de botella en el sistema judicial.
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso, en el marco de la facultades especiales que recibió, arrancará esta semana las investigaciones por dos de los varios escándalos en los que está envuelto el presidente Pedro Castillo y varios funcionarios de su entorno: las reuniones clandestinas del mandatario en Breña y el caso Petroperú.
El dato
Este 2022 habrá una reconfiguración en la Junta de Fiscales Supremos, porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya convocó a concurso público para nombrar a los nuevos fiscales que reemplazarán a Chávarry, Arce, Gálvez y Rodríguez Monteza. Así, es un hecho que cambiará la correlación de fuerzas en la Junta de Fiscales Supremos que deberá elegir pronto al sucesor de Zoraida Ávalos.