Las consecuencias del giro en la política antidrogas del gobierno de Pedro Castillo, que incluye un intento de legalizar la hoja de coca bajo el pretexto de su industrialización y el nombramiento de un ministro del Interior como Luis Barranzuela, que se opone a la erradicación, han alentado los reclamos y las protestas de los cocaleros en Puno para que se suspenda la destrucción de sus cultivos, como ha sucedido en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que controla la columna senderista de los Quispe Palomino.
La Policía y la fiscalía investigan los nexos de varios miembros del partido de gobierno, como Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, el expremier Guido Bellido y el congresista Guillermo Bermejo, con esta organización narcosenderista.
Estas pesquisas y la lucha contra las drogas ahora están en riesgo con la presencia de Barranzuela en el Mininter, que antes de asumir ese cargo fue abogado de Cerrón y Bellido, y asesor en temas cocaleros de Bermejo, que es uno de los promotores de la legalización de la hoja de coca, lo cual es un despropósito a todas luces porque el 90% de la hoja de coca que se siembra en el Perú va al narcotráfico. Solo el 10% del total de producción de este cultivo tiene uso tradicional o industrial.
En los últimos días, los cocaleros de Puno han radicalizado sus protestas. Han bloqueado desde el sábado último varios tramos de la vía Interoceánica, incluido el puente Inambari, que une las regiones de Madre de Dios y Cusco, lo que ha provocado que pasajeros y vehículos queden varados.
La semana pasada ya habían atacado los vehículos de los erradicadores de cultivos de coca por la reanudación de estas labores en la selva de Puno, pese a que no han sido significativas, pero se dan en un contexto en el que las mafias de narcotráfico han estando comprando mucho más en esa zona, por lo que la arroba de coca (11.5 kilos) ha llegado a costar 250 soles.
El pasado 23 de septiembre, en un caserío de Samugari, distrito de la provincia ayacuchana de La Mar, una patrulla de policías de la base antidrogas de Palmapampa llegó a una vivienda donde se acopiaba droga, pero antes de que pudieran intervenir, fueron atacados con piedras y palos por lugareños. Tuvieron que disparar al aire para poder salir del lugar.
En el Vraem las labores de erradicación prácticamente están paralizadas. En esta zona operan los Quispe Palomino y el hoy ministro Barranzuela asesoraba -y azuzaba- a los cocaleros para que “se hagan sentir”. “El poder está en el Vraem, el poder no está en Lima(…) ustedes háganse sentir frente al presidente de la República: ¡no a la erradicación de la hoja de coca!”, dijo el 2 de octubre, solo unos días antes de que jure como ministro.
La agenda cocalera
Barranzuela se refería a la visita del 3 de octubre del presidente Pedro Castillo al distrito de Pichari, en la provincia de La Convención (Cusco), en pleno corazón del Vraem, donde participó en el congreso nacional de cocaleros, que tuvo como invitado a Dionisio Núñez, exviceministro de Coca de la gestión de Evo Morales. Ese día, Castillo, que estuvo acompañado por el congresista procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, prometió industrializar la hoja de coca y construir un aeropuerto.
Días antes, en un encuentro de mandos medios de la columna narcosenderista de los Quispe Palomino, se grabó un audio en el que la terrorista ‘Vilma’, cuya autenticidad fue confirmada luego por las fuerzas armadas, amenaza con matar a policías, soldados, miembros de la Marina y FAP en caso se erradique los cultivos de hoja de coca.
Poco después, ya como ministro, trasciende que Barranzuela suspende los operativos en el Vraem. Este lo negó públicamente, y sostuvo que esa había sido una decisión entre Devida, el Corah y el exministro Carrasco, pero lo cierto es que los cocaleros se sienten empoderados después de escuchar los mensajes de actual titular del Interior y de un sector de Perú Libre, encabezados por Bermejo, que incluso les prometió que no habría erradicación.
“Lo que pasa es que los cocaleros, con todo lo que ocurre, están empoderados. Como tienen a un aliado, al ministro del Interior, lo que quieren es cercar al gobierno, retirar todo acto de erradicación de hoja de coca”.
Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico.
Cifras en rojo
Sea como fuere, en abril se paralizaron las acciones de destrucción de cocales en los seis ejes operacionales del país. En setiembre se reactivaron de pocos, menos en dos zonas que corresponden al Vraem. En la actualidad hay 55.000 hectáreas de hoja de coca en el país, cuya cosecha asciende anualmente a 140.000 toneladas.
En el 2020, a causa de la pandemia, solo pudo erradicar 6.272 hectáreas de cocales, pese a que la meta era de 25.000. Este año, las cifras no han mejorado, con lo que es probable que se cierre el 2022 o se inicie el 2023 con más de 100.000 hectáreas de cultivos ilegales.
Así, todo apunta a que se incrementará la producción de pasta básica y cocaína, en particular en el Vraem, y que las mafias de narcotráfico, que corrompe instituciones y gobiernos, se fortalezcan en el país, como ocurrió en los 90, y que la imagen del Perú en la comunidad internacional se deteriore.