En setiembre, la Defensoría advirtió sobre el conflicto en la comunidad de Aquia (Áncash), pero el gobierno no hizo nada hasta que Antamina, esta semana, optó por suspender sus operaciones ante el vandalismo de los manifestantes contra los bienes de la empresa (quemaron un camión cisterna) y las amenazas contra sus trabajadores.
La Defensoría también alertó de manifestaciones contra mineras de Ayacucho el último 25 de octubre. Las protestas para pedir el retiro de las empresas de la región iban a empezar el 28 de octubre, y el gobierno tampoco hizo nada. Llegó el día y se desató el caos y la violencia en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara.
También hubo bloqueos y diturbios en los distritos de Chaviña, Sancos, Coracora y Puyusca, pero el pasado 29 de octubre fue el día de mayor violencia, cuando los manifestantes prendieron fuergo a las instalaciones de la empresa minera Apumayo y en paralelo destruyeron el campamento minero de Breapampa, operado por South America Mining Investments (SAMI). El resultado: 12 personas heridas, entre ellas dos policías.
Mucha improvisación, cero prevención y mentiras a granel
Con este gobierno, la prevención de conflictos sociales “ha sufrido un bajón”, según Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo. El funcionario agregó que ningún Estado puede ser tolerante frente a “actos violentos”.
Además, la gestión de conflictos debe estar manejada principalmente por los órganos especializados para ello. Es decir, en el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión de Diálogo dentro de la PCM. Pero ya hemos visto como el presidente Pedro Castillo, sin ningún criterio, nombró primero de premier a Guido Bellido y luego como viceministro de Gobernanza Territorial a Braulio Grajeda. Ninguno tenía el perfil ni la experiencia para esos cargos.
Pero ahora la premier es Mirtha Vásquez, quien es una conocida antiminera, aunque ella se presente como «ambientalista». De hecho, justificó la violencia y el vandalismo en recientes protestas en Áncash y Ayacucho. “Detrás de los conflictos, siempre hay intereses. Muchos de ellos legítimos. Hay muchas demandas que tienen asidero”, dijo.
Pero lo que no dice la jefa del gabinete es que la mayoría de demandas sociales son por la mala gestión pública de los recursos que aporta la minería a los gobiernos locales o regionales.
La misma postura tiene el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, que salió a culpar del conflicto en Aquia a Antamina, pese a que esta empresa es un ejemplo de minería responsable en el país, coinciden diversos expertos. Y lo hizo poco después que la PCM anunció que la comunidad de Aquia y Antamina firmaron un acta para levantar protestas.
Por ejemplo, cada día que Antamina no opera, Áncash pierde S/ 4.1 millones en canon y regalías, pero en 2020, las autoridades regionales y locales de este departamento no ejecutaron S/ 1.400 millones de canon minero. Con ello se pudo asfaltar 718 kilómetros de vías que le hacen falta a la región. También se pudo construir 277 centros de salud de primer nivel o siete hospitales de segundo nivel.
Lo que tampoco dicen Mirtha Vásquez o Eduardo González es que a setiembre de 2021, el gobierno regional y los gobiernos locales de Áncash solo ejecutaron el 38% y 35% de la inversión pública, respectivamente. Es decir, las regalías y el canon no se traducen en mejores servicios ni obras para los ciudadanos. ¿Y de quién es la culpa?
“El Estado tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento permanente de cómo están las relaciones entre la minera y la población. De modo tal, que, si hay demandas sensibles de la población en relación al comportamiento de la minera, como el cumplimiento de sus compromisos, riesgos de contaminación o problemas de carácter laboral o de seguridad, el Estado debe anticiparse a que esas demandas no vayan a convertirse en conflictos sociales y en hechos de violencia posteriormente”.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría. El Comercio 03/11/21.
Lo mismo señala Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al sostener que el gobierno no da señales muy claras que le permita solucionar los conflictos minero o, lo que es más importante, preverlos.
“El Gobierno no puede ser reactivo en esta materia, tiene que asumir una postura mucho más proactiva, involucrándose de manera más intensa en los diálogos que necesitamos para llegar a buen puerto con este tipo de disputas. Esto no lo estamos viendo”.
Pablo de la Flor, de la SNMPE.
Lo que es claro es que estamos ante un gobierno que no cree en la inversión privada ni en la minería, pese a que es la actividad que más recursos aporta al Estado. Ahora es Antamina, pero hay conflictos latentes y potencias en Las Bambas, Cerro Verde o Yanacocha, que son grandes operaciones mineras que reportan ingresos significativos para el país por concepto de tributos.
Esta situación de inestabilidad e incertidumbre impacta en las expectativas de inversión para el país, como lo advirtió el presidente del BCR, Julio Velarde; también presiona al alza el tipo de cambio. El dólar volvió a estar por encima de los S/ 4.00 y los precios siguen subiendo, porque la inflación en lo va del año ya está en 5.73%, muy por encima del rango meta del BCR.