La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha golpeado mucho a la educación. Producto de la crisis, los ingresos en las familias se redujeron, lo que elevó el número de traslados a escuelas públicas, así como la deserción de jóvenes de institutos o universidades que pasaron a una situación de vulnerabilidad en la que no podían estudiar ni trabajar.
Se estima que unos 200 mil estudiantes tuvieron que migrar de colegios privados a escuelas públicas durante el 2020. La tasa de deserción para institutos alcanzó el 15% y elevó el número de jóvenes que no estudia ni trabaja a 1.3 millones personas, niveles similares a los de 2014. Los pocos avances que se habían logrado en esta materia se diluyeron tras casi 15 meses de pandemia.
En medio de esta situación, el Estado no estuvo a la altura para implementar la educación virtual en poco tiempo, en un país donde apenas el 32,1% de hogares cuenta con una computadora o laptop y solo el 35,9% tiene acceso fijo a Internet, según la Encuesta Nacional de Hogares al 2019, lo que que limitó las clases a distancia. Así, los resultados de la estrategia “Aprendo en Casa” no fueron los esperados y los niños no alcanzaron los objetivos del año escolar 2020.
Además, la mitad de alumnos mencionan que sus clases se desarrollaron en menos de las dos horas programadas al día, el 60% de lo padres percibe que la estrategia no fue suficiente para el aprendizaje de sus hijos y el 32% de los estudiantes en 17 regiones desaprobaron el año lectivo, según un informe de la Contraloría.
Cinco meses después de iniciado el año escolar virtual del 2020, se calcula que el 45% de estudiantes dejó de participar activamente en las clases virtuales, de acuerdo a datos del colegio de profesores del país. En total, unos 151.489 estudiantes, tanto de primaria como secundaria, dejaron las clases el año pasado, y nada hace suponer que este 2021 será mejor.
Un informe del Banco Mundial revela que, antes de la pandemia, el 55% de los niños no comprendían un texto breve cuando lo leían. En marzo de este año, ese porcentaje subió a 71% y a finales de abril a 78%.
En el caso de Perú, la mayor responsalidad es del Estado, porque la educación la imparte principalmente el sector público: más del 70% de alumnos realiza sus estudios básicos y técnico productivos en una entidad estatal. Solo en la etapa universitaria es donde el sector privado tiene mayor participación.
Si observamos la educación básica, tenemos que 7 de cada 10 peruanos realizan sus estudios de inicial, primaria y secundaria en un centro educativo estatal. Por ello, resulta falaz la premisa que se ha escuchado mucho en esta campaña electoral polarizada, en el sentido de que se lucra con la educación porque está en manos de los privados. El Estado debería promover la inversión orientada a empezar a cerrar brechas en el sector.
¿Qué proponen los candidatos?
En estas circunstancias, es importante conocer las propuestas de los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de cara a la segunda vuelta electoral.
Las de Castillo pasan por aumentar los recursos, pero sin sustento técnico, como destinar el 10% del PBI al presupuesto del sector; restituir profesores despedidos que no pasaron la evaluación docente, lo que atenta contra la meritocracia; eliminar la ley de Reforma Magisterial y anular el examen de ingreso a la universidad pública.
En tema del presupuesto, en el 2019, el gasto en educación pública básica regular fue de S/3,270 anuales por alumno, mientras hace 10 años era apenas de S/1,670. Pese a que el gasto público en educación al igual que el gasto por alumno en educación básica crecieron a una tasa promedio de 9.5%, el Perú gasta menos por alumno de una escuela pública que otros países de la región.
Una de las razones recae en las ineficiencias en la ejecución del gasto. En promedio en los últimos 10 años, se ha ejecutado el 85% del presupuesto del sector y en particular, los gobiernos locales ejecutaron apenas 60% del presupuesto a su cargo dedicado a educación. Así, otorgar el 10% del PBI a un Estado poco eficiente en el uso de los recursos no es solo inviable sino también contraproducente.
La propuesta para eliminar la Ley de Reforma Magisterial (2012), norma que ayudó a mejorar el nivel de los docentes del sector público, permitiría reponer a profesores que no aprobaron la evaluación de desempeño, pues solo el 10% superó los puntajes mínimos establecidos (546 de los 5,600 profesores inscritos),. Además de representar un retroceso en los estándares de calidad educativa, esta medida atenta contra la meritocracia en el sector.
Por su lado Keiko Fujimori propone mejorar la infraestructura educativa, con 3 mil colegios nuevos, y la situación de los profesores, con 50,000 nombramientos, aunque ambas medidas son poco realistas. También plantea implementar una estrategia para el retorno a clases y mejorar la oferta de educación superior tecnológica y productiva con mecanismos de inserción laboral.
En cuanto a los 3 mil colegios nuevos en cinco años, esto implicaría que se construyan dos por día, lo que a todas luces no es posible. Además costaría, unos S/ 8 mil millones, lo que representa la cuarta parte del presupuesto asignado a Educación en el 2021. En infraestructura, mejor sería reparar las escuelas públicas dañadas, pues solo la quinta parte de colegios en el país se encuentran en buen estado; o habilitar servicios básicos, como luz, agua y desagüe (en las zonas urbanas, seis de cada 10 escuelas cuentan con estos servicios, y en las zonas rurales, solo 1 de cada 10). También sería oportuno instalar lavamanos y comprar kits de higiene y prevención contra la COVID-19 para el retorno a clases.
De otro lado, ofrecer 50,000 nombramientos de docentes debería tomar en cuenta la calidad y capacidad de los profesores previamente, de lo contrario sería inadecuado. Cada año, unos 200 mil profesores rinden la evaluación de ingreso a la carrera pública. Sin embargo, en promedio -en los últimos 5 años-, solo 10% de maestros (20 mil docentes) logra aprobar la primera etapa que le da opción a postular por una plaza en la segunda etapa. Lo correcto sería que los profesores cumplan con los estándares de calidad ya exigidos, de modo que ingresen a la carrera y sean nombrados solo si pasan las evaluaciones.