La elecciones ya están llegando a su fin, luego de que este lunes, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, como integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), terminó de firmar las resoluciones en las que el pleno del máximo tribunal electoral desestimó, por mayoría, todas las apelaciones de Fuerza Popular a los pedidos de nulidad de actas de votación que presentó tras la segunda vuelta del 6 de junio.
Hasta el fin de semana último, Rodríguez Monteza aún no había presentado los fundamentos de su voto en minoría en 90 casos de las 271 apelaciones en total que se hicieron. Este lunes remitió 40 resoluciones y firmó el resto que ya estaban listas. Si no lo hacía, los otros tres magistrados del jurado, Jorge Salas Arenas, Jovián Sanjinez Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, iban a emitir un emplazamiento público criticando a su colega por la «demora».
Ya con el 100% de apelaciones resueltas, solo es cuestión de días para que el JNE de Salas Arenas proclame los resultados oficiales y declare a Pedro Castillo como presidente electo, pero lo hará bajo un manto de sospecha por su actuación en este proceso, porque no quiso despejar las dudas sobre la transparencia y las motivaciones de sus decisiones, como lo exigía buena parte de la ciudadanía que no respaldó al candidato de Perú Libre y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo.
“No bastaría señalar que la pretensión de una organización política es improcedente solo citando el artículo del reglamento electoral, sin ponderar la situación frente al deber de proteger la voluntad popular expresada en el sufragio”.
Comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Horas antes de que se conozca que ya todo estaba consumado, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, había insistido en RPP en que el JNE tiene la obligación constitucional de proteger la voluntad popular y que en tal sentido debía cumplir «con el principio de transparencia y con la debida motivación en las resoluciones a través de las cuales va a resolver las impugnaciones».
«Estas resoluciones tienen que darle legitimidad a su contenido y a aquellos a quienes se va a designar», agregó Gutiérrez, en alusión a la proclamación de Castillo, que llegará a Palacio con dos sombras encima: la de la corrupción de su partido y la de unas elecciones en las que se denunciaron una serie de irregularidades que no fueron investigadas a fondo, más allá de que Fuerza Popular no haya podido probar sus alegaciones de fraude.
El defensor del Pueblo sostuvo que tanto el padrón electoral como las listas de electores son documentos públicos o «al menos de acceso a los jueces», pero el JNE no quiso revisar esta información, con lo que habría apagado hace rato las denuncias del fujimorismo y sus decisiones estarían revestidas hoy de mayor transparencia y legitimidad.
Pero los cuestionamientos al JNE por sus manejos oscuros no son solo por su actuación en la segunda vuelta. Vienen desde la etapa de evaluación de candidaturas, cuando se denunció que sus magistrados, a puerta cerrada, variaron sus votos para permitir que la postulación de Martín Vizcarra al Congreso no se caiga y luego modificaron tres votaciones en casos similares para mostrar coherencia; y también se le criticó por exclusiones arbitrarias de un lado y excesiva permisividad de otro, como cuando no aplicó los filtros necesarios a candidatos con antecedentes de terrorismo. Todo esto melló la credibibilidad de la institución encargada de impartir la justicia electoral.
Si algo se puso de manifiesto en estas elecciones es la debilidad de nuestro sistema electoral, en el que las posibilidades de manipular la voluntad popular en zonas donde algunos de los partidos en contienda no logre tener personeros son altas, porque las cédulas de votación se destruyen luego del cierre de las mesas y solo quedan las actas que, por errores involuntarios o no, puede que no siempre reflejen lo que expresaron los votos. Este es uno de los tantos temas que se deberían revisar para lograr un sistema electoral menos vulnerable en el futuro cercano.