Uno de los pilares de la democracia son las libertades de prensa y expresión, pero hoy todo apunta a que estarán bajo constante acecho durante el gobierno de Perú Libre. La última señal preocupante en ese sentido la dio el mismo presidente electo Pedro Castillo, que de su puño y letra firmó y remitió, junto a su abogado Julián Palacín, una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la que cuestiona al aún titular del sector, Eduardo González, por no haber abierto una investigación al canal Willax TV y en particular al periodista Beto Ortiz, por supuestas violaciones al “código de ética”.
En la misiva se pide una “investigación administrativa con citación pública y apersonamiento de todos los agraviados” contra el canal y Ortiz, que fueron muy críticos a la candidura de Castillo. No se precisan los hechos que habrían configurado las violaciones éticas, pero sí las posibles consecuencias: “De encontrarse responsabilidad administrativa, se tendrán que imponer multas y el Procurador Público estará en la obligación de interponer las denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales y medidas cautelares que correspondan”.
Es una clara intimidación, más aún si se tiene en cuenta que, en unos días más, a partir del 28 de julio, el profesor cajamarquino asumirá la presidencia y tendrá el control del MTC. Si Pedro Castillo o cualquier ciudadano sienten que han sido difamafos o afectados en su honor, existen las vías judiciales para querellar a los que consideran responsables.
Por su puesto que los canales de televisión están sujetos a ciertas normas porque usan el espectro radioeléctrico del Estado y si las incumplen hay mecanismos de sanción; además el ejercicio periodístico exige rigor informativo y responsabilidad. Por cierto, Willax ha cometido excesos evidentes, como en el caso Sinopharm, pero la mejor sanción es la de los televidentes y su decisión de ver o no ese medio de comunicación. El camino que han escogido Castillo y compañía abre una peligrosa caja de pandora. Porque hoy es Willax, mañana puede ser cualquier otro medio o periodista que le sea incómodo al poder de turno.
La actitud del presidente electo y el abogado Palacín -que encima ha sido voceado como titular del MTC- ha merecido el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.
Pero no es la única señal preocupante de lo que se viene. A la carta dirigida al MTC se suma una investigación preliminar en la fiscalía contra los periodistas Beto Ortiz y Phillip Butters, también de Willax, por una presunta conspiración para la sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública, que a todas luces es un despropósito legal, aunque abre las puertas para ir más allá y solicitar prisión preventiva, embargos o incautaciones.
Y si nos remitimos al ideario de Perú Libre -que varios de sus congresistas electos reivindican-, encontramos que ahí ya se hablaba de un control de los contenidos de los medios de comunicación. El mismo Vladimir Cerrón, cuando fue gobernador de Junín, persiguió, amenazó y amedrentó a periodistas críticos de su gestión, que estuvo marcada por la corrupción e ineficiencia.
Una amenaza constante
Consultado al respecto, el abogado Andrés Calderón, experto en libertades informativas y jefe del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, considera que existe un peligro latente para las libertades informativas y de opinión y que un eventual control de medios podría darse de dos modos en el gobierno de Pedro Castillo.
Uno directo, mediante una ley de medios que establezca “ciertos controles, que le den suficiente discrecionalidad a un poder político para castigar a un medio de comunicación cuando tenga una línea editorial de oposición,o sea crítica o investigadora, que resulte desagradable al gobierno”, apunta. El otro es indirecto, “mediante límites específicos a la estructura o propiedad de los medios, lo cual pudiese terminar siendo una represalia contra algunos medios de comunicación”, agrega Calderón.
¿Podría suceder algo parecido a lo que pasó Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela? “Tendría que haber un cambio en la legislación para llegar a esa consecuencia (dejar de renovar la concesión). Actualmente existe un camino empinado para hacerlo, como son los casos de reincidencia de infracciones muy graves”, comenta el especialista.
Para Jorge Valenzuela, sociólogo de la PUCP y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, el nuevo gobierno tendrá posturas más críticas con aquellos que le fueron más críticos. “Willax es el medio más patente y más obvio de oposición a la campaña de Castillo”, nos comenta. “El canal va a continuar, pero algunas figuras podrían ser renovadas, por movidas tanto empresariales como políticas”, apunta.
Por ello, hoy más que nunca se necesita una prensa crítica y vigilante, pero también responsable; y se necesitan instituciones sólidas e independientes que la defiendan, porque es parte de los contrapesos necesarios para evitar el ejercicio abusivo del poder.
“La Prensa no debería ser activista, sino informativa y denunciar cualquier abuso de los agentes de poder”, sostiene Calderón. Y sin dudas, agrega, “debe legitimarse con la sociedad”, pues es “su principal medio de defensa” ante los atropellos que puedan generarse contra ella. “Hay que hacerle saber a la ciudadanía que los medios no están por encima de la ley, y que adoptan sus propios controles autorregulándose; (…) Esto envía un mensaje de que quienes controlan los medios son, finalmente, los ciudadanos”, subraya.
Valenzuela considera que “siempre que los medios tengan rigurosidad periodística, va a ser complicado que se vayan contra ellos por las puras”. A su criterio, la prensa “no se tiene que casar con nadie: debe denunciar lo malo cuando lo identifica y aplaudir lo bueno” y, sobre todo, “debe filtrar su información: realizar un fact checking como parte de su trabajo”. Sin perjuicio de ello, debe también utilizar un lenguaje lo más consumible posible. Este, a su criterio, es un potencial elemento legitimador ante la ciudadanía, que podría mitigar cualquier potencial riesgo de ataque por parte del gobierno de turno.