Todo hace indicar que el escándalo del ‘Vacunagate’ seguirá haciendo ruido en Palacio, lo que evitará que el gobierno se concentre en lo urgente e importante hasta julio próximo: en acelerar la vacunación de la población contra la COVID-19 y asegurar las dosis necesarias para que este proceso no se detenga.
Esta semana, el culebrón de la vacunación indebida de altos funcionarios del pasado y el actual gobierno con las dosis de Sinopharm tuvo un nuevo capítulo en el Congreso. El lunes último, ante Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la excanciller Elizabeth Astete, una de las protagonistas de este escándalo, ratificó que le informó de su vacunación al presidente Francisco Sagasti en una reunión en Palacio de Gobierno el pasado 21 de enero, en la que también participó con la exministra de Salud Pilar Mazzetti, otra de las vacunadas en las sombras.
“(Sagasti) me miró fijamente y asintió. En ningún momento vi un gesto de desaprobación o me dijo ‘no lo hagas’”, contó Astete respecto a la reacción del jefe de Estado cuando terminó de explicarle porqué pensaba vacunarse. Por ello, al día siguiente, el 22 de enero, en la sede de la Universidad Cayetano Heredia, recibió la primera dosis.
Pero la excanciller dio más detalles del tema: aseguró que Sagasti le pidió que continuara en el cargo cuando presentó su renuncia, que ocurrió entre el 13 y 14 de febrero pasado, durante un encuentro que sostuvo con el presidente en la casa de este. “Me recibió muy amablemente y me dijo que no quería prescindir de mí, me propuso continuar como ministra para ayudar a cerrar las negociaciones (con Sinopharm) que estaban avanzadas”, comentó.
Astete además involucró a la premier Violeta Bermúdez, al revelar que la jefa del gabinete le “sugirió” que no involucrara a Sagasti en el escándalo por las vacunaciones irregulares de exfuncionarios. Según contó, esto ocurrió el pasado 11 de febrero. Agregó que ese día, Bermúdez la llamó a su despacho para preguntarle si había informado a Sagasti, antes o después, de recibir la vacuna.
En efecto, el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de aquel 11 de febrero consigna una reunión entre Bermúdez y Astete. La excanciller ingresó a la sede de la PCM a las 4:07 p.m. y se retiró 43 minutos después.
Bermúdez por su lado insistió en negar la versión de Astete en sus redes sociales. “No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada”, escribió la jefe del gabinete.
Por su lado, Mazzetti, que fue testigo presencial de aquel encuentro en el que Astete asegura haber informado a Sagasti de su vacunación, prefirió no confirmar ni descartar la versión de la excanciller. Consultada por la subcomisión del Congreso, la exministra de Salud dijo que no tenía “ningún recuerdo donde el presidente haya asentido o cosa semejante”. Agregó que en su caso, “la decisión de vacunarme contra el COVID-19 fue mía, nadie influyó en ella”.
En un comunicado, el presidente Sagasti también rechazó las declaraciones de Astete, al asegurar que “es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona”. Además, negó haberle pedido que se quedara en el cargo.
Ahora, es la palabra de Astete contra la de Sagasti, luego de que Mazzetti optara por no inclinar la cancha para un lado u otro, pero el manto de dudas y sospechas sobre Palacio no se ha despajado y tendrá un costo político que afectará al gobierno por su falta de transparencia, al margen de las conclusiones a las que lleguen las investigaciones en el Congreso y la fiscalía por este caso.