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El mito de la ‘nacionalización’ en Bolivia

Publicado: 06/05/2021
5 minutos

Más allá de la retórica de Evo Morales, esta no fue más que la implementación de una ley aprobada por el Congreso antes de su mandato. Acá te contamos cómo lo hicieron, el contexto y sus consecuencias, ahora que en Perú hablan de replicar este proceso.

Mucho se ha hablado sobre el supuesto «milagro» del modelo económico boliviano (que no fue tan milagroso ni es sostenible, como lo explicamos aquí). A partir de las ideas de ‘nacionalización’ de los recursos naturales por parte del candidato Pedro Castillo, las comparaciones que se han generado con nuestro país han sido constantes en las últimas semanas. Pero, ¿realmente qué fue lo que hizo Evo Morales al «nacionalizar los recursos naturales»? Nosotros te lo explicamos.

La historia de Bolivia es compleja. En los 80, dictaduras militares y malas políticas habían destruido la economía nacional. Por ello, en los 90 se implementaron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al igual que en el Perú. Las ideas eran buenas, pero el problema fue la ejecución. Imperó la corrupción y el mercantilismo. En 1996 se aprueba la Ley de Hidrocarburos (N° 1698) que privatizó la empresa estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).

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A pesar del crecimiento logrado, la crisis brasileña afectó duramente a Bolivia al ser su principal destino de exportación, estancando su economía por cuatro años. Sumado a las políticas contra el narcotráfico de EEUU, que dejaron a miles de cocaleros sin empleo, se generó una enorme crisis política. La situación era crítica, el país no crecía, la deuda pública y el déficit fiscal afectaban duramente a Bolivia. Había que buscar alternativas.

En 2003, en el mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprueba el llamado ‘impuestazo’ que afectaría a 500 mil trabajadores dependientes. Esta decisión fue sumamente impopular. Así, se soltó el rumor de que quería exportar el gas natural por el puerto chileno de Mejillones. Todo esto generó la llamada «Guerra del Gas», que produjo violentas revueltas y represión militar que lo llevaron a renunciar.

Parte de este problema se generó justamente por la Ley 1698, la cual se percibía como favorable a las transnacionales. Luego de la renuncia de Sánchez de Lozada, asume el cargo su vicepresidente Carlos Mesa, quien, con el objetivo de pacificar el país, convocó a un referéndum en 2004. En este se aprobó la derogación de la Ley 1698, la exportación del gas por mar, la refundación de YPFB y la participación del Estado en toda la cadena productiva.

Carlos Mesa armó a partir de ahí un proyecto de ley de Hidrocarburos en base a estas recomendaciones. Sin embargo, su iniciativa mantenía la estabilidad jurídica de los contratos firmados con la Ley 1698, algo que no le gustó a los movimientos populares. Es ahí cuando el entonces diputado Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), presenta un proyecto de ley alternativo.

El Senado finalmente aprueba el proyecto de Morales y no el de Mesa. El presidente Mesa, al considerar que el referéndum le había dado legitimidad a su propuesta, no ratificó la ley e intentó sentarse a negociar. Esto enfureció a la población. Se generaron nuevamente protestas y violencia. En búsqueda de popularidad, aprobó otra de las demandas ciudadanas: una Asamblea Constituyente, lo que no resultó y renunció en junio 2005.

Es en 2005, cuando Evo Morales gana las elecciones. El primero de mayo del 2006, el gobierno de Morales proclamó «la nacionalización de los hidrocarburos». ¿Pero qué hizo realmente? Más allá de las fotos con militares, no hizo más que renegociar 44 contratos en base a su ley aprobada por el Parlamento. No hubo confiscación de bienes. Es por esto que, a finales del año ninguna de las 17 empresas privadas de la industria petrolera había dejado el país.

Simplemente las empresas privadas tenían que adecuarse a la nueva ley de hidrocarburos que establecía un impuesto de 32% adicionales a las regalías del 18%. Un impuesto total del 50%. Además, se pagaron compensaciones a las transnacionales para comprar el 51% de las acciones de las empresas subsidiarias de YPFB, privatizadas en los 90. El Estado ya era dueño del subsuelo, pero pasó a serlo también del gas luego de su extracción, de manera que ellos decidieran su comercialización.

Lo que sí produjo la aprobación de esta ley fue el incremento de la recaudación tributaria, que pasó a componerse en cerca del 25% por el nuevo impuesto IDH. Esto sin duda puede sonar bien, pero tuvo un efecto colateral: las inversiones extranjeras se desplomaron. Mientras con Evo esta representaban el 6.5% del PBI, luego de esta decisión, se redujeron a la tercera parte: 2.4%. Las empresas de gas se quedaron para no perder sus propiedades, pero la inversión cayó en todo el resto de sectores.

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Lo cierto es que en Bolivia no existió una verdadera «estatización». De haberlo hecho, sin duda, estarían como Venezuela: no podrían producir. La razón por la que pueden hacerlo es porque YPFB subcontrata todas las actividades a empresas privadas trasnacionales, por más que los recursos sean de su propiedad. Por este motivo podemos encontrar declaraciones del presidente de Repsol diciendo cosas como que: «Bolivia es un socio estratégico y un país magnífico para invertir«, en 2015.

Es decir, la nacionalización de Evo fue «exitosa» porque no se hizo al caballazo. Se aprobó en el Parlamento y se respetó la propiedad privada. Lo que no terminan de comprender en Perú Libre es que hoy el Perú ya puede ser dueño de los recursos luego de su extracción. Los contratos de servicios de petróleo son justamente eso: la empresa extrae el petróleo y lo vende a Petroperú, que lo convierte en gasolina para comercializarlo. En ese caso, el petróleo nunca deja de ser del Estado.

Si aplicáramos la receta boliviana que propone Perú Libre, al revisar todos los contratos, nos daría los mismos resultados: tal vez recaudemos más, pero todo el resto de sectores se verían afectados. Evo Morales prometió la industrialización de gas, algo que no nunca se hizo; todo lo contrario: su modelo sigue siendo primario-exportador. No respetar la estabilidad jurídica de los contratos cerraría nuestra economía, poniéndonos en una situación crítica frente a la crisis económica.

Raúl Labarthe
Ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Lima, con estudios en economía, gestión y finanzas públicas. Columnista en el Diario El Reporte, fue jefe de investigación económica en la Asociación de Contribuyentes del Perú y asesor parlamentario.
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