Desde hace un tiempo, el Congreso nos viene demostrando no solo cuán bajo puede caer la política, sino cuánto daño puede generar a futuro.
La democracia se basa en principios que parecen haber olvidado nuestros ‘padres de la Patria’. Uno de ellos es la discusión racional y técnica que debe darse a la hora de aprobar o derogar leyes que tienen impacto en la vida de las personas.
En las últimas semanas, el Congreso tiró por la borda este principio. La derogatoria del Régimen de Promoción Agraria, la devolución de fondos – inexistentes – de la ONP y la eliminación del régimen CAS son un ejemplo de eso. Y esto no es porque no deban darse estas medidas, sino porque estas se tomaron sin una discusión profunda, alturada y en base a argumentos técnicos sólidos.
Veamos esto con más detenimiento.
La derogatoria del Régimen de Promoción Agraria se dio prácticamente de un día para el otro, sin tener una ley, y en muchos casos, ni una idea de con qué cambiarla. Esto no solo dejó al aire a los pequeños y medianos agroexportadores, sino, sobre todo, a los trabajadores, que no saben bien cuál es su situación real ahora. Acá existe una generación de expectativas que si no es satisfecha provocará un malestar mayor.
En Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que faculta el retiro de un porcentaje de la ONP, esto pese a que el Ejecutivo observó la norma y les explicó, hasta el hartazgo, que esos fondos no existían, dado que este no es un sistema de capitalización individual. Lo más seguro es que el TC declare inconstitucional esta medida por ir en contra del orden constitucional. No debe sorprendernos que los aportantes de la ONP se molesten cuando vean que no podrán sacar el dinero prometido por el Congreso demagogo.
El Congreso eliminó el abusivo régimen CAS la anterior semana, pero igual que en los anteriores casos, lo hizo sin un respaldo técnico. SERVIR, a las pocas horas, mostró su preocupación por la medida, sobre todo porque afecta la carrera pública que se trata de formar en el Estado. Lo peor vendrá después, cuando los 300 mil empleados CAS que existen en el Estado vean que pasarlos a planilla es materialmente imposible, sobre todo en época de crisis. En este caso, al igual que en los otros, habrá una molestia mayor producido por las propuestas que no podrá cumplir el Congreso.
Las ultimas medidas del Congreso están formando una bomba de tiempo, quizás hoy ellos no lo vean, pero la verdad es que pronto, todo ese malestar explotará.