La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, no logró que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) pase a estar adscrita a su sector, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), como se lo pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que rechazó la propuesta al señalar que afectaría la autonomía e independencia de esta entidad que gestiona los recursos humanos del Estado.
La intención de tomar el control de Servir es una medida que forma parte de la llamada Agenda 19, hoja de ruta que acordó el MTPE con distintos sindicatos del Perú en la gestión del exmimistro Iber Maraví y que su sucesora en el cargo también defiende.
En un oficio de la PCM remitido al despacho de la ministra Chávez se lee que “no resulta viable el cambio de adscripción” de Servir porque “no se identifica una problemática que sustente el cambio”. En respuesta, la titular de Trabajo solicitó una reunión a la PCM para coordinar la aprobación de su propuesta, aún sin fecha. Es decir, insistirá con ese cambio.
¿Cuáles son los riesgos de que una medida así se concrete?
El primer riesgo es que se frustre la tan ansiada reforma del servicio civil, que ha tenido algunos avances desde que se creó Servir, en el 2008, con el objetivo de consolidar un régimen que instaure un perfil meritocrático para los trabajadores del sector público.
La cercanía del gobierno con los sindicatos que se oponen abiertamente a Servir haría aún más complicado que se sigan haciendo los cambios necesarios para evitar lo que hemos visto en estos cinco meses de gestión del presidente Pedro Castillo, en los que ha insistido en designar a personajes sin la experiencia ni el perfil técnico para los altos cargos que ocupan.
Los casos de Julián Palacín en Indecopi y Daniel Salaverry en Perúpetro son quizá los dos ejemplos más elocuentes de los que es nombrar a personas en altos cargos que requieren mucha capacidad técnica sin ningún criterio más que el político; pero no son los únicos. Hay al menos 24 nombramientos que están bajo la lupa de la Contraloría.
“Servir podría perder la autonomía técnica porque sus criterios tienen una lógica distinta al MTPE”.
Juan José Martínez, ex presidente ejecutivo de Servir.
Es además un despropósito darle al Ministerio de Trabajo la administración de un régimen laboral adicional, cuando no es capaz de cumplir su principal objetivo, que es combatir la informalidad (que llega al 78% en el sector privado) y el desempleo en el país.