Una nueva Constitución, a la medida de sus pretensiones, en un viejo fetiche de la izquierda, la de antes y la de hoy, de radicales y moderados. Si hay algo en que están de acuerdo las dos facciones que pugnarán por el poder en un eventual gobierno de Perú Libre –la de los “técnicos” de Nuevo Perú que arroparon a Pedro Castillo en la segunda vuelta y la del ala radical del dueño del partido, Vladimir Cerrón– es en cambiar la Carta Magna. El asunto está en cómo y cuándo.
Pedro Francke, vocero económico de Pedro Castillo, ha dicho en recientes entrevistas que, en efecto, quieren cambiar la Constitución, pero mientras no lo logren –se entiende que a través de los mecanismos que la misma Constitución establece, cuyo único camino disponible es el Congreso, donde no tienen los votos–, respetarán la actual, que propugna la economía social de mercado, la separación de poderes y el respeto a la independencia y autonomía de instituciones claves como el Banco Central.
El problema es que sus ‘socios mayoritarios’, Cerrón, Guillermo Bermejo y compañía, parecen estar dispuestos a cruzar el Rubicón con tal de lograr su objetivo de la Asamblea Constituyente, como en algún momento lo dijo el mismo Cerrón cuando habló de la “tercera vía” –que implica forzar el cierre del Congreso y romper el orden constitucional–, o más recientemente Bermejo, que dejó en claro que los invitados como Francke son solo eso, porque los que han ganado las elecciones son ellos, los del partido del lápiz, y que por tanto lo que buscarán es imponer su ideario marxista-leninista-mariateguista.
El silencio de Castillo, su incapacidad para deslindar de Cerrón y sus despropósitos y exabruptos, no permiten vislumbrar de qué lado se pondrá una vez instalado en Palacio. Por ello no convencieron todos los esfuerzos de moderación que ha hecho tanto él como su entorno en la reciente campaña. Esa zozobra e incertidumbre es la que mantiene en vilo al país, al mercado y a otros agentes económicos que han provocado que, entre otras cosas, el dólar se haya disparado a niveles históricos (S/3.98 ha sido su pico máximo hasta ahora).
Los escenarios y sus consecuencias
En Perú Libre incluso ya se habla de empezar a recolectar firmas con el objetivo de lograr un referéndum para una Asamblea Constituyente, que es inviable porque este mecanismo no está en nuestro ordenamiento jurídico actual. Si insisten en ese camino, tienen que primero reformar el artículo 206 de la Constitución y añadir la figura de una Constituyente. Y lo tienen que hacer a través del Congreso –no hay otra forma legal–, para lo cual necesitan 66 votos y luego esa reforma debe ser ratificada mediante referéndum o aprobada en dos legislaturas con 87 votos en cada una. Si se suman los 37 legisladores de Perú Libre y los cinco de sus aliados de Juntos por el Perú, solo llegan a 42 votos. «No se puede reformar sin pasar por el Congreso, con la forma actual», confirma el abogado José Naupari, experto en derecho electoral y constitucional.
En Perú Libre no descartaron avanzar en paralelo por ambos caminos. Por un lado, intentar en el Congreso y, por otro, avanzar con la ciudadanía, dice Betssy Chávez, congresista electa de Perú Libre, del bloque que apoya a Cerrón y que hasta hace poco era vocera de grupo parlamentario, pero tuvo que ceder esa función a uno de sus colegas de la facción del magisterio que está con Castillo, como un gesto para bajar las tensiones internas. “En el Congreso saliente hay 20 proyectos de ley sobre una nueva Constitución”, apunta Chávez, al dejar entrever que ese puede ser el punto de partida.
En el mejor de los casos, o sea, si hay una relación de respeto y convivencia pacífica entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se logra el consenso para avanzar, un proceso constituyente en el Perú en un eventual gobierno de Pedro Castillo podría ocurrir recién después del 2023. ¿Y mientras tanto, qué? Sigue la zozobra y la incertidumbre, lo que paralizaría al Perú al menos dos años, cuando la situación no está para perder el tiempo. Urge controlar la pandemia, reactivar la economía y recuperar los empleos.
Pero para ello se necesita de inversión, tanto pública como privada, para que los motores de la producción se vuelvan a encender. En esta última etapa de aparente moderación, Francke sostiene que cree en la inversión privada como generador de riqueza –condición sine qua non para reducir brechas y pobreza–; ha insistido en que en un gobierno de Pedro Castillo no se va a expropiar, estatizar, confiscar ahorros, ni aplicar un control de cambios, y que en el país seguirá funcionando una economía con mercados.
Pero si es así, ¿por qué insisten entonces en cambiar toda la Constitución si para aplicar el plan de gobierno que, según Francke, aplicarán no es necesario hacerlo? ¿Fetiche, capricho? Quizá lo más sensato sea, dadas las circunstancias, hacer las reformas y los cambios puntuales sobre los que haya consenso en el Congreso. Además, tampoco hay una corriente ciudadana que esté gritando en las calles “cambio de Constitución”.
De hecho, un reciente estudio nacional de Datum revela que 8 de cada 10 peruanos están en contra de que se insista en crear una nueva Constitución. La mayoría (63%) está a favor de algunos cambios.
Tampoco respaldan otras de las medidas radicales que Pedro Castillo defendía en primera y parte de la segunda vuelta. Según el citado estudio, 7 de cada 10 peruanos no están de acuerdo con que se prohíban las importaciones, 8 de cada 10 rechazan que se eliminen los tratados de libre comercio y 7 de cada 10 están en contra del control de precios. ¿Entenderán este mensaje en el partido del lápiz? ¿Serán capaces de anteponer las necesidades y urgencias del país a sus propios intereses?