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¿Habrá meritocracia en la elección de nuevos miembros del TC?

Publicado: 23/09/2020
2 minutos

La nueva ley que establece un concurso público en el proceso no garantiza que los mejores candidatos sean elegidos por el Congreso. Que no te floreen.

La elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso ha estado marcada por el escándalo en los últimos años. ¿No se acuerdan? Hagamos memoria: desde la ‘repartija’ del 2013 hasta el último escándalo de la designación de Gonzalo Ortiz de Zevallos en setiembre del 2019, que derivó en el cierre del Legislativo.

Por ello, en julio pasado el actual Congreso aprobó una ley para que el proceso de elección de magistrados sea por concurso público y no por invitación de los partidos políticos. Suena chévere, pero seamos francos: este nuevo método que fija -en el papel- criterios objetivos para la evaluación de candidatos, no garantiza que quienes mejor puntaje logren sean elegidos.

¿La razón es simple? Igual los candidatos deben obtener 87 votos en el pleno del Congreso para ser nombrados, al margen de que hayan sido los mejores en el concurso. Dicho de otra forma, el criterio político seguirá primando y siendo determinante. Por ello, el ideal de tener un TC apolítico -cuyos fallos por ende también sean apolíticos-, seguirá siendo eso: un ideal.

De hecho, la última vez que se eligió un magistrado del TC por concurso público fue en 2010, con Óscar Urviola. Ese proceso no estuvo libre de jugarretas políticas. Aquella vez, el candidato que obtuvo el primer puesto del concurso -que no fue Urviola- no alcanzó los votos en el Congreso para ser elegido. Más claro, ni el agua.

Y todo indica que ahora no será distinto. La actual Comisión Especial del Legislativo para la elección de seis de los siete de miembros del TC (solo el magistrado Augusto Ferrero tiene mandato vigente) aprobó anoche el texto del reglamento del proceso, que será publicado este jueves para que la ciudadanía plantee observaciones. Pero lo hizo al caballazo, sin escuchar a expertos en concursos públicos.

Así, las posibilidades de que esta elección sea también rochosa es muy alta. Por lo visto hasta ahora, el actual Congreso es tan impresentable como el que fue disuelto: no ofrece garantías para un concurso transparente y hay temas claves que el TC tiene que resolver, como la demanda de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó contra la ley que permite la devolución de aportes de la ONP. Hay que estar atentos.