El fin de semana, el domingo 20 para ser más precisos, apareció a doble página, un publirreportaje en La República, en sus versiones impresa y online, destinado a levantar la imagen del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori.
La designación de Condori Machado, como parte de la cuota de poder de Vladimir Cerrón en el gobierno, generó un fuerte rechazo desde el inicio, porque se trata de un personaje sin la experiencia ni el perfil para el cargo; además tiene una investigación en curso por corrupción en Junín y promueve un producto pseudocientífico, el agua arracimada.
Condori solo ha dado una entrevista a un canal de televisión digital de Perú Libre, el partido al que pertenece, ha descartado renunciar luego de que la comunidad médica y científica en el Perú exigiera su salida, y hasta ofreció puestos claves en el Ministerio de Salud (Minsa) a gremios sindicales a cambio de apoyo.
Su permanencia ha generado una ola de renuncias en el sector, la mayoría profesionales competentes y con experiencia, lo que ha puesto en riesgo el proceso de inmunización en medio de la peor pandemia del siglo. Hasta el momento no ha nombrado al nuevo viceministro de Salud, tras la renuncia de Gustavo Rosell.
Así, en medio de este contexto y de la crisis e incertidumbre en el sector, el Ministerio de Salud (Minsa) negó haber contratado ese publirreportaje, que se publicó en formato entrevista. Por la pandemia, la política de publicidad del Minsa está restringida a promover la vacunación contra la COVID-19.
¿Quién lo pagó entonces? En un comunicado, La República informó que el publirreportaje fue contratado por el Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud, adscrito al Minsa. La apoderada de esta entidad es la exministra Liliana La Rosa.
El problema es que los recursos del Programa de Inversión y Creación de Redes Integradas de Salud se deben destinar solo a fortalecer el primer nivel de atención, no a publicidad destinada a lavarle la cara a funcionarios cuestionados, explicó el exministro de Salud Oscar Ugarte.
“Es absolutamente irregular (…) ese programa es financiado con recursos externos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo tanto, son fondos de crédito, que tenemos que pagar como país”, dijo en RPP Ugarte.
“Creo que las autoridades no solo administrativas, la Contraloría General de la República y quizás hasta la Fiscalía tendrían que intervenir para ver quién toma la decisión del uso de esos fondos que tienen un fin específico para publicidad. No se justifica para nada”, agregó.
De hecho, hay dudas e interrogantes por aclarar, como ¿cuánto costó el publirreportaje? ¿Por qué solo solo se publicó en La República? ¿Bajo qué criterios?