En el 2019, la clase media en el Perú congregaba al 36.7% de la población del país, sin embargo, dada la crisis económica, social y sanitaria que afectó al país desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ahora solo está integrada por el 27.6% de los peruanos, mostrando una reducción de 9.1%, lo que equivale a un retroceso de 13 años.
Mis tribus, aunque esto afectó a todos los países de la región, donde 4.7 millones de personas dejaron de pertenecer a este nivel socioeconómico en el 2020, según datos del Banco Mundial, en el Perú el impacto fue mayor, debido, sobre todo, a la alta informalidad, que alcanza al 75% de nuestra economía; es decir, 8 de cada 10 peruanos se la rebusca y no tiene acceso a beneficios laborales ni a seguridad social.
Y si esto ya parece una mala noticia, el triste panorama podría empeorar con la idea del Ejecutivo de subir los impuestos. Justo cuando se empezaban a ver las primeras señales de recuperación, el gobierno busca recaudar S/12,000 millones más el próximo año, castigando al sector formal y a los trabajadores con incrementos de las tasas de impuestos, en lugar de optar por ampliar la base tributaria o hacer atractiva la formalización. De concretarse lo que busca el MEF, se afectaría el consumo y la inversión y, por ende, la reactivación de la economía.
Lo contradictorio es que vemos a un Estado incapaz de invertir de manera eficiente lo ya que recauda, en beneficio de los que más lo necesitan. A solo dos meses de que acabe el año, hay por ejecutar más de S/26,644 millones del presupuesto de inversión pública, como lo reveló un análisis de la Asociación de Contribuyentes. Los gobiernos regionales, por ejemplo, solo han ejecutado el 51% de su presupuesto.
Querer más recursos sin mejorar la capacidad de gasto, ni reducir los niveles de corrupción, sería irresponsable y agravaría el círculo vicioso que corroe al Estado peruano hace años, y además afectaría más a la ya golpeada clase media, lo que pone en riesgo además el cierre de brechas económicas y sociales en el país.
Mis tribus, habla muy mal de las políticas públicas ejecutadas que, con la gran cantidad de recursos que el Estado recauda del sector productivo del país, no haya hecho crecer la clase media, que la componen tradicionalmente los sectores socioeconómicos B y C, ni haya reducido los niveles D y E, los más vulnerables, que suman 60%.