A raíz del confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19, actividades esenciales o cotidianas (compras, consulta médica, clases, trámites, entre otras) pasaron a realizarse de manera virtual. Esto nos deja como lección la necesidad de contar con un plan que permita generar una verdadera transformación digital en el Perú. Para que esto sea posible, se necesita promover la oferta de redes de telecomunicaciones en zonas que no cuentan con cobertura, y generar espacios que incentiven el interés y beneficios del uso del internet.
¿Qué podría pasar con este sector en un eventual gobierno de Perú Libre?
Tal como lo ha planteado Pedro Castillo en múltiples entrevistas, y en su segundo plan de gobierno, “Perú al Bicentenario sin corrupción”, se propone reconocer el acceso al internet como un derecho constitucional, y otorgar un subsidio temporal y focalizado para el servicio de internet, como apoyo directo a las familias. ¿Son estas las medidas que necesitamos?
Primero, se ha propuesto convocar a una Asamblea Constituyente para garantizar entre otros, el derecho al internet. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha reconocido el derecho a la conectividad como un derecho habilitador de otros derechos fundamentales, como la educación y la libertad de expresión, opinión y de información. E incluso, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto para que el Estado garantice el acceso gratuito a internet en entidades, instituciones y espacios públicos (reforma el artículo 14° de la Constitución) .
Aunque el internet ya ha sido reconocido como un derecho, esto no ha significado un cambio real respecto a la brecha digital existente. Esto demuestra que el acceso a internet será posible solo en la medida que el Estado incentive inversiones estatales y facilite las privadas, señal que no ha brindado Pedro Castillo ni sus representantes.
En cuanto al subsidio, funciona para las personas que ya tienen acceso al servicio, pero no lo incrementa. Y precisamente el principal problema de nuestro país es la gran brecha entre zonas rurales y urbanas (Lima Metropolitana y resto urbano), pues conforme aumenta la conectividad a internet de los hogares (de 13% en el 2010 a 40% en 2020 a nivel nacional) crece también la brecha por ámbito geográfico.
Como se puede observar en el Gráfico N°1, en el 2020, 60 de cada 100 hogares en Lima Metropolitana tuvieron conectividad a internet, mientras que en las zonas rurales apenas 5 de cada 100 hogares. Según Diego Carrillo, viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al 2020 existen aproximadamente 4.5 millones de peruanos que viven en centros poblados que no tienen la accesibilidad al servicio de internet.
Para que más peruanos cuenten con acceso a internet, existe la opción de internet móvil. Para ello es necesario la instalación de estaciones base (antenas). Al 2020, el número de antenas ascendió a 28,755 a nivel nacional, esto es 6 veces el número de antenas de hace una década. Sin embargo, existe una brecha mayor a 8 mil antenas para atender la demanda. Según estimaciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), hasta el 2025 se necesitaría la instalación de 36,695 antenas.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para reducir la brecha de acceso básico y calidad en los servicios de telefonía móvil e internet en el largo plazo, se debería invertir US$32 mil millones.
Estas medidas no parecerían suficientes, entonces ¿en qué se debe trabajar?
- Tarifas competitivas, menor regulación y otros incentivos a la empresa privada para que participe en las inversiones del sector. La Red Dorsal Nacional (con una inversión de más de US$333 millones) es el ejemplo de cómo costos excesivos, tarifas planas poco competitivas y limitaciones legales y regulatorias pueden generar que un proyecto bandera no haya logrado atraer suficientes clientes en cinco años y esté siendo subutilizada (en la actualidad solo se ha utilizado el 17% de su capacidad).
- Seguimiento y continuidad a los 21 proyectos regionales de banda ancha, pues al 2019 aún se encontraba pendiente el 60% de las inversiones.
- Paralelo al trabajo para incrementar la cobertura del servicio, es necesario pensar en el largo plazo y considerar la calidad del mismo. El incremento en el número de antenas permitirá hacer posible que la tecnología 5G llegue a Perú.
Debido a que tenemos situaciones heterogéneas, las medidas que se adopten deben ser focalizadas. Las zonas que ya cuentan con internet, requieren mejorar su calidad (mayor velocidad), y las que no poseen dicha facilidad, necesitan el avance de proyectos de inversión.
Está en manos del futuro gobierno tomar la sartén por el mango, dejar el discurso de lado y poner manos en acción para crear la condiciones necesarias que procuren una verdadera conectividad para los peruanos de todos los rincones del país.