Creer saber sobre algo, no rodearse de los que sí saben de ese algo y pretender imponer tu solución sobre los problemas que ese algo tiene, hará que ese algo termine peor de lo que estaba.
Ese algo es el sistema privado de pensiones. La comisión encargada para diseñar una reforma del sistema de pensiones ha planteado, en un proyecto de ley, la peor medida posible: que los fondos que actualmente posee el sistema privado de pensiones, lo que administran las AFP, retornen al Estado y que sea este el que decida cómo deben ser invertidos los fondos de miles de trabajadores, que, por voluntad propia, eligieron el sistema privado.
¿Cómo va a administrar esos fondos el Estado? A través de una nueva entidad, la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP), será el ente rector del nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). Este nuevo sistema centralizará al Sistema Nacional de Pensiones (SNP, que lo administra la ONP), al Sistema Privado de Pensiones (SPP, que lo administran las AFP), al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y al Programa Contigo. Aquí el artículo donde indica el traslado de fondos del SPP a este nuevo sistema:
Dado lo anterior, de forma unilateral, el Estado absorbe recursos (que no le pertenecen) sin consultarle a los legítimos dueños, los aportantes, si están de acuerdo. Es más, ni siquiera los de la comisión han aceptado la opinión técnica de otras entidades del mismo Estado como la del Banco Central de Reserva (BCRP), la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP (SBS) o el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La ASIP, que no tendrá autonomía dado que estará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), podría ser influenciada, como siempre, por el poder político. Puede tener incentivos siniestros a destinar los fondos pensionarios a adquirir bonos públicos para financiar proyectos con rentabilidades poco realistas (¿alguien dijo Petroperú?). Ello fue lo que pasó con gran parte de los fondos pensionarios en los años 80. Se quebró al sistema de seguridad social por invertir en proyectos que no tenían sustentos de rentabilidad ni sostenibilidad (solo beneficios políticos).
Otro punto resaltante de la ley es que lo que en la AFP se llama Cuenta Individual de Capitalización (CIC); en el nuevo sistema se pasa a llamar Cuenta Personal Previsional (CPP), la cual tendrá dos subcuentas (aún no se saben los porcentajes de cuánto recibiría cada una): El Fondo de Riesgo Compartido (FRC) y el Fondo de Riesgo Individual (FRI). De esta última, la norma establece que ese fondo será administrado por entidades privadas, pero serán influenciadas por la ASIP, dado que el artículo 28.2 indica que esta «planifica, gestiona y promueve el eficiente funcionamiento del SIUP».
¿Y el FRC? Aquí se complica más la cosa. Este fondo es como el de la ONP, redistributivo y solidario. Es decir, parte de lo que aportemos, ya no irá en un 100% a mi CPP; sino que, por la “solidaridad” que el Estado impone, parte del aporte irá a un fondo común para ser repartido. Se continúa apostando por un esquema, básicamente, piramidal. Recordemos que la ONP, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), requiere hoy que el 30% de sus necesidades para pagar pensiones sea financiada vía impuestos.
¿Saben qué país hizo exactamente lo mismo? Argentina. En octubre del 2008 confiscó cerca de US$22,000 millones bajo la excusa de que las AFP argentinas -esto les va a encantar a algunos- eran poco solidarias, que incurrían en serias pérdidas para los afiliados (el colapso de las bolsas por la crisis del 2008 sustentó este argumento) y porque eludían impuestos. La verdad fue que el gobierno, dado que recaudaba menos y tenía que mantener su aparato burocrático (jamás un Estado piensa achicarse), se apropió de esos fondos. Hoy, por la inflación permanente que poseen desde hace años (mala política económica planteada por el Estado), esos fondos ya se esfumaron.
El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, el 28 de enero en su twitter, escribió que el trabajo que la comisión especializada ha realizado lo debe ver la siguiente representación nacional (el nuevo congreso) que se instalará en julio para que hoy no se afecte por el contexto electoral. Aquí el tweet:
Ha planteado algo muy coherente y prudente. Sin embargo, existe un problema. Nadie le cree. Antes de la vacancia del presidente Vizcarra, salió a los medios a decir que su bancada no apoyaría una vacancia. Y todos sabemos qué pasó. Además, como mencionamos, la que ha liderado esta comisión de reforma, Carmen Omonte, es congresista de su partido y no solo eso; es su candidata a la primera vicepresidencia. ¿Esta posición la ha dicho por convicción o porque lo perjudica en las preferencias electorales?
El sistema de AFP requiere reformas. Pero la planteada por el congreso simplemente no mejora en nada la situación. Una crítica al sistema actual era que no existía competencia en el mercado de AFP; se les acusaba de operar como un oligopolio. Pero ahora, con este proyecto, el único actor del mercado sería el Estado. ¡Una cosa de locos! Ello, desde ningún punto de vista, es sano ni eficiente. Esperemos que el congreso no apruebe esta norma y el siguiente convoque a opiniones técnicas y a los más interesados: los afiliados.