El candidato Pedro Castillo ratificó en el debate de Chota, la propuesta de obligar a las empresas mineras a renegociar los contratos que tienen con el Estado. Se plantearía en este escenario, la imposición de un esquema de participación donde el 70% de las utilidades las recibiría el gobierno y el resto la minera; es decir, invertir la situación actual.
Como indicamos anteriormente, la ‘nacionalización’ del gas natural por parte de Evo Morales trajo consigo tres efectos principales: 1) el pago de indemnizaciones millonarias, 2) una reducción drástica de la inversión extranjera, y 3) un aumento de la recaudación tributaria. Lejos de ser un éxito, esta medida hizo más dependiente a Bolivia de los recursos naturales, y ahuyentó la inversión extranjera en todos los sectores.
Sección del plan donde se plantea la «revisión» de todos los contratos
De replicar una medida como esta, el Perú se enfrentaría a múltiples demandas ante el tribunal arbitral Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este tribunal es una institución del Banco Mundial que se dedica a resolver conflictos entre las empresas internacionales que invierten en un Estado, de manera que de no cumplirse los contratos, exista un fuero donde esto se resuelva.
Lejos de ser «centros de control comercial para ejercer el control jurídico comercial sobre las naciones«, como se lee en el ideario de Perú Libre, el CIADI es un tribunal que busca garantizar la estabilidad jurídica de los contratos que firman los gobiernos. Para evitar que gobiernos populistas cambien lo que los anteriores gobiernos firmaron, se establece esta institución que castiga a los países que no juegan con las normas aceptadas internacionalmente.
El Perú es miembro del CIADI junto con otros 162 países. Solo acceden a la justicia en este tribunal si es que la empresa denunciante y el Estado denunciado son ambos miembros del CIADI. Los países que se han marginado de este sistema son precisamente aquellos de gobiernos socialistas que han decidido estar aislados del mundo con altísimos costos: Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Y esto es justamente lo que propone Perú Libre en su plan de gobierno. Al ser considerado como un «centro de control sobre las naciones», el partido de Vladimir Cerrón plantea crear el Centro de Solución de Disputas de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Pero esto implicaría unirnos a un bloque que a todas luces han condenado a sus ciudadanos a ser más pobres. Los países abiertos son 6 veces más ricos.
Y es que el CIADI, lejos de ser un organismo que haya perjudicado al país, es una institución seria e imparcial. Evidencia de esto es que el Perú ha recibido más del doble que las sumas por las que ha sido condenado. Esto gracias a la eficiente labor del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
No obstante, las demandas contra el Perú vienen en aumento en los últimos años. En el periodo 1998-2018 se interpusieron 22 querellas en contra del Estado peruano. A partir del 2019 se han producido cinco controversias adicionales, ascendiendo a 13 en total para junio 2020. La falta de coherencia de las autoridades frente a sus obligaciones contractuales, la crisis política y la corrupción ya vienen afectando la estabilidad jurídica del país.
Implementar la propuesta de Perú Libre, que propone además «denunciar» el Convenio del CIADI, tardaría seis meses. En este tiempo, las 13 controversias actuales no sólo se mantendrían por resolver, sino que gatillaría una serie de demandas adicionales por todos los contratos que tengan «cláusulas CIADI» o que incluyan a empresas que sean de países miembros. No existe la posibilidad de patear el tablero sin costos como plantea Perú Libre.
El costo para el Perú sería enorme. Hacia el futuro significaría una reducción drástica de la inversión extranjera directa, la cual representa el 25% de la inversión privada nacional. Agreguemos a esto que se dispararía aún más la deuda pública (que ya se encuentra en 35% del PBI) producto de los costos por controversias y contratos incumplidos, en un contexto donde no sobra el dinero debido al enorme déficit fiscal.