El Partido Morado lleva en sus listas al Congreso en Áncash, Moquegua y Cajamarca a tres candidatos con inhabilitaciones vigentes para laborar en el Estado tras haber sido destituidos de sus cargos. Ojo, no solo se trata de aspirantes con antecedentes judiciales, que también los tienen, como ya lo señalamos aquí, sino de personas que no deberían ocupar cargos públicos.
Se trata de Edgardo Amez Herrera, Sandra Gonzales Gómez y Elena Sánchez Cueva, sobre quienes pesan sanciones impuestas por el Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), el Ministerio de la Mujer y la Unidad de Gestión Educativa de Cajamarca, respectivamente.
Amez es el número 1 de los candidatos morados en Áncash. Fue destituido como juez superior en septiembre de 2016, por votar a favor de liberar a un mayor de la Policía arrestado por solicitar sobornos a un investigado por lavado de activos. Gonzales (también número 1 en la lista de Moquegua) fue sancionada siendo promotora del Centro de Emergencia de la Mujer en esa región. Según el registro de Servir, su inhabilitación está vigente hasta julio de 2025. En tanto, la candidata Elena Sánchez Cueva, que postula con el número 2 en la lista morada en Cajamarca, fue sancionada por abandono de cargo docente e inhabilitada para laborar en instituciones del sector Educación hasta julio del 2022.
«La política tiene que verse con mucha seriedad y responsabilidad», dijo este lunes en entrevista en Canal N el líder y candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán, pero cuando le preguntaron sobre la presencia de esos candidatos inhabilitados, trató de justificar la situación, al señalar que son personas «rehabilitadas» cuyas candidaturas se definieron en elecciones internas. «No las elegí yo», apuntó, tras agregar, para salir del paso, que se revisarán esos casos.
Pero lo cierto es que, como lo reveló Convoca, esos tres exfuncionarios destituidos y con inhabilitaciones vigentes tienen el aval del partido de Guzmán, según dijeron los voceros de los comités regionales de esa agrupación en Áncash, Moquegua y Cajamarca; es decir, sus candidaturas no serían retiradas porque fueron elegidos internamente «siguiendo los procesos de sus estatutos».
En otros partidos hay casos similares de candidatos con inhabilitaciones. Por ejemplo Nancy Lizárraga Aguirre (Avanza País), Irina Sosa Grados (Partido Nacionalista) y Elmer Huamán Delgado (Perú Libre); y en Unión por el Perú (UPP) figuran Wilfredo Alayo Jiménez, Jorge Lovón Cueva y Carmen Felipe Soto, de acuerdo con información de Servir,
Pero las inhabilitaciones, al ser sanciones administrativas, no impide la postulación a cargos de elección popular, según la ley electoral vigente, pero la presencia en las listas de estos candidatos son una mala señal que los electores deben considerar antes de votar.
Un ‘reincidente’
Pero además el partido de Guzmán parece no tener ánimo de rectificar sus errores, porque vuelve a presentar como candidato a Jonás Angulo en Pasco, pese a que tiene una sentencia por violencia familiar con lesiones del 2011. Este mismo personaje postuló en los comicios extraordinarios 2020, pero retiraron su candidatura tras revelarse ese antecedente. ¿Qué cambió un año después para que vuelva a tentar una curul? El secretario general y candidato por Lima, Rodolfo Pérez, dijo que Angulo ya está «rehabilitado» y que su momento no supo explicar situación.
Los morados además llevan en sus listas congresales a 13 postulantes con antecedentes penales y civiles en sus hojas de vida. En realidad, ningún partido se salva.
DATO: Si quieres revisar qué candidatos con sentencia hay por partido, región o delito, en este especial de El Comercio se puede consultar esa base de datos.