El pedido de facultades del Ejecutivo al Congreso para legislar en materia tributaria por 120 días ha desatado controversia, porque el gobierno pretende aumentar la recaudación a través del camino más fácil: más impuestos y a los mismos de siempre, las empresas y personas formales.
El problema es que el ministro de Economía, Pedro Francke, mintió, porque había señalado, al ser consultado por el tema antes de que se presente el proyecto, que en materia tributaria se limitarían solo a temas puntuales y salvo la minería, no habría subidas de tasas.
Pero la iniciativa de ley con el pedido de facultades pretende subir varios impuestos. Por ejemplo, se busca a modificar el Impuesto a la Renta (IR), para aumentar las tasas que pagan personas jurídicas (empresas) y personas naturales (trabajadores independientes y en planilla). Las empresas actualmente pagan 29.5% de IR. ¿A cuánto desean aumentar? No sabemos.
Además, a las personas de primera categoría, que tienen ingresos por propiedades que alquilan, también les aumentarán los impuestos. Hoy pagan 5% mensual de lo que cobran y tampoco se sabe de cuánto sería el alza.
«No se aumenta impuestos con la economía aún en recuperación pues ello socava la reactivación. No solo por su efecto directo de reducción de gasto privado, sino por su impacto en las expectativas y la incertidumbre que se genera sobre las actividades potencialmente afectadas», explicó el exministro de Economía Alonso Segura.
Uno de los puntos quizá menos controversiales es modificar las tasas que pagarán de IR las personas con ingresos anuales superiores a los S/300 mil. Son aquellos que ganan por 25 mil soles al mes, un porcentaje pequeño de la población que puede además afrontar una mayor carga tributaria.
No es una reforma
El tema es que se incide solo en un pequeño grupo de contribuyentes formales (personas y empresas) que ya pagan altos impuestos. Es más de lo mismo, porque la propuesta del Ejecutivo no aborda problemas de fondo, que es atacar la alta informalidad de nuestra economía, para hacer que cada vez más personas paguen impuestos, pero para lo cual se necesitan los incentivos correctos, como los que explicamos acá.
Tampoco se plantea nada nuevo para hacer más eficiente al Estado en el manejo de los recursos que ya recibe, que no son pocos (este año probablemente se superen los S/130 mil millones), pero los despilfarra porque no se traducen en mejores servicios para los ciudadanos.
“No se presenta evidencia razonable para varias de las propuestas de subidas de impuestos (minería incluida), y se ignora los efectos negativos que tendrían sobre el desarrollo de las actividades afectadas (inmobilario, mercados de capitales, etc)”, advirtó Segura.
El exministro de Economía agregó que a esto se suma que, en estos tres meses de gestión, el Ejecutivo transgredió las competencias del Congreso mediante decretos de urgencia de discutible legalidad, y que además sigue sin remitir un proyecto de ley que brinde base legal al marco macroeconómico multianual (MMM) y que sustente su necesidad de pedir facultades extraordinarias.
Por lo expuesto, sería muy peligroso que el Congreso otorgue las facultades al gobierno tal como han sido planteadas. “Lo apropiado sería acotarlas a materias de administración tributaria y modificaciones puntuales”, apuntó Segura.
Sin embargo, para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la reforma tributaria debe ser fruto de un trabajo técnico, profesional y con un amplio debate entre especialistas, empresarios, trabajadores, consumidores y demás sectores involucrados, por lo que el mejor espacio para ello es el Parlamento.
“Hoy más que nunca precisamos de predictibilidad, certidumbre y seguridad jurídica. El Congreso de la República no debe abdicar de su atribución constitucional de legislar en materia tributaria”, dijo el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López.
El abogado tributarista sostuvo que nuestro país requiere una verdadera reforma tributaria que contemple la ampliación de la base tributaria y no solo cargar con más más impuestos a los mismos de siempre.
Para ello es clave hacer más atractiva la formalización, sobre de las micro y pequeñas empresas (mypes), que son las que dan trabajo a 8 millones de personas en el país. “El esquema tributario actual, con sus regímenes especiales con topes máximos de ingresos o utilidades, condena a los emprendedores a no crecer o los arroja a la informalidad, precisamente por el alto costo de mantenerse en el sistema, que carece de progresividad y falta de ‘puentes’ de transición entre dichos regímenes”, sostiene Martha Bringas, abogada tributarista de la Asociación de Contribuyentes del Perú.
Quizá lo único rescatable de la propuesta del Ejecutivo es que aborda este tema, porque señala que a las mypes se les dará un nuevo régimen tributario, se eliminará el Régimen Especial de Renta (RER) y el Mype Tributario. “Lo más importante para estas empresas es que puedan emitir factura al darles servicios o bienes a las grandes empresas. La actual ley no lo permitía. Al eliminar el régimen, accederán, se supone, al flujo formal de la economía, podrán cobrar más y pagar más impuestos”, señala el economista Manuel Muñoz, también de la Asociación de Contribuyentes.