El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Martín Vizcarra por el caso ‘vacunagate’, que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 10 años, con lo que el expresidente no podría asumir el cargo de congresista para el periodo 2021-2026, pese a que resultó electo en las elecciones del último 11 de abril, según el conteo oficial de la ONPE.
Esta sanción era inminente, pese a los intentos y maniobras de Vizcarra para impedirlo. Trató de hacerlo hasta el último, pero el Legislativo rechazó pedido de la defensa legal del exmandatario para postergar el debate y lo aprobó igual este viernes, en su ausencia, con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vizcarra infringió seis artículos de la Constitución por haberse vacunado con las dosis de Sinopharm, pese a que no ser voluntario de los ensayos clínicos, cuando se desempeñaba como presidente, en octubre del 2020, y además usó su poder como jefe de Estado para favorecer a su esposa Maribel Díaz y a su hermano César Vizcarra, también vacunados.
Por este tema, Vizcarra presentó dos recursos de amparo ante el Poder Judicial contra el Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al alegar que han vulnerado el debido proceso con un juicio político “express”.
Pero lo cierto que el procedimiento ha seguido todas las etapas que establece el reglamento del Congreso para aprobar la acusación constitucional. “Es algo que está con arreglo a la norma”, sostiene el abogado experto en derecho electoral José Tello.
Es decir, Congreso actuó según sus prerrogativas y sobre el marco del artículo 100 de la Constitución acerca del antejuicio político, que debe cumplir una serie de procedimientos regulados en el Reglamento del Legisltivo.
Así las cosas, la aplicación de la inhabilitación en un juicio político es inmediata. “No hay otra instancia”, explica en El Comercio Óscar Urviola, expresidente del TC, que agrega que los recursos de amparo ante la justicia no deberían proceder porque se trata de un juicio político, que se rigen por la jurisprudencia del TC.
Vizcarra además tiene otras cuentas pendientes con la justicia. Afronta tres procesos judiciales, uno por corrupción, en el que es acusado de recibir dos coimas de más de S/2 millones, por la licitación del Hospital Regional de Moquegua y el proyecto “Lomas de Ilo”, cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).
Los otros dos son el caso “Richard Swing” y el “vacunagate”, en los que es investigado por la Fiscalía de la Nación, por ser hechos cometidos durante su gestión como presidente de la República. Es decir, le asiste el derecho al antejuicio constitucional como exmandatario.
DATOS
En la misma sesión se aprobó, por 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, las acusaciones constitucionales por el ‘vacunagate’ contra la excanciller Elizabeth Astete, que fue suspendida por un año para ejercer cargos públicos, y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, inhabilitada por ocho años, con 83 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.