En los últimos días el gobierno de Pedro Castillo continúa tambaleando. A las presiones indebidas en las fuerzas armadas y la Sunat por allegados suyos, como el ex secretario general Bruno Pacheco, quien renunció en la víspera, se suma un nuevo escándalo que enloda a uno de sus ministros más cercanos: Aníbal Torres, de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Aldem SAC., la empresa de su hermano Víctor Torres, firmó un contrato por S/.14,630,230 millones en el 2021 con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), órgano que depende del Ministerio de Salud. ¿A razón de qué? Brindar servicios de almacenamiento de productos farmacéuticos refrigerados.
Esta historia empieza el 3 de junio con la convocatoria pública del Cenares. Si bien en ese momento Aníbal Torres aún no era ministro de Justicia y, por lo tanto, Aldem SAC. no tenía conflictos de intereses y podía postular a una licitación del Estado, la falta existe porque el contrato se suscribió el 12 de agosto de 2021, en pleno mandato de Pedro Castillo y cuando Aníbal Torres ya tenía un mes y medio en el gabinete ministerial.
“Posteriormente, el 12 de agosto de 2021 se suscribió el contrato. Al momento de dicha suscripción, y de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, la empresa estaba impedida de suscribir dichos contratos, situación que no fue informada a Cenares”, indica el comunicado del Cenares, del 18 de noviembre, donde señalan enfáticamente que darán inicio a la anulación del contrato con Aldem SAC.
En el mismo documento, el Cenares indica que pondrá en conocimiento del caso al Tribunal de Contrataciones del Estado. Se entiende que este órgano fiscalizador sancionará a la empresa del hermano del ministro Aníbal Torres por infringir el artículo 11 de la Ley N°30225.
El abogado experto en contrataciones, Christian Guzmán Napurí, sostiene al respecto que existe “responsabilidad” administrativa de ambas partes, tanto de los servidores encargados de las contrataciones del Cenares como de la empresa Aldem SAC.
“Hay que entender que el impedimento es para contratar y el contrato se suscribe en agosto, cuando el ministro Torres ya había sido designado. Entonces, vamos a tener responsabilidad de los servidores del Cenares que no se dieron cuenta o no hicieron una revisión [sobre Aldem SAC.] y, por otro lado, hay evidentemente responsabilidad de la empresa. Como se ve el caso, el Tribunal de Contrataciones [del Estado] va sancionar a la empresa. ¿Cómo? Dependerá de lo que encuentren”, afirma el experto.
La empresa del hermano y el sobrino de Aníbal Torres
Los únicos accionistas de Aldem SAC. son Víctor Torres Vásquez y su hijo Iván Torres García, el hermano y el sobrino del ministro de Justicia, Aníbal Torres, respectivamente. Hasta el 2015, el papá tenía la mayor cantidad de acciones (94%) mientras que el hijo tenía un porcentaje mínimo (6%), sin embargo, a partir del 2016 el poder se invirtió completamente: ahora es Iván Torres García quien posee el 94% de las acciones.
Según la ley de contrataciones, ningún familiar hasta segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos) de un funcionario público puede contratar con el Estado. Por más mínimo que sea el porcentaje de acciones del hermano del ministro de Justicia en la actualidad, este hecho califica como una falta, pues sigue siendo uno de los dueños de Aldem SAC.
Esta empresa que se dedica al almacenamiento y logística desde hace 25 años ha suscrito contratos con el Cenares desde el 2014. Pero es en el 2021 donde ha suscrito su contrato más millonario: precisamente, el contrato del escándalo, los 14 millones 630 mil 230 soles.
Hay un hecho que no debe ser soslayado: cuando la empresa postuló a esta última licitación lo hizo a través de su gerente general Olinda Ayala Diaz. Ella firmó el contrato, pero sin informarle al Cenares en ningún momento de que los accionistas eran -oh sorpresa- familiares directos del ministro de Justicia Aníbal Torres.
La Contraloría toma cartas en el asunto
La Contraloría General de la República también ha iniciado un proceso de búsqueda de datos. En un oficio dirigido al ministro de Salud, Hernando Cevallos, se le informa sobre la ejecución de “un servicio de recopilación de información para fines de control” respecto a los contratos firmados entre el Cenares y la empresa de los familiares del ministro Aníbal Torres.
El contralor Nelson Shack, quien suscribe la carta, también le solicita al Minsa que le brinde a su equipo de trabajo “las facilidades del caso” para efectuar dicha labor. Asimismo, la subgerenta de control del sector Salud de la Contraloría le comunicó al director del Cenares, José Gonzales, sobre estas acciones. Este procedimiento no tiene un plazo fijo, pero se espera que haya resultados claros dentro de los siguientes 30 días hábiles.