El fiscal superior Omar Tello, a la sazón coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, está en la mira de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que empezó a regocer información y le ha pedido al magistrado que explique y detalle las razones por las que busca conocer todas las acciones de todos fiscales provinciales y superiores anticorrupción.
El 29 de diciembre pasado, a través de la circular circular 286-2021-MP-FN-FSNCEDCF, Tello dispuso que los fiscales provinciales y superiores anticorrupción den cuenta a su despacho de los operativos que vayan a realizar en el marco de las investigaciones que tienen a su cargo. En buena cuenta, Tello quería saber cuándo, dónde y a qué hora se harían los operativos “inopinados”.
Esta medida la tomó justo cuando diversas fiscalías anticorrupción estaban interviniendo ministerios y hasta Palacio, por casos que implican al gobierno de Pedro Castillo, como la presión en los ascensos de las FFAA y la Policía; los US$20mil hallados en el despacho del entonces secretario presidencial Bruno Pacheco; las licitaciones sospechosas como puente Tarata III; o la venta de biodiésel a Petroperú.
Para más señas, Tello aparece en la delación de Karelim López como el fiscal que buscaría garantizar la impunidad a la supuesta mafia que denunció en el MTC para direccionar obras públicas y que incluiría al propio mandatario y su entorno más cercano, que implica a sus sobrinos y a otros personajes prontuariados, como Zamir Villaverde, un exasaltante que ahora es un empresario oscuro y peligroso.
El fiscal alega que la candidata a colaboradora eficaz es una delincuente a la que no debemos creerle. Sus declaraciones, claro, deben ser corroboradas, pero no es la primera vez que la actuación de Tello genera sospechas. Veamos.
‘Los dinámicos’
A inicios de junio del 2021, Tello demoró un operativo en Junín para capturar a ‘Los dinámicos del centro’, la mafia vinculada a Perú Libre. En ese momento, el fiscal alegó que no habían policías para realizar la intervención, porque había una orden de inamovilidad para las fuerzas del orden, porque estábamos en plena segunda vuelta, en la que Pedro Castillo disputaba la presidencia con Keiko Fujimori.
Pero lo cierto es que todo estaba listo en la Diviac, que había investigando por un año a esta organización criminal enquistada en el gobierno regional de Junín junto con la fiscal fiscal anticorrupción de Huancayo Bonnie Bautista.
Tello no autorizó el apoyo de los fiscales a la Policía. Un operativo por este caso, en el que estaban implicados dirigentes de Perú Libre, hubiera tenido un impacto electoral en medio de campaña tan polarizada y ajustada.
El fiscal Tello decidió hacer el operativo recién el 15 de junio, cuando la segunda vuelta había pasado, pero no hubo resultados porque los principales cabecillas de la mafia, como Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, ya se habían puesto a buen recaudo. La fiscal Bautista sospecha que los dirigentes de Perú Libre implicados fueron alertados de la intervención. Hasta presentaron un hábeas corpus para evitar el allanamiento a sus casas y oficinas.
Hasta la fecha, ‘Pinturita’ y compañía siguen prófugos. Se sospecha que en Bolivia. Por este tema, la oficina de control interno del Ministerio Público le inició una investigación a Tello que fue archivada al poco tiempo.
Tello también se opuso a que la investigación de ‘Los dinámicos del centro’ pase a una fiscalía supranacional en Lima, como pedían diversos expertos y analistas, porque en Junín no habían las garantías necesarias, debido al poder e influencias del exgobernador y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en esa región. Pero la presión mediática hizo que el fiscal superior modificara su posición inicial.
El caso Sarratea
Luego, cuando estalló el escándalo por las reuniones clandestinas del presidente Castillo en la casa del pasaje Sarratea en Breña, que le sirvió de búnker en la campaña, Tello dijo que para él no había indicios de delito en lo que había destapado Cuarto Poder.
El día siguiente de ese destape periodístico, Tello realizó un operativo “inopinado” contra funcionarios de menor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por un caso que se investigaba hacía varios años. El fiscal convocó incluso a todos los medios a la sede del MEF, cuando el tema que concentraba la atención mediática era otro, el de Sarratea.
La última de Tello
Ahora el fiscal superior bajo sospecha quería que la Fiscalía de Lavado de Activos le entregue toda la información sobre el proceso de colaboración de la lobista Karelim López, que implica al presidente Castillo y su entorno.
“En colaboración eficaz, quien tiene la competencia para investigar es quien la debe conocer, es quien debe corroborar, y esa investigación ya es llevada por los fiscales anticorrupción, que exista un dicho de la fiscal o de esta persona en otra instancia… lo que debiera suceder es que se remita esa colaboración, ese es el procedimiento regular”, dijo Tello en radio Exitosa.
El fiscal superior quería que el tema pase al sistema que él dirige, el de anticorrupción, pero esa pretensión fue rechazada. La fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire, a cargo del proceso de colaboración eficaz de López, se mantendrá con la carpeta.
Según el testimonio de Karelim López, ella había tenido una reunión con un primo de Tello, que sería el comandante de la Policía Arturo Parra Tello, quien había llegado a un restaurante de Lince con uno de los sobrinos del presidente Castillo, Rousbelt Oblitas. En se contexto, el “primo” le dijo a la lobista que en la investigación que el Ministerio Público abrió al mandatario, “todo estaba controlado, que se mantuviera callada, que todo iba a estar tranquilo”.
Por ello, César Nakazaki, el abogado de López, declaró públicamente que una de las razones para que su patrocinada no se haya acogido desde el principio a la colaboración eficaz es porque no confiaba en las fiscalías anticorrupción. “Cómo podía confiar Karelim en los fiscales si el jefe de estos sería parte de la organización”, apuntó.
Así, la lobista decidió ser candidata a colaboradora eficaz con una fiscal de lavado de activos que pertenece al equipo especial Lava Jato. Nakazaki ha contado que, en el tercer día de la declaración de su clienta, Karelim López recibió una amenaza de muerte vía WhatsApp. Luego vinieron otras, pero el hilo de la madeja ya se empezó a desenredar.