Este viernes se inició el debate sobre la solicitud de facultades legislativas en temas tributarios que el Gobierno (el Ejecutivo) le solicitó al Congreso (Legislativo). Recuerda que acá te contamos en qué consistía el famoso plan de “reforma tributaria” (que de reforma no tiene nada) que ha propuesta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En resumen, facilito el plan consistía en cargarle de más impuestos a los mismos de siempre.
Después que las comisiones (recuerda que los grupos de trabajo del Congreso se llaman comisiones) de Constitución y Economía han evaluado la propuesta, han presentado sus conclusiones (llamados predictámenes) y como que al gobierno no le va a gustar mucho que digamos. A ver, a ver. Expliquemos. Las comisiones han modificado algunos puntos y otros los han descartado (¡no van!) del proyecto original. La primera comisión que presentará su dictamen ante el pleno (los 130 congresistas) es la de Constitución. Después la de Economía. ¿Qué han decidido?
Ambas comisiones han acordado en que muchos temas tributarios (como aumentar tasas) serán volados. Pero en lo referente al sistema financiero y la reactivación económica sí aceptarán la propuesta del gobierno. Claro, con algunos cambios menores. Básicamente, lo que se vuelan es la propuesta de aumentar las tasas de impuesto a la renta a los que tienen ingresos por alquileres (1ra categoría) o ganancias por capital al invertir en bolsa o fondos mutuos (2da categoría).
Las comisiones también están de acuerdo en no aceptar el aumento de tasas impositivas a los trabajadores independientes (4ta categoría) y dependientes, los que están en planilla (5ta categoría). Otro punto que coincidieron es que a los seguros de vida se les siga exonerando respecto al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV). Esto sostiene el dictamen de la comisión de economía:
“De derogarse la inafectación del IGV a los seguros de vida, el dinamismo y crecimiento de estos seguros podría verse afectado por posibles contracciones en la demanda debido al mayor costo del seguro”. (Página 47).
Hasta acá, te hemos contado en lo que las comisiones están de acuerdo. Lamentablemente, en temas importantes no hay consenso. El primero de ellos, es en el régimen tributario a la minería. El segundo tema de discrepancia es en los regímenes de las pequeñas y medianas empresas. Si no se logra consenso, prevalecerá lo que diga la comisión de Constitución. Tenemos que mencionar que, en el caso del régimen minero, la Comisión de Economía es la que desea dar las facultades tal como lo ha pedido el Ejecutivo. Pero eso implica darle mucho poder, discrecionalidad que le llaman, al MEF.
¿Qué sucede? Una cantidad enorme de estudios, tanto nacionales (IPE, Apoyo Consultoría), e internacionales (PWC) sostienen que la carga tributaria para la minería en el Perú es mayor a la de muchos otros países mineros, como Chile y Australia. La carga tributaria de la minería peruana es alrededor del 47% (en Chile es del 41%). Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo y de algunos miembros de la Comisión de Economía, para incrementarle los impuestos al sector minero, se basa en la creencia de que la minería posee utilidades desde el primer año de operaciones, debido a que se financia con recursos propios (de sus accionistas).
Pero lo anterior es un supuesto errado totalmente, debido a que proyectos grandes, como los mineros, se financian con préstamos internacionales. El accionista recibe dividendos (utilidades) después que amortiza todos los préstamos que pidió para hacer el proyecto. Y eso puede darse a los 4 ó 5 años después de iniciado el proyecto. Por ello aumentar la carga tributaria, a tasas por encima del 50% y para aquellas empresas con márgenes operativos bajos podría ser más de 70% de carga tributaria, afectaría la rentabilidad de las inversiones y la competitividad del sector.
Pero lo más grave es que pondría en peligro la actividad económica en el país. Todos sabemos que el Perú es un país minero. Acá te lo contamos bien bonito. Ello pondría en peligro a la actividad económica, porque va a espantar la inversión privada. Mira la tabla N°1. Todos los proyectos que se verían amenazados, es decir, que no se ejecutarían y volveríamos a perder un ciclo de altos crecimientos en los precios de los minerales.
Son US$56 mil millones de inversión minera en riesgo y más de 500 mil puestos de trabajo. Posiblemente, US$8,000 millones en exportaciones anuales que no se darían. Y lo que más le interesaría al gobierno, S/6,500 millones en impuestos anuales que se les iría por las narices por ser tan obtusos en aplicar más cargas tributarias a lo que ya lo tiene.
Esperemos que, si en el gobierno no han tenido dos dedos de frente, los congresistas, sobre todo en la Comisión de Economía, lo tengan. El futuro del país no puede depender de ideologías nefastas que solo atrasan a los países y los condenan en la pobreza. Lo más perjudicados serían las regiones donde los proyectos mineros se ejecutarían. Esas regiones que por años el Estado mantuvo abandonadas. El Estado debe dejar de ser uno básico y pasar por cumplir con cerrar las brechas que existen y eso solo se puede hacer con recursos, los cuales los brinda el sector mineros.