Cuando el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estaba en manos de Íber Maraví, cuestionado no solo por su falta de experiencia y desconocimiento de un sector clave para el país, sino sobre todo por sus documentados vínculos con el terrorismo, se anunció la llamada Agenda 19, que elaboró con los principales sindicatos del Perú (CGTP, la CUT, la CTP y la CATP).
El problema es que los sindicatos solo representan al 2% de los trabajadores, y se excluyó a interlocutores válidos, como los empleadores. Es decir, se politizó una agenda que debía discutirse y analizarse de forma técnica en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde están todos los actores. Con la salida del Maraví del MTPE, su sucesora, Betssy Chávez, en lugar de enmendar el error, anunció la continuidad de esas iniciativas.
Un informe de Apoyo Consultoría alerta que medidas que pueden sonar bien, como el aumento del salario mínimo (SM) en plena crisis; la inclusión del refrigerio como tiempo trabajado; el aumento de la indemnización por “despido arbitrario” de 1,5 a 3 sueldos por año sin tope de 12 sueldos y la reciente restricción a la tercerización laboral, afectan la creación de empleo formal y no solucionan los problemas reales que afrontan la mayoría de trabajadores; al contrario, los agudizan.
Veamos algunos datos y evidencia que desmontan el relato oficial de que lo que buscan es beneficiar al “pueblo”.
El 70% de los trabajadores son informales, no tienen ningún beneficio social y sus salarios reales han caído más de 15% en los últimos 2 años. Además, subir el salario mínimo solo beneficia al 4% de trabajadores; mientras que los trabajadores tercerizados son menos del 1% del mercado laboral.
La mayoría de ciudadanos sin empleo debería ser el foco de las políticas del gobierno y no la minoría de trabajadores que ya tienen un empleo formal y con estas medidas incluso hasta podrían perderlo, si la crisis se agudiza.
“El gobierno está promoviendo medidas inconvenientes, cuando la mayoría de la población está viviendo una crisis de trabajo precario, y cuando nuestra legislación laboral ya es una de las 10 más rígidas del mundo en cuanto a políticas de contratación y despido”, señala Apoyo Consultoría en su informe.
Las iniciativas del gobierno señaladas hacen aún más rígida la regulación laboral, lo que se suma a la baja productividad laboral, dos de las principales razones de la alta informalidad en el Perú (que ya debe bordear el 80% de la economía), lo que también afecta aún más las condiciones para atraer inversión, que es la que genera trabajo formal.
El caso de la tercerización
El más reciente despropósito del MTPE ha sido aprobar un decreto supremo que prohíbe que se tercericen actividades definidas de manera genérica como el “núcleo del negocio”, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opuso en un informe en el que advertía que no solo se afectará el empleo formal y la productividad, sino que era ilegal, porque ese concepto no está en la ley. Encima, no se discutió en el CNT, al igual que la llamada Agenda 19.
“Si el objetivo es corregir los probables problemas de abuso de la figura de la tercerización y las posibles inequidades entre trabajadores de planta y tercerizados, la solución no es eliminar o restringir la tercerización, sino más bien mejorar la fiscalización y dar medidas que permitan una mayor equidad”, señala Apoyo Consultoría.
Y es correcto, porque si se busca beneficiar a los trabajadores, no era necesario eliminar la figura como tal, sino mejorar la fiscalización; es decir, que el MTPE haga su trabajo.
La tercerización es un mecanismo legal de contratación que se usa en todo el mundo y permite mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Una empresa especializada puede hacer algunos procesos productivos de manera más eficiente que la misma empresa principal.
En el caso del Perú, más del 60% de empresas en los sectores manufactura, servicios, construcción, minería, comercio y pesca usan la tercerización, y las empresas que brindan el servicio de tercerización, subcontratan otras empresas, por lo general de menor tamaño. Así se logra encadenamiento desde la gran empresa a la pequeña empresa y se dinamiza el mercado laboral.
Otros dos datos que no son menores. Los trabajadores de las empresas que dan servicios de tercerización son formales. Esto les da una ventaja frente a la gran mayoría que es informal y además ganan cerca de 80% más.
“Las inequidades que podrían existir con los trabajadores de planta, no se resuelven impidiendo la tercerización, sino regulando los beneficios laborales y mejorando la fiscalización”, insiste Apoyo.
Como se sabe, las consecuencias de que un ministerio como del Trabajo, que es eminentemente técnico, se politice, las terminan pagando los ciudadanos más vulnerables.