A ver choche, deseo hacerte una pregunta… ¿cuál es el principal problema del país? Sí, sí, lo sé. En alguna otra nota, te he hecho la misma pregunta. Pero hay que insistir con este tema. Tanto medios como encuestadoras han tocado el tema. Y las respuestas que obtienen es que la inseguridad y el desempleo siempre pelean por el primer lugar. En tercero o cuarto lugar recién salía el verdadero problema que el Perú (y otros países de América Latina) enfrenta: la corrupción.
Por acá siempre vamos a defender el Estado de Derecho (ED). “¿Qué es esa vaina, Piensa.pe?” Ah, cuando las leyes, el imperio de la ley que se llama, te permite controlar a esos individuos a los que les otorgamos poder. ¿Quiénes? Los políticos, pues. A esos que endiosamos muchas veces, y creemos que nos resolverán nuestros problemas, cuando en realidad, los crean. Con un ED sólido, podemos velar con el derecho más importante, el de propiedad. Sin embargo, cuando la institucionalidad que debe velar por ese estado de derecho no funciona, la maldita corrupción campea.
Siempre nos centramos en la corrupción del gobierno central; el presidente y sus ministros. Ahí tenemos casos como el de Alejandro Toledo, que dentro de poco lo traen por recibir coimas de Odebrecht; de PPK, que fue ministro de Toledo y se hizo de la vista gorda pero que, por otros motivos, relacionados, también se metió en la inmundicia de Odebrecht. Alan García ni se diga, se vio comprometido y no lo quedó otra que quitarse la vida. De Ollanta Humala, por el gasoducto del sur (también por Odebrecht). Y algunos ministros de cada uno de los ex presidentes, también metidos en la inmundicia.
Sin embargo, lo anterior es hablar de parte de la corrupción. Hay más, son casos escandalosos, pero pasan piola. Los ciudadanos no tienen acceso a servicios básicos, pero no se habla, no se discute, no se pide cambios ahí. Manejan cientos, miles de millones de soles, pero son incapaces de generar bienestar con esos recursos. Muchas veces, estas personas con sus equipos, no quieren rendir cuentas, pero sí quieren más presupuestos. Le echan la culpa de sus dificultades al MEF, al centralismo limeño (existe, es un problema, pero no el principal), pero lo que sucede realmente, es que nadan en la inmundicia de la corrupción e ideología de izquierda. Obviamente me refiero a la mayoría de gobernadores regionales.
Miremos la tabla N°1. Te muestra la relación de 20 gobernadores regionales condenados. Es decir, que tienen una sentencia. ¡20 gobernadores! Algunas sentencias fueron para refundirlos en la cárcel, pero otros se salvaron y están con prisión suspendida. Mira la columna “tendencia”. Refiere a tendencia política en base a cómo se describieron cuando hicieron la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay de todos los tipos, centro, derecha e izquierda. Pero, ¿notas un patrón? El 50% de los gobernadores condenados son de esa ideología que dice buscar la justicia social, la igualdad, la búsqueda por derechos… ¡Semejantes hipócritas! Lo único que buscaban eran enriquecerse a costa del bienestar de los ciudadanos.
En total, son 46 los gobernadores o ex gobernadores que están involucrados, seriamente, en actos de corrupción. Es generalizado. La corrupción ha penetrado a estos estas instituciones. Usan a la política para servirse y no para servir. En vez de estado de derecho, solo tenemos un complejo sistema legal que hace imposible que el Estado dé, de manera eficiente, los servicios que los ciudadanos exigen.
En menos de una semana se han conocido dos casos graves. El primero es la detención de un gobernador regional y parte de su Consejo Regional, porque les pagaba para que estos no lo fiscalicen. Hablamos del impresentable que dirige a los arequipeños, Elmer Cáceres Llica. Ese patita que decía que el dióxido de cloro te curaba contra el covid-19 y le mandó carta a Putin, ese mismo. El otro caso es de la detención de altos funcionarios del GORE de Madre de Dios y de un empresario maderero que pagó coimas al gobernador Luis Hidalgo, quien no cayó porque estaba de viaje.
Veamos el caso de Gregorio Santos, el que fue un casi aliado de Verónika Mendoza. Este señor manejó recursos por más de S/5,600 millones y no fue capaz de masificar que los centros poblados en Cajamarca o las viviendas puedan acceder a servicios básicos. Miremos gráficas N°1 y N°2. Solo 5.5% de los centros poblados (de un total de 6,255) tienen acceso a los cuatros servicios: agua, saneamiento, internet y electricidad. En el caso de las viviendas, solo un 35%. ¿Cómo así no va a estar la gente asada?
La izquierda se llena la boca diciendo que son la reserva ética y moral, pero es lo contrario. ¡Aprendámoslo! Son inmorales por haber mantenido, aun con grandes recursos económicos, a gran parte de su población sin acceso a los servicios más básicos. Y lo peor de todo, es que estas personas no asumen su responsabilidad. Sostienen que el problema son los limeños, el centralismo (que repetimos, existe y se debe resolver); crean desunión y así pretenden pasarles sus fracasos a otros. Recuerden también a Susana Villarán. Se llenaba la boca de esperanza, e igualdad; y mírenla cómo terminó.
Solo en los gobiernos de Amazonas, Áncash, Arequipa y Cajamarca, en el período de 2011 a 2021 (a septiembre), no se usaron recursos por más de S/12,500 millones. Revirtieron al tesoro público por inacción de los equipos de los gobernadores. Claro, si se la pasan pensando en cómo apoderarse de ese dinero, o coludiéndose con las empresas de sus corruptos amigos para asignarles obras sobrevalorizadas y así ganarse alguito. ¡Miserables! Cuánto bien pudieron haber generado.
Tenemos que empezar a exigir verdaderos cambios. Ya no se puede esperar más. El proceso de descentralización nació chueco, corrupto. No se puede mantener una burocracia que está detrás de esos cargos solo porque ven al Estado como botín. Se tiene que pensar en una reforma del proceso de descentralización. No se puede mantener un sistema que lleva 20 años fracasando. Los ciudadanos tienen que exigirlo y dejar de confiar en ideologías también fracasadas.