Con la asunción a la Presidencia del país de Pedro Castillo, los afiliados al partido Perú Libre y sus simpatizantes asumen la victoria del nuevo mandatario como la oportunidad del cambio, cambio en el orden social, de las reglas del juego y del régimen económico, pues entienden que el modelo que nos rige -desde hace más de 20 años- es el responsable de las brechas sociales y económicas que los peruanos enfrentan.
Sin embargo, quienes entienden así la economía la estarían asumiendo que esta es un “juego de suma cero’‘, es decir, si uno se beneficia, el otro se perjudica; si alguno logra crecer y mejorar sus condiciones de vida, otro las ve reducidas. Sin embargo, las cosas no funcionan de esa manera. Si así fuera, muchos países no hubieran salido de su condición emergente para ser naciones de ingresos medios a altos, y las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de sus habitantes no se hubieran reducido.
Veamos, el caso peruano. La lucha contra la pobreza tiene larga data; su importancia se debe a que esta condición afecta el bienestar de las personas y, además, limita el desarrollo de sus capacidades. En un inicio, la preocupación se centraba en la disponibilidad de recursos económicos para asegurar la atención de necesidades básicas -alimentarias y otras como vestimenta, mantenimiento del hogar, etc-.
Bajo este enfoque, se observa que la pobreza (monetaria) se redujo considerablemente en los últimos 15 años, al pasar de 59% en el 2004 a 20% en el 2019 y la pobreza extrema, de 16.4% a 2.9%. Sin embargo, a raíz de la pandemia y su mal manejo, en el último año, aproximadamente, 3.3 millones de personas cayeron a una situación de pobreza (se incrementó de 20% a 30.1%) y 750 mil en pobreza extrema (pasó de 2.9% a 5.1%), esto porque se encontraban en una situación de vulnerabilidad, por lo que ante cualquier evento adverso, su condición empeoraría casi inmediatamente.
La literatura económica nos da información sobre los factores que definen si los hogares caen o no en la pobreza: años de educación del jefe de hogar, nivel de ingresos o gastos, posesión de ahorros, tenencia de bienes en el hogar, vivienda propia, acceso a servicios básicos (agua, desagüe y electricidad). Por su parte, la literatura nacional y nuestra realidad nos muestran que la particularidad en el caso peruano es el ámbito geográfico, pues la pobreza se acentúa en las áreas rurales, frente a las urbanas, y más en la sierra y selva que en la costa.
En zonas rurales, pese al menor número de población (6 millones versus 23 millones de habitantes en zonas urbanas), la pobreza es mucho más generalizada. Así, la mitad de peruanos pobres vive en una zona rural y entre el 70% y 80% de pobres extremos también. Por ello, no sorprende que la proporción de habitantes pobres en zonas rurales es 2 a 3 veces la proporción de pobres en zonas urbanas.
Para entender por qué ocurre ello, debemos ampliar la evaluación a un enfoque más grande que el revisado previamente, que permite tener en cuenta el acceso a servicios básicos como salud, educación, saneamiento, electricidad, condiciones de vivienda, que permiten una vida digna, segura y con prosperidad.
Con esta información podemos observar que, aunque las condiciones de vida tanto en zonas urbanas como rurales ha mejorado, la proporción de peruanos en zonas rurales que actualmente vive sin acceso al servicio de agua, alcantarillado y luz supera la proporción de hogares urbanos que hace 10 años no tenía acceso a ninguno de estos servicios. Es decir, las condiciones de los hogares rurales no alcanzan ni siquiera la condición de los hogares urbanos de hace 10 años.
¿En qué servicios ocurre esto?
Sobre todo en agua y saneamiento, servicios a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), administradas por los gobiernos locales. Hasta la década pasada la administración estaba también en manos del Estado, a través del Ministerio de Vivienda. Aunque se realizó el cambio para descentralizar la tarea y que responda menor a las necesidades de los ciudadanos, los resultados no han cambiado.
En cuanto a los servicios de electricidad e internet, vale notar que aunque son prestados principalmente por el sector privado, los proveedores experimentan una serie de trabas para desarrollarlos, como los tiempos en los procesos de licitación, suscripción y ejecución de concesiones, la regulación sectorial y municipal, negociación y avance en los proyectos de inversión en infraestructura, entre otros.
También, es importante resaltar el esfuerzo de los propios hogares por adquirir bienes que permiten mejorar sus condiciones vida, así como buscar acceder a instrumentos financieros (cuenta de ahorro, cuenta corriente o tarjeta de crédito).
En vista de ello, salta el hecho de que el Estado, como encargado de invertir en obras públicas que permitan acortar estas brechas, ha sido deficiente, al restarle posibilidades a la población de salir de la pobreza, al no proveer servicios básicos de calidad y no generar las condiciones adecuadas para afianzar nexos con el sector privado que permitan ampliar el acceso a los mismos y mejorar la calidad de vida de los peruanos.
Para contrarrestar el crecimiento de la pobreza es fundamental el crecimiento económico, pues es el factor que incide más directamente en su reducción, y se da con mayor inversión, la misma que se ha descuidado los últimos meses. Pero también, es necesario que el Estado cumpla su labor frente a estos grupos excluidos, cumpliendo su labor de provisión de servicios básicos con oportunidad y calidad. Según explican expertos, para erradicar efectivamente la pobreza, se deben dar oportunidades económicas, acceso a infraestructura y provisión de servicios básicos, de manera conjunta y no por separado.