El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha defendido y ratificado la propuesta de un “ingreso libre” a la universidad pública en el país. Lo ha incluso tras la primera vuelta del 11 de abril, pero esta medida, incluida en el “ideario” que elaboró el dueño del partido, Vladimir Cerrón, es inviable por varias razones.
“Gestaremos el ingreso libre a las universidades del pueblo […] Basta de lucrar con la educación, basta de discriminar con la educación del pueblo peruano”, dijo en la Plaza de Armas de Jaén, Cajamarca, ante sus seguidores, el 17 de abril pasado.
Para empezar, hay que precisar que hoy el ingreso a la universidad es libre, pero meritocrático. Lo que plantea Castillo y Perú Libre es eliminar el examen de admisión, lo cual no es posible, debido a las condiciones actuales de nuestro sistema educativo.
El artículo 98 de la Ley Universitaria (Ley N°30220) señala el proceso de admisión que deben cumplir las universidades públicas y privadas, el cual “se realiza mediante concurso público”, es decir, “un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal”. Cambiar esta norma requiere un proyecto de ley que debe pasar por el Congreso (el problema es que Vladimir Cerrón quiere cerrar el Parlamento si gana Castillo).
La propuesta también es inviable en la práctica. Veamos. De un universo de 1.5 millones de estudiantes universitarios a nivel nacional, poco más de 315 mil estudian en universidades públicas. Una medida así, estimamos, podría duplicar esa oferta, lo que implicaría que más de medio millón de peruanos asistan a universidades públicas.
El problema es que hoy las universidades públicas ya tienen recursos e infraestructura limitados para atender la demanda actual. Además, el acceso de la población de zonas rurales a universidades es limitado, debido a que la mayoría de estas casas de estudio están en ciudades capitales. Esto, sin considerar el importante crecimiento de la planilla pública de educación superior que implicaría.
Además, las evaluaciones de ingreso son un filtro necesario para limitar el volumen de alumnos que, tanto universidades públicas como privadas, pueden atender, por lo que eliminar ese requisito permitiría que cualquiera pueda exigir formar parte de una casa de estudios a pesar de que pueda no tener las aptitudes y conocimientos mínimos necesarios, lo que afectaría no solo meritocracia, sino también los recursos (físicos, tecnológicos y de personal) para la atención adecuada de los alumnos.
A esto se suma que, a raíz de la reforma universitaria, unas 50 universidades tendrán un cierre gradual, es decir, seguirán operando por dos años para que las promociones más avanzadas puedan terminar, pero la denegatoria de la licencia de funcionamiento por no cumplir las condiciones básicas de calidad educativa, les prohíbe realizar nuevas admisiones. La oferta se reducirá todavía más.
Se podría mencionar también que ampliar el acceso a la educación universitaria no asegura mejores condiciones laborales o económicas para nuestros jóvenes. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 13.2% y en ese mismo periodo, solo en Lima Metropolitana, se perdieron más de 600 mil empleos juveniles.
En estas circunstancias, el empleo adecuado se redujo un 73.3% y la remuneración promedio también cayó 1.9%. Por ello, es necesario entender que el mercado necesita de mano de obra calificada y personal técnico, y desde ese punto de vista, sería más importante incrementar la oferta de institutos de mayor calidad y especialización.
Por ello, una propuesta de este tipo debe analizar el mercado laboral y la economía peruana, porque actualmente tenemos un serio problema de subempleo de profesionales egresados de universidades, porque no hay trabajo. Hoy, además, los trabajadores que las empresas contratan se dividen en personas con estudios básicos (secundaria completa), que componen la mayor parte del personal, y cerca del 30% tienen estudios superiores. Pero dentro de ese porcentaje, cerca del 80% son técnicos.
En suma, la propuesta de Castillo es inviable porque la universidad pública no cuenta con los recursos económicos, la infraestructura ni el personal calificado para lograr que se pueda implementar, por lo menos no en el corto plazo. Que no te floreen.