No le quedó otra que irse. Juan Silva Villegas, el hasta ahora intocable titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tuvo que dejar el cargo en medio del debate de una moción de censura en su contra en el Congreso, pese a que horas antes se había mostrado envalentonado y había descartado su salida muy al estilo del gobierno, es decir, con falacias.
Pero cuando la representación nacional discutía la destitución de Silva, el presidente Pedro Castillo anunció en un tuit que aceptaba la renuncia de su cuestionado ministro, que al igual que el mandatario, fue implicado en el testimonio de la lobista Karelim López como parte de una mafia enquistada en el MTC para direccionar obras públicas.
Luego el Congreso no podía ponerse de acuerdo si seguir o no con la censura, acaso una muestra más de por qué, hasta ahora y con todo lo que se sabe, los legisladores no han sido capaces de conseguir los 87 votos para una vacancia. Al final, la presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, suspendió el debate de la moción.
Lo vergonzoso
El vocero de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, había adelantado en el debate sobre la censura a Silva que su bancada de 15 integrantes iba a votar en abstención, en momentos en que cinco de sus legisladores han sido señalado por Karelim López como parte de la mafia que opera en el MTC, entre ellos Raúl Doroteo y Juan Mori, quienes firmaron además una moción para volver a interpelar a Silva, que era una forma de blindarlo.
Pero no solo en AP se ponían de espadas al país. Los legisladores de Somos Perú y Podemos Perú, Wilmar Elera y Enrique Wong, respectivamente, también indicaron que sus grupos parlamentarios marcarían en abstención.
Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP) habían adelantado su voto a favor de la censura. Esos grupos, sumados a los de miembros del Partido Morado, de Carlos Anderson (Podemos Perú) y algunas adhesiones más desde otras bancadas, hacían prever que la destitución de Silva era inminente. Se requerían 66 votos.
La otra moción
Durante la sesión plenaria, el vocero de AP trató de justificar el voto en abstención de su bancada -una posición que no compartían todos en el grupo, entre ellos Maricarmen Alva, que estaba dispuesta a bajar a su escaño y votar a favor de la censura- con la presentación de una nueva moción, pero esta vez de interpelación a Silva.
“Nosotros hemos presentado hoy [lunes] una moción de interpelación al ministro Juan Silva, para que venga acá y haga su descargo. Necesitamos como bancada un desagravio. Y el señor tiene que venir a hacer su descargo”, alegó Elvis Vergara, portavoz del partido de la lampa.
Se sumaron a ese pedido miembros de Perú Libre; Enrique Wong (Podemos Perú); Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú y titular del Mincetur; y otros legisladores de Acción Popular, como Doroteo y Mori, dos de los señalados como integrantes de mafia en el MTC.
Finalmente, el cuestionado Silva se salvó de la censura y de una nueva interpelación, pero lo cierto es que el Congreso no fue capaz de censurarlo en siete meses, pese a todas las evidencias en su contra. Ahora se entiende mejor por qué era ‘intocable’ y se explica en parte las razones por las que el Legislativo tiene una peor desaprobación ciudadana que el mismo gobierno.
El daño ya está hecho
Se fue Silva, pero el MTC sigue tomado por mafias. No solo la que implica al mismo presidente Castillo y a su entorno más cercano, que se encargaba de direccionar licitaciones de obras públicas, según el testimonio de la lobista Karelim López; está también la mafia de transportistas ilegales que lograron legalizar a colectiveros con prontuario criminal; y el copamiento y repartija de puestos claves del sector por gente ligada al partido de gobierno sin el perfil ni la experiencia necesarios, en el mejor de los casos; o con graves denuncias o antecedentes, en el peor de los escenarios.
Con más de S/ 12 mil millones para este 2022, el MTC es la cartera con mayor presupuesto y, por tanto, un botín apetecido por estos grupos que han capturado el sector. Buena parte de este presupuesto se destina a obras de carreteras, que además es un calda de cultivo de corrupción. Esto además hace que se descuiden otros temas importantes, como el transporte urbano e interprovincial, hoy en manos de mafias que han sido legalizadas en la gestión de Silva.
Ya sin el fajín, Silva tendrá que responder a la justicia por las graves imputaciones de copamiento y corrupción en su contra. Su salida no lo limpia de culpas, mientras que la fiscalía tendrá de corroborar las declaraciones de Karelim López como parte del proceso que inició para acogerse a la colaboración eficaz.
Por su lado, la Contraloría anunció que “en los próximas días” se enviará a 24 auditores al MTC, para que realicen labores de investigación tras la declaración de Karelim López ante la Fiscalía de Lavado de Activos.
Las obras adjudicadas bajo sospecha de corrupción, solo en este gobierno, suman más de mil millones de soles (S/1.175′722.029), según el Ministerio Público. Hay bajo investigación al menos 30 funcionarios de Provías Nacional, que aprobaron 10 contratos a dos empresas chinas y una compañía peruana durante la gestión de Pedro Castillo, reveló El Comercio.
Estas compañías son China Railway Tunnel Group Co., China Civil Engineering Construction Corporation y la peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., que aparecen en el USB que Karelim López entregó a la fiscalía como parte del proceso para acogerse a la colaboración eficaz.
Este mismo lunes, personal del Ministerio Público y de la Policía Anticorrupción ingresó a las oficinas de Provías Nacional, ubicadas en la sede del MTC, en el Cercado de Lima, para empezar a recopilar información como parte de una investigación preparatoria “contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión desleal agravada y otro, en agravio del Estado”.