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Verónika Mendoza, pasó de querer «cambiarlo todo» a «cambiar un poquito»

Publicado: 07/04/2021
17–20 minutos

La candidata de Juntos por el Perú, de 40 años, ocupaba la tercera posición en la encuesta de IPSOS y sexta posición en la encuesta de IPE. ¿Logrará despejar las dudas y desconfianzas que pesan sobre ella y la viabilidad de su plan de gobierno?

Verónika Mendoza era la apuesta de la izquierda en estas elecciones. Tras quedar en el tercer lugar de las elecciones del 2016, creían que los próximos 5 años le resultarían suficientes para crear un partido político propio en el cual pueda convocar a gran parte de la izquierda. Sin embargo, ello no sucedió. Tuvo que unirse al partido de Junto por el Perú (ex partido Humanista) de Yehude Simon, investigado por sus relaciones con la empresa Odebrecht. Además, otros candidatos, con ideas también de izquierda, radicales y populistas, parece que le vienen quitando votos para lograr su proyecto.

En el último tramo de la campaña, el apoyo a la candidata de Juntos por el Perú parece haberse estancado. Por ello ha tenido que moderar su discurso de izquierda anti inversión privada y anti empresa, ha tratado de suavizar sus propuestas en busca de calmar las dudas y temores que genera su plan económico de corte estatista, intervencionista y clientelista, que plantea, entre otras cosas, fijar la tasa de interés de referencia en cero, lo que pone en riesgo la autonomía e independencia del BCR; o medidas que son un peligro para la estabilidad fiscal en tiempos de crisis.

¿Quién en Verónica Mendoza?

Hija de padre peruano y madre francesa. Casada con Jorge Millones y madre de una niña. Es licenciada en psicología por la Universidad de París VII Denis Diderot y posee una Maestría en Antropología en la Universidad Sorbona. Trabajó enseñando español en el Instituto Academia de Paris, en la Asociación Pukllasunchis de Cusco y en un diplomado de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno (2006). Fue administradora de la Asociación Nuevo Perú. Ha sido además congresista por Gana Perú (partido nacionalista) entre los años 2011 al 2016.

Investigaciones en su contra:

  • No registra

Entorno relevante

La candidatura de Verónika Mendoza fue posible gracias a un acuerdo entre su agrupación Nuevo Perú (que no tenía inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones) y el partido Humanista (hoy Juntos por el Perú) de Yehude Simon (investigado por el caso Odebrecht). Dado que para conformar un equipo de campaña, sobre todo para elecciones generales, se eligen a representantes de las agrupaciones que se unen, se puede decir que Verónika Mendoza tiene dos claros círculos de confianza.

Primer Círculo

  1. Álvaro Campana: Historiador. Secretario General de Nuevo Perú. Fue su Jefe de Campaña en el 2016, cuando postuló por el Frente Amplio. Su competidor actual.
  2. Anahí Durand: Socióloga y Docente por la UNMSM. Es miembro fundador de Nuevo Perú. Es subcoordinadora del Plan de Gobierno. Actualmente es candidata al Parlamento Andino.
  3. Laura Arroyo: Secretaria de Análisis Político y de Discurso del Partido Español de izquierda Podemos. Asesora a nivel de comunicaciones y medios.

Segundo Círculo

  1. Pedro Francke: Economista. Parte del equipo de gobierno en la reactivación económica. Ha sido gerente general de Essalud al igual que Director Ejecutivo de Foncodes.
  2. José de Echave: Economista. Ex consultor del Organismo Internacional del Trabajo (OIT). Ex Viceministro de Ambiente. Candidato a la 1ra Vicepresidencia. También es candidato al Parlamento Andino.
  3. Roberto Sánchez: Psicólogo. Presidente del Partido Juntos por el Perú. Candidato al actual Congreso.
  4. Gustavo Guerra García: Economista. Ex presidente de Protransporte de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán.
  5. Sergio Tejada: Ex congresista del Partido Nacionalista.
  6. Humberto Campodónico: Ex presidente de Petroperú en la época de Ollanta Humala (agosto 2011 – enero 2013), y su gestión sacó adelante el cuestionado Proyecto de Modernización de la Refinería Talara que pasó de costar 1,700 a 6,500 millones de dólares. Hasta el día de hoy sostiene que el Gasoducto Sur Peruano no es un proyecto corrupto y que debe salir adelante.

Pero entre la gente que colabora con Verónika Mendoza, también hay viejos conocidos, personajes que han sido parte de la cuestionada gestión en la alcaldía de Lima de Susana Villarán, hoy procesada por recibir US$10 millones de las corruptas empresas Odebrecht y OAS. Veamos:

  • Eduardo Zegarra: Es del equipo económico de Juntos por el Perú. Fue teniente alcalde en la gestión de Villarán y era de su círculo de confianza. Militó en Fuerza Social.
  • Hernán Núñez. Hoy postula al Congreso de la mano de Verónika Mendoza. Viene de las canteras de Fuerza Social y antes fue regidor de Villarán. Era uno de sus férreos defensores. Cuando se conoció lo de los pagos ilegales, dijo que si la exalcaldesa ha cometido un delito, «que se vaya presa».
  • Paul Fernández Bravo. Fundador del otrora Partido Humanista (hoy JP), quien en el 2016 intentó postular al Parlamento Andino con el Frente Amplio y, en el 2006, al Congreso con el Partido Socialista. También ha militado en el Partido Nacionalista de Ollanta Humala.

Pedro Francke y sus inconsistencias

El economista del equipo de Verónika Mendoza dice que el FMI respalda la política fiscal expansiva para promover la demanda. Es verdad, pero no en la forma en que la pretende aplicar Juntos por el Perú (JP). Ante la falta de una estrategia para generar nuevos recursos, Mendoza y compañía planean usar los ahorros fiscales por S/ 70 mil millones para:

  • Dos bonos nacionales universales con un costo de S/.15,000 millones.
  • Garantías de S/.30,000 millones de crédito barato para las mypes.
  • Segunda Reforma Agraria.

Lo que no dice Pedro Francke es que el FMI en su informe también señala que:

  • Los bonos no deben ser universales, sino acotados a pobres rurales y urbanos, independientes que ganan menos de S/.3,000, y beneficiarios de programas sociales.
  • No sugiere reducir la tasa de referencia del BCR a 0%, como propone JP en su plan de gobierno.
  • El FMI propone reformas de largo plazo: impulsar la productividad y la inclusión social, reducir la informalidad y combatir la corrupción.
  • Para aumentar la productividad defiende la flexibilización laboral y mejorar el clima empresarial.
  • El FMI espera que la Ley de Promoción Agraria “mantenga la flexibilidad de los contratos laborales”, ya que es lo que garantizó el éxito del sector agroexportador.

Un fast check de las principales propuestas y declaraciones

  • Implementar el Plan Chamba por más de S/60 mil millones, el cual consta de la entrega de dos bonos nacionales universales, crédito para micro y pequeñas empresas (mypes) y ampliar el periodo de gracia por 2 años adicionales a los que hayan accedido a Reactiva Perú. Crear programas de mantenimiento para crear empleo temporal masivo y aumentar el presupuesto de inversión pública en S/15,000 millones.

Dos bonos universales servirían para una inyección de disponibilidad de ingresos temporal en los hogares, ello es bueno, la idea es evitar que las personas caigan en pobreza; sin embargo, la restricción de ingresos persistirá si no se reactiva la economía y se generan nuevas fuentes de trabajo.

En cuanto al programa de créditos, quedaría en buenas intenciones si no se corrigen las principales fallas que hacen que sean poco atractivos para que los créditos sean canalizados a través de las principales entidades financieras que llegan a las mypes (cajas y cooperativas). Sin embargo, mientras se siga creyendo que el sector privado solo se aprovecha del ciudadano y por ello es necesario intervenir el BCRP y fijar las tasas, este objetivo se aleja.

En cuanto a los 200 mil puestos de trabajo en los primeros 100 días de gobierno, se trataría de obras de mantenimiento, las cuales tienen un plazo de duración de máximo 30 días. En este aspecto no se especifica qué se haría para prolongar el periodo de contratación o cuántas más obras temporales se crearían. Así, la efectividad del Plan Chamba se desmorona, además que costaría aproximadamente la tercera parte del presupuesto actual.

Sí al Plan Chamba se le suma los aumentos de presupuesto en salud y educación, la creación de múltiples instituciones estatales (institución anticorrupción en Salud, autoridades de transporte en todas las provincias, entidad Rectora de la Administración Pública y la Autoridad Nacional de Masificación del Gas) el plan costaría alrededor de S/90 mil millones de soles extras no presupuestados en un primer año. Es el segundo plan de gobierno más costoso.

Como vemos, las propuestas de Juntos por el Perú son intensivas en gasto, e incrementarían procesos y trámites burocráticos, lo que dificulta además la supervisión y fiscalización, y aumenta los espacios para la corrupción y la informalidad, el más grave de nuestros problemas que casi ningún candidato quiere enfrentar. Pero continuemos…

  • Aumentar el presupuesto en salud y educación a un 6% del PBI, respectivamente.

Pese a que el principal problema del país es la ineficiencia en la ejecución del gasto, donde se desaprovecha la tercera parte de los recursos por falta de transparencia y corrupción. En los últimos cinco años, se ha devuelto al Tesoro Público S/ 25,500 millones en promedio (13% del presupuesto) y según la Contraloría de la República, el 14% se pierde por actos de corrupción.

  • Pero, a partir de las innumerables y costosas propuestas surge la pregunta ¿Cómo se financiará el grandioso plan de Juntos por el Perú?

La candidata Veronika Mendoza hace énfasis en que es necesario eliminar las exoneraciones tributarias a las empresas (que tal vez solo equivalgan a un 1.5% del PBI), poner impuestos a los que tengan ingresos superiores a $100 millones (aunque no existen bases de datos con el detalle de patrimonios en el país), fortalecer a la SUNAT para reducir la evasión y elusión tributaria y hacer uso de ahorros que evidentemente no existen dado que actualmente Perú tiene un déficit fiscal de S/58 mil millones (9% del PBI), situación que ya venía presentando, a menores tasas (claro está) desde hace 5 años, porque al Estado (políticos y burócratas) les gusta gastar más de los que recaudan.

  • Retornar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), grupo de integración el que Perú se retiró, junto a otros 7 países sudamericanos.

La Unasur nació en el 2004 como una iniciativa del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez, para hacer frente a la “influencia” de EEUU en Sudamérica. Fracasó 11 años después, porque se convirtió en una plataforma política e ideológica del chavismo y no decía nada sobre lo que ocurría en Venezuela. Además de generar un gasto innecesario y no dar resultados. Por ello, en 2018, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia anuncian su salida. Hoy solo integran este bloque Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam.

  • Retirar progresivamente a las FF.AA. del VRAEM para que el 100% de las zonas estén bajo la conducción de la PNP.

El VRAEM se encuentra en situación de guerra de baja intensidad desde hace 19 años. La incompetencia del Estado peruano se explica por la debilidad de organización de las Fuerzas Armadas, corrupción y falta de políticas que asocien la lucha anti subversiva, la lucha contra el tráfico de drogas y los programas de desarrollo de poblaciones rurales. Sin embargo, retirar las Fuerzas Armadas sólo significaría dejar sin protección al 5% del territorio nacional y las aproximadamente 440 mil personas que viven en esta zona.

Además de riesgosa, la medida es inviable, ya que actualmente tenemos un déficit de efectivos policiales que puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si consideramos los estándares internacionales, según la Oficina para la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (2017), el promedio recomendado es un policía por cada 300 habitantes, mientras que en Perú la realidad es que existe 1 agente por cada 673 personas.

  • Impulsar una segunda Reforma Agraria para cambiar profundamente el funcionamiento del Estado y las políticas públicas para impulsar y modernizar a los agricultores

Con la “primera” Reforma Agraria del gobierno militar de Juan Velasco se dio la expropiación de la propiedad agraria, lo que creó informalidad y abandono en el que era hasta entonces el principal sector económico y el mayor contribuyente del país; con ello, pasamos de ser un país netamente exportador de alimentos, a uno dependiente de la importación (IPE, s.f.).

Con las catastróficas consecuencias para el país de esta reforma, queda poco claro por qué necesitaríamos una nueva, sobre todo para impactar positivamente al agro.

Vale la pena recordar la ley del régimen especial agrario ya que, a pesar de ser ampliamente cuestionada por -aparentemente- vulnerar el derecho de los trabajadores, mejoró los indicadores de formalidad y reducción de pobreza en el sector agrario. La formalización en el sector pasó de 16% a 27% y se crearon más de 800,000 empleos formales. En 15 años, la pobreza del sector se contrajo 45% (de 81% a 36%), esto es superior a la reducción de la pobreza nacional, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019.

Hay un camino por recorrer en cuanto a la formalidad en la agroindustria y en muchas de las actividades económicas del país. Sin embargo, las soluciones no pasan por desechar un esquema que ha demostrado efectividad, y menos aún, por implementar reformas tan drásticas como una reforma agraria, con los potenciales efectos nocivos antes advertidos.

  • Implementar un nuevo modelo de APP donde el Estado ejecutará los estudios definitivos de pre-inversión y establecerá una nueva asignación de riesgos en  los contratos. Las concesiones serán por iniciativa pública y no se implementarán más obras por iniciativa privada.

La propuesta es negativa, porque implica eliminar la participación del privado en proyectos de inversión mediante asociaciones público privadas (APP) y proyectos en activos (PA). Estas modalidades permiten aprovechar los estudios de ingeniería, costos y alcance que realiza el sector privado para realizar proyectos que atiendan las necesidades de la población. Cabe resaltar que el 25% de la red vial nacional se ha pavimentado mediante 16 contratos de concesión privada. Al ritmo de ejecución de la obra pública se demoraría 203 años en pavimentar (cálculo de AFIN).

  • Impulsar una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente.

Esto no solo implica una paralización del país en al menos 2 años, sino que tendrá por objetivo mover los cimientos sobre los que hemos construido desarrollo en los últimos casi 30 años, generando gran desconfianza e inestabilidad, no solo de cara a la inversión externa sino también en el mercado local.

Esta nueva Constitución podría debilitar los pilares de la inversión privada y el crecimiento, a través de la eliminación de contratos ley, convenios de estabilidad jurídica o la participación subsidiaria del Estado, por ejemplo.

Además, la medida implicaría también un riesgo, al no tener certidumbre sobre quiénes redactarían el nuevo texto y la influencia ideológica que se le pueda imprimir. Esto afectará directamente a la inversión privada, restándole confianza al país, impactando a los trabajadores y a las familias peruanas. 

El “nuevo capítulo económico” propuesto por la candidata Mendoza buscar “garantizar” la capacidad planificadora y reguladora del Estado, y con ello mayor intervención del Estado en la economía, lo que frena el desarrollo de la actividad privada.

Lo más revolucionario sería mantener la Constitución. En toda nuestra historia republicana hemos tenido 12 constituciones. La de 1993 es la que más crecimiento y desarrollo nos ha permitido generar. Lo países menos desarrollados, irónicamente, son los que más constituciones han tenido como Venezuela, que tiene 26 constituciones en su historia.

  • A pesar de que reiteradamente la candidata ha planteado como estrategia para la vacunación que “todo [debe ser] canalizando a través de los estados» y de que el “sea el Estado el que centralice las compras», envió a título privado -es decir, sin buscar la articulación desde el gobierno de turno- una carta al Presidente de Argentina, Alberto Fernández, solicitando que su gobierno facilite el acceso a la vacuna de AstraZeneca que será elaborada en su país.

A dicha carta, el mandatario vecino respondió que “aunque se trata de un emprendimiento privado me comprometo a transmitir a las autoridades de AstraZeneca su inquietud y a hacer mis mayores esfuerzos para que el pueblo peruano tenga acceso a esa vacuna”.

¿No hubiera sido más coherente que busque el trabajo o la colaboración entre gobiernos y no hacer de esta una iniciativa a título personal y con claras intenciones electorales? ¿A dónde quedó la centralización de las negociaciones desde el Estado?

Adicionalmente, cabe anotar que la candidata ha flexibilizado su criterio a lo largo de la campaña, incluyendo la referencia a cómo se ejecutaría el proceso de distribución de las vacunas, en donde sí considera la participación del sector privado junto a otras fuerzas estatales.

Ahora pasemos a comentar sus opiniones en medios de comunicación. Veamos la línea que ha tenido con Venezuela. La candidata ha dicho, para estas elecciones, que condena el régimen de Nicolás Maduro, que es una dictadura y que no quisiera que le pase al Perú lo mismo que a Venezuela. Sin embargo, hace cinco años no tenía esa posición. Leamos:

  • “El proceso venezolano tiene que ser evaluado en su integridad. Creo que se han hecho cosas interesantes y hay cosas que no están funcionando bien. Entre lo interesante es esta política social extendida democrática que ha garantizado que salud y educación lleguen hasta el último rincón de su país, pero tienen serios problemas con el manejo de la economía (…) Los venezolanos lo han reelegido [a Chávez] en repetidas oportunidades; algo bueno debe haber hecho”.

Venezuela no ha mejorado sus indicadores de salud ni educativos en los últimos 15 años. Según el Banco Mundial (BM), antes de iniciarse la pandemia, Venezuela, junto con Guatemala, Nicaragua, Honduras y Haití, tenía menos de 1 cama UCI por 1,000 habitantes. Y la infraestructura sanitaria era de las más bajas de América Latina. Por el lado educativo, Venezuela ni siquiera participa de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación Estudiantil (PISA), que aplica la OCDE, desde el 2005.

  • “Hugo Chávez fue parte de una corriente latinoamericana, en la que se hizo esfuerzos valiosos en afirmar soberanía, distribuir mejor la renta de manera más democrática, empoderar a sectores populares (…). En ese contexto creo que hubo avances positivos, pero que lamentablemente se vieron empañados con un retroceso”.

Los problemas que enfrentó Venezuela desde la época de Hugo Chávez eran una inflación rampante que se convirtió en hiperinflación. La intervención de todas las instituciones del Estado, incluyendo los órganos de justicia, entidades autónomas, así como la expropiación de empresas y medios de comunicación opuestos al régimen.

Sin mencionar el aumento de la delincuencia y la captura del Estado por mafias. Dado esto y la falta de oportunidades, el régimen chavista generó que 4.6 millones de venezolanos abandonen el país.

Asimismo, Venezuela, con Hugo Chávez a la cabeza, destruyó cualquier tipo de soberanía. Si antes solo importaban el 60% de alimentos, hoy importan casi el 100% después de una Reforma Agraria desastrosa. Si antes eran los mayores productores de petróleo en América Latina, hoy deben importar gasolina de países como Irán. La deuda venezolana es tan alta (mayor al 100% de su PBI) que no podrá tomar decisiones independientes sobre sus recursos sin ofrecer garantías a sus acreedores.

¡Increíble! ¿Verdad? ¡Pero ya! Tá bien… le creemos a Verónika Mendoza (o supongamos que le creemos). Las personas tienen la libertad de recapacitar, darse cuenta de errores pasados y cambiar posiciones. Sin embargo, ¿qué hace que sigamos dudando? ¿Por qué no le creemos? Pues por los candidatos que su propio partido lleva al congreso. Veamos el siguiente video:

Ahí tenemos al señorito Arturo Ayala del Río, persona que no tiene experiencia laboral pero se presenta como candidato al Congreso, que ha indicado, hace menos de 3 meses, que para él, el régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura. Y que los países enfrentan diferentes realidades. ¡Sí claro! El video también muestra a otras candidatas que defienden ese mismo sistema. Bueno pues… ese es el verdadero problema con Verónika Mendoza. No solo lo que dijo antes. Si no lo que sus allegados y colaboradores dicen y quieren: emular la experiencia venezolana. Pero, tenemos que seguir porque aún no terminamos.

  • “¿Quién abrió las fronteras y convocó a los venezolanos con falsas expectativas? Fue PPK buscando golpear a Maduro (no sé si lo logró) y de flexibilizar el mercado laboral, lo que sí hicieron, reduciendo sueldos de los trabajadores”.

¡Qué bajeza para sostener algo como esto! Según información del INEI, los sueldos a nivel nacional crecieron 5%, en promedio, desde el 2008 al 2019. Y si hacemos el análisis por ramas de actividad y región natural, todas tuvieron incrementos en los salarios promedio del 3% como mínimo. No se aplicó ninguna política sistemática de reducir sueldos. Además, los venezolanos ingresaban como refugiados escapando de un régimen dictatorial, el cual creó un desastre económico.

  • “Es tiempo de un gobierno valiente, digno y soberano, que acabe con estos tiempos de colonia. Es tiempo de recuperar la soberanía sobre nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, empezando por el gas (…). Nosotros vamos a nacionalizar el gas, esto tiene que cambiar”.

La izquierda peruana se opuso con tenacidad al desarrollo de Camisea, con Daniel Estrada, ex alcalde de Cusco y ex congresista, a la cabeza. Hoy el proyecto gasífero en nuestro país equivale a 1.3% del PBI y ha permitido que el Estado recaude más de S/33 mil millones (desde el 2004 al 2019), de los cuales S/24,000 millones se quedaron en las regiones por el pago del canon y regalías.

  • “La actual matriz energética está basada en un 70% de consumo de combustibles fósiles. La transición energética, que ya está en marcha en los principales países del mundo, impulsará las energías renovables, de carácter no contaminante, en particular la energía solar, eólica y térmica, así como pequeños proyectos hidroeléctricos”.

Falso como billete de S/2… La actual matriz energética peruana se basa en un 55% de energías renovables: 50% por generación hidroeléctrica (renovable convencional) y 5% por generación eólica y solar (renovable no convencional).

Por todas estas razones, la izquierda, la que representa Verónika Mendoza y la de otros partidos, no merecen ganar una elección. No aceptan sus errores cuando gobernaron en el pasado (porque sí fueron gobierno varias veces aunque lo nieguen). No aceptan los logros que la Constitución y el sistema económico actual ha logrado. Su inconsistencia y soberbia les nubla el juicio. Y por último, su imposibilidad de deslindar de un régimen que ha creado miseria, destrucción y muerte y que, en el fondo, desean emular.

Economista enfocado en lo financiero y políticas públicas, doglover, la pandemia me regresó al mundo gamer. Una sociedad educada y con libertad económica es lo primordial para el desarrollo
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