Sin perder tiempo, Perú Libre ya comenzó a tomar el control de instituciones claves del Estado. En solo unos días, el gobierno de Pedro Castillo está batiendo récords al nombrar a personas allegadas al partido del Vladimir Cerrón en puestos de poder y de toma de decisiones que manejan grandes presupuestos, que no solo no tienen el perfil, la experiencia o la idoneidad para esos cargos, sino que en algunos casos tienen denuncias y antecedentes penales graves.
Uno de los últimos casos que se conoció ocurrió en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sobre cuyo titular, Juan Silva Villegas, también pesan serios cuestionamientos. Resulta que Silva nombró el 1 de agosto como secretario general de su despacho a Mario Domingo Rubio Uriarte, quien tiene una sentencia por daños y perjuicios por atropello y papeleta por manejar ebrio en el 2003. El fallo es del 2008 y la apelación, que confirma la sanción, del 2009.
El último 2 de agosto, el mismo ministro Silva nombró por resolución minsterial como director de ProMovilidad a Alberto Falla, quien en el 2016 fundó empresa que emitía revisiones técnicas ‘bamba’ . De hecho, el pasado 11 de mayo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), brazo fiscalizador MTC, cerró la planta de revisiones técnico Retecsur SAC. Sí, la misma que Falla Avellaneda fundó años antes con otros tres socios, según consta en documentos de Registros Públicos que reveló El Comercio. Sin embargo, ahora Falla será el responsable de gestionar el transporte público en el país.
Pero eso no es lo más grave. Esta empresa del nuevo director MTC le otorgó la revisión técnica al camión de GLP que explotó en Villa El Salvador el 23 de enero del 2020, cuando murieron 34 personas y otras 30 resultaron heridas, en una de las peores tragedias viales de Lima en los últimos años. Una de las causas que estableció la policía fue la falta de mecanismos de seguridad y el mal estado del vehículo pesado de placa A2X-847, que transportaba GLP para la empresa Transgas LG. Claramente, este caminión no debía estar circulando, pero lo hizo gracias a que dos meses antes del siniestro, la empresa Retecsur, fundada por Alberto Falla, aprobó la inspección técnica vehicular a esta unidad.
Marcha atrás en Provías
Pero estos son los únicos casos de nombramiento cuestionables en el MTC. El lunes conoció que el ministro Silva Villegas designó a Natalia Natalí Jiménez Velásquez como nueva directora ejecutiva de Provías Descentralizado, según la Resolución Ministerial 748-221-MTC, de fecha 2 de agosto. Dos días después, ante el escándalo y las críticas, el titular del MTC tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto esta designación.
El problema era que esta abogada de 27 años no tiene experiencia en gestión pública. Obtuvo el grado de bachiller el 30 de enero del 2019 en Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y se tituló el 10 de setiembre de ese año, según datos de la Sunedu. Su única ‘credencial’ es haber sido militante de Perú Libre y ser cercana al dueño del partido, Vladimir Cerrón, quien es muy amigo de su padre, Manuel Jiménez Castillo, que fue candidato al Congreso y es secretario del lápiz en Tumbes.
En el 2020, cuando no estaba Perú Libre en el poder, la joven abogada no tuvo la misma suerte que ahora, porque la Contraloría de la República la consideró como “No Apta” para ocupar un puesto CAS en esta institución. Esta vez tampoco cumple los requisitos para el cargo de director de Provías, pero eso parece importar poco al gobierno de Pedro Castillo.
Para asumir el puesto de directora de Provías, Natalia Jiménez, debía tener titulo profesional afín al cargo; una experiencia no menor de 10 años en el sector público o privado; y estudios de postgrado o estudios relacionados a las funciones que iba a cumplier. No cumplía estos requerimientos mínimos.
Provías se creó en 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, como un proyecto especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es una unidad ejecutora adscrita al Despacho Viceministerial de Transportes, a cargo de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural. Esta entidad administra un presupuesto unos 7 mil millones de soles, 60% más de lo que maneja el sector.
Natalia Jiménez está vinculada a Perú Libre desde el 2015. En el 2020 pidió su desafiliación al partido por motivos laborales. Alegó que el JNE no podía contratarla porque seguía apareciendo como miembro de Perú Libre. Hoy figura como «renunciante», pero en sus redes sociales no ha dudado en apoyar al gobierno. “Es tiempo de grandes cambios para nuestro País. Confío en el Gabinete Bellido”, escribió en un post de Facebook.
Favor con favor se paga
Otro personaje que ha sido ‘premiado’ con un cargo en el gobierno es Braulio Grajeda Bellido, quien fue, junto a Dina Boluarte, uno de los encargados de recaudar fondos entre los militantes de Perú Libre para pagar la reparación civil del jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción.
El cuestionado premier Guido Bellido acaba de designar a Grajea, que postuló al Congreso por Perú Libre en Lima con el número 3, como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Edgardo Marcelo Cruzado, cuya renuncia al cargo se oficializó este martes.
Otro de los cargos más codiciados en el Estado es el de la presidencia de Essalud. Según Epicentro TV, ya hay un candidato firme para reemplazar a Fiorella Molinelli, que ha sido implicada en el escandalo del ‘club de las farmacéuticas’. Se trata de Jorge Raúl Contreras Córdova. ¿Y cuál es su mayor ‘credencial’? Amigo cercano de Vladimir Cerrón, quien no deja de dar muestras del poder que tienen en el gobierno, pese a que no ostenta ningún cargo formal. Contreras fue director de la Diresa de Junín, donde Cerrón manda.
En vivienda, un jefe de gabinete investigado
El ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, firmó en solo 24 horas dos resoluciones para nombrar al jefe del gabinete de asesores de su despacho. Primero designó a Jack Gary Salazar Velasque, excandidato al Congreso de Unión por el Perú, pero luego dejó sin efecto esta decisión y emitió otra resolución en la que nombraba en ese puesto al abogado Salatiel Marrufo Alcántara, quien participó de manera activa en la campaña de Perú Libre.
El problema es que Marrufo no solo es gerente de la firma Marrufo & Abogados de Lambayeque, sino también es investigado por organización criminal. Fue denunciado penalmente por, presuntamente, formar parte de la mafia “Los malditos del azúcar”, caso que estaba a cargo del ahora ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, cuando este se desempeñaba como fiscal en esta región del norte, puesto al que renunció recién este lunes, luego de haber asumido funciones en el gabinete, lo cual pone en duda la legalidad de su juramentación.
Fuente: @unchasquiMarrufo está vinculado a Edwin Oviedo, empresario azucarero y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), procesado por los casos de Los Wachiturros de Tumán y Los Cuellos Blancos del Puerto.