Durante su reciente visita a selva peruana, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó una propuesta efectista: reducir el precio del diésel, vía una rebaja del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Lo hizo en un terreno propicio: Loreto, la región petrolera por excelencia.
“Hace unas semanas se hizo un paro nacional de transporte porque el precio del combustible en nuestro país es el más caro en toda la región. Vamos a investigar, vamos a fiscalizar y vamos a bajar el impuesto selectivo al consumo para bajar el precio del combustible”, dijo la candidata en un mitin.
Se refería al pero del 7de abril del gremio en rechazo al alza del precio del diésel, que subió 37% entre setiembre de 2020 y marzo de 2021. Aquella vez los transportistas exigían al gobierno la devolución del 100% del ISC, lo cual no fue aceptado finalmente. «Es una demanda inaceptable en este país o en cualquier país del mundo que se respete«, dijo entonces el ministro Waldo Mendoza (Economía). El impacto al fisco hubiera sido de S/60 millones, según el MEF.
¿Es adecuada la medida?
No. Porque la propuesta de Fuerza Popular apunta a resolver una queja puntual (la exigencia de menores precios por parte de los operadores de buses de transporte de pasajeros y de carga), pero no ataca el problema de fondo, por las siguientes razones:
- Va contra un proceso de transición y compromisos internacionales del Perú para dejar de usar los combustibles fósiles más contaminantes, en línea con la tendencia global. Por ello se incrementó la carga tributaria (ISC) del diésel, que es el combustible más usado en nuestro país, pero es el más contaminante, junto con el petróleo industrial, el gasohol y el turbo.
- La rebaja del ISC a los combustibles además le quita los incentivos a las empresas de transporte para que renueven y compren unidades a gas natural y a los concesionarios de este hidrocarburo para que inviertan en proyectos que masifiquen su uso.
- La medida implicaría un impacto tributario significativo en medio de una crisis y cuando la prioridad del Estado debe ser cerrar brechas para revertir los efectos de la pandemia. El experto en hidrocarburos César Gutiérrez calcula pérdidas de US$397 millones al año por ISC y de US$71 millones por concepto del IGV asociado al ISC.
¿Qué hacer entonces?
En vez de bajar impuestos a combustibles contaminantes, es mejor otorgar los incentivos y facilidades necesarias para que los transportistas renueven sus flotas y puedan adquirir unidades nuevas a gas natural, con lo que, de paso, contaminan menos y abaratan sus costos de operación.
“La estrategia tiene que pasar por usar esta necesidad de mejorar la economía de las personas, aprovechando los recursos energéticos mas baratos y menos contaminantes, como el gas natural”.
Pedro Gamio, exviceministro de Energía (El Comercio 21/05/21).
- Promover alianzas estratégicas, como las de Cálidda y Pluspetrol, para promover el consumo del gas natural en el segmento de transporte de pasajeros y de carga en Lima. Para ello han destinado un fondo de US$39 millones. Con este programa con el que se espera incorporar a tres mil buses y camiones, de un universo de 146 mil con una antigüedad promedio de entre 15 y 25 años.
- Otra medida sería implementar mecanismos de competencia en el sector para bajar el precio del diésel sin tocar los impuestos.