El expresidente Martín Vizcarra, vacado por graves cargos de corrupción y hoy candidato al Congreso por Somos Perú, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, no porque haya vuelto a mentir o a mostrar su cinismo con el tema de las vacunas (cuando él no fue capaz de comprar una sola cuando estuvo en el poder), sino porque sigue en carrera electoral gracias a un cuestionado fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
¿Qué pasó? Bueno, como lo informamos en este espacio, el Jurado Electoral Especial de Lima-Centro (JEE), el 15 de enero pasado, había declarado su exclusión del proceso por ocultar sus acciones en la empresa Estuquiña en la declaración jurada que presentó para postular en las elecciones del 11 abril, tal como lo contempla la ley electoral vigente (para muchos se trata de una omisión que no justifica una sanción así, pero es lo que señala la norma).
Vizcarra apeló y su caso debía ser resuelto en última instancia por el pleno del JNE. Pero aquí es donde la historia se empieza torcer, según la denuncia del experimentado periodista Ricardo Uceda, que evidenciaría que se ha favorecido de forma indebida a Vizcarra, lo que además pone en duda la imparcialidad del máximo órgano electoral.
Sucede que el 26 de enero, los magistrados del JNE habían votado por excluir a Vizcarra del proceso, porque la ley de elecciones así lo establece por ese tipo de omisiones. Esa decisión, que aún no era oficial, incluso se había filtrado en algunas redacciones y en redes sociales. Además, días antes, los magistrados ya habían decidido lo mismo, bajo los mismos criterios, con otros tres candidatos de diferentes partidos: Nicolás Talavera (Partido Morado), Orlando Mollo (APP) y Julio Sumerinde (Avanza País). Todos habían quedado fuera por ocultar sus relaciones con empresas privadas.
Pero tres días después, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, decidió, de repente, cambiar su voto, al igual que su colega Jovián Sanjinez. Suelen votar juntos. Ambos inclinaron la balanza a favor de Vizcarra, según relata Uceda. Y para no hacer roche (o menos roche) cambiaron sus votos también en los casos Talavera, Mollo y Sumerinde, indirectamente favorecidos. Si no lo hacían, iba a ser evidente la incoherencia con el criterio que permitía que Vizcarra siga en la contienda.
En estos procesos, los jueces votan luego de debatir los casos y la sentencia es redactada de forma posterior y se publica luego de ser firmada por los magistrados, pero no cumplen con un acuerdo del 2017 que señala que el sentido del fallo se difunde cuando la decisión se adoptó. Esto para evitar corruptelas o presiones posteriores a la votación.
Esto puede haber ocurrido en este caso, porque si bien no es ilegal el cambio de posición mientras una sentencia no ha sido firmada, es raro que los magistrados que votaron en un sentido cambien luego de postura, súbitamente. Es muy raro.
Otra cosa que llama a atención, porque no es usual, es que desde que se dio la audiencia del caso Vizcarra hasta que fue anunciado el resultado, el 4 de febrero, pasaron ocho días.
¿Y la transparencia, para cuándo?
El JNE no quiere dar explicaciones, ni para desmentir o aclarar esta grave denuncia. Se ampara en la confidencialidad de las sesiones en reserva de su ley orgánica. Porque, claro, no hay actas ni grabaciones de las primeras votaciones, pero sí indicios muy serios del ‘cambiazo’, a los que suma que las resoluciones finales de los ‘beneficiados’ tienen párrafos idénticos. Es decir, uniformizaron las versiones con los mismos argumentos que le dan vía libre a Vizcarra.
Seguro no tardan en salir voceros oficiales y oficiosos del expresidente para decir que hay un complot para justificar que se posterguen las elecciones. El proceso electoral sigue firme, con protocolos de bioseguridad ya aprobados, para que la votación del 11 de abril se realice sin mayores problemas. Que no te floreen.